Hay una conciencia cada vez más creciente y extendida en la sociedad acerca del impacto negativo de una macroeconomía desordenada. Los argentinos lo sabemos muy bien después de tantas décadas de inflación y varios intentos de erradicarla que siempre han terminado en frustraciones, corridas cambiarias y pérdida del poder adquisitivo del salario.
En todo el arco político entonces ya no se discute tanto que las cuentas fiscales deben cerrar. Lo que se discute es el cómo hacerlo. El centro derecha suele presentar la raíz del problema en el excesivo gasto público y en la necesidad de ejecutar un ajuste profundo y doloroso por el cual se reduzca el empleo público, se reformen los regímenes jubilatorios y se eliminen los planes sociales.
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Es evidente que hay espacio para eficientizar el gasto, eliminar partidas no productivas, achicar la burocracia y estandarizar los beneficios de los funcionarios a las buenas prácticas del mercado. Pero no es menos cierto que los docentes, las fuerzas de seguridad y los médicos cumplen una función fundamental para el desarrollo civilizado e inclusivo de la república y que hoy, por falta de recursos, reciben salarios que están muy lejos de cumplir el rol compensatorio por el valor que le aportan a la sociedad.
Massa junto al titular de la Aduana Guillermo Michel
En los últimos años se ha generalizado un discurso peligroso tendiente a convalidar una rebelión fiscal. Bajo la supuesta premisa de una presión fiscal exagerada, se justifican maniobras evasivas y elusivas de quienes no están dispuestos a aceptar el rol redistributivo en cabeza de los impuestos progresivos que gravan los ingresos (prefiero llamarlos así en lugar de ganancias) de personas físicas y jurídicas que reciben una renta posicionada en los cuartiles superiores en relación al ingreso promedio del país.
Desde el ingreso de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Guillermo Michel en la Aduana se han acelerado procedimientos profesionales con el propósito de corregir (hacia atrás) y prevenir (hacia adelante) potenciales maniobras de sobre y sub-facturación de importaciones que le cuestan al estado nacional varios cientos de millones de dólares por año.
Este trabajo no sólo tiene efecto positivo en la recaudación del año en curso sino que sienta un tono de control que erradica la sensación de impunidad con la que se mueven algunos agentes económicos cuando perciben un Estado ausente de ese rol.
En las próximas semanas muy probablemente Argentina logre firmar un convenio con Estados Unidos para promover el intercambio de información fiscal recíproca de contribuyentes argentinos y americanos. Sería un progreso importante para estimular la transparencia y combatir la evasión impositiva. Con una Aduana activa y una AFIP eficiente podemos moderar el ajuste y cerrar las cuentas fiscales sin castigar a los mismos de siempre: jubilados, maestros, policías y médicos. Es hora de empezar a ver el lado B del déficit fiscal también.
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