“Hoy tenemos 7% de desocupación pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. El Estado debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”. Las palabras de Cristina Kirchner en junio pasado, fueron el punto de partida de la interna que hoy envuelve al Frente de Todos por los planes sociales. Apuntaba contra el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, pero no se trataba de un debate sobre cómo convertir los planes en empleo ni de sacar del esquema clientelístico a un segmento de la sociedad que prefiere un trabajo digno. Más bien era el inicio de una discusión por el poder que otorga el manejo de miles de millones de pesos de la ayuda social.
Rápido de reflejos, Juan Zabaleta, que no comulgaba con la construcción de poder que hizo Pérsico y compañía, implementó la auditoría de los planes a través de las universidades. Si bien la medida era indiscutida para una sociedad que ve cómo cifras millonarias se distribuyen de una manera poco clara porque en la cadena hasta que llega al beneficiario se pierden jirones de fondos –como los punteros que les exigen a los beneficiarios una parte, como reconoció el Partido Obrero-, no era rápida ni sencilla de aplicar porque se trataba de un relevamiento presencial. Y Cristina lo quería con urgencia.
Pero el ex ministro también había pedido un informe a la AFIP. Es allí donde entra en juego Carlos Castagneto, un funcionario cristinista que había asumido como jefe de la AFIP a fines de julio en reemplazo de Mercedes Marcó del Pont. Ese documento, que daba a entender que 253.184 beneficiarios incumplían los requisitos para recibir un plan, estuvo listo unos diez días después de la asunción de Tolosa Paz y fue difundido, no por el Ministerio de Desarrollo Social, el 9 de noviembre. De hecho, la funcionaria albertista tuvo que acomodar su accionar sobre ese informe ¿La AFIP vs Tolosa Paz?
De acuerdo a la normativa, entre los principales puntos de quienes no pueden acceder al plan Potenciar trabajo están los que tienen un empleo registrado; un comercio; perciben un subsidio, jubilación o pensión; son propietarios de 2 inmuebles o más; o dueños de un vehículo de menos de 10 años.
En un sector del Gobierno, la interpretación sobre el informe de la AFIP lanzó sospechas. No es que 250 mil hayan presentado una declaración de bienes personales, dicen, sino que refleja quiénes son dueños de un bien, lo cual –si es uno- no es impedimento para recibir un plan Potenciar Trabaja. De hecho, afirman que de ese total, unos 150 mil figuran por ser propietarios de una moto. Otros por tener una vivienda. En ninguno de los dos casos, es irregular el otorgamiento del plan.
Sin embargo, en el oficialismo no pueden justificar algunos movimientos de grupos determinados de dirigentes sociales. Los 2000 planes que se dieron de bajas no sólo refieren a personas que accedieron a un promedio de 15 dólares para, por ejemplo, comprar online una app para el celular. Si no que fueron detectadas personas que concretamente ingresaron al mercado de cambio para operar un volumen de varios cientos de miles de dólares.
Si se trata de acceso al mercado de capitales, es responsabilidad del Banco Central. ¿No sería lógico entonces que el BCRA detalle quiénes compraron dólares billete y a la vez reciben –o manejan- planes sociales? De seguro, el escándalo sería mucho mayor.
Esto puso nerviosos a algunos miembros de organizaciones sociales de estrechos vínculos con el Movimiento Evita, ante la posibilidad que se investigue si estuvieron comprando dólares con dinero destinado a los planes. Basta un antecedente. En julio pasado, una serie de allanamientos dispuestos por la justicia en el Conurbano bonaerense y en la Ciudad, hallaron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasistas y Combativa. Eso habla por sí solo de la discrecionalidad y desparpajo con el que algunas agrupaciones sociales manejan dinero del Estado. En marzo del 2021, la Gendarmería detuvo a una camioneta en cuyo interior llevaba sobres por un millón y medio de pesos. Luego argumentarían que era para un acto en Luján, como si eso validara ese manejo.
“El objetivo de Cristina era el Evita, pero nadie puede descartar que Cristina, de paso, le haya querido pegar también a Tolosa Paz porque junto con Pepe Albistur no son orgánicos y sólo están identificados con Alberto”, razona un funcionario cercano al mandatario.
Aunque hay quienes señalan que Tolosa Paz, indirectamente, podría terminar haciendo un mejor trabajo que Zabaleta para el gusto de Cristina, porque está cruzando la información de los titulares de los planes basándose en los datos biométricos y con la aplicación Mi Argentina que maneja el Renaper, a cargo del camporista Santiago Rodríguez. ¿Puede haber ejercido el informe de la AFIP alguna presión extra para que la ministra acelere una depuración?
Diez días atrás, uno de los asistentes al cumpleaños de Albistur en City Bell fue Máximo Kirchner, según reveló Perfil. Esto echaría por tierra alguna ofensiva del cristinismo contra Tolosa. Más bien, parecería apuntar a una estrategia para poder negociar en otros términos con Pérsico y compañía.
Así tendría respuesta lo que en principio llamó la atención; el acercamiento en las últimas semanas de Cristina Kirchner con Pérsico, a quien recibió en su despacho del Senado junto a otros dirigentes. La excusa del encuentro esbozada fue la necesidad de la vicepresidenta de alinear a todos, y limar diferencias con el Evita en pos de la unidad y ante unas elecciones 2023 que se presentan oscuras. Pero uno de los motivos esgrimidos por un dirigente kirchnerista bonaerense es que el alineamiento de Pérsico también habría respondido a la conveniencia de que no se avance con la investigación y con el recorte de planes porque el mayor perjudicado sería el Evita. El alineamiento de Pérsico con Cristina es la consecuencia.
El último viernes, Alberto Fernández sentó a todas las partes: Tolosa Paz, Pérsico y el gringo Castro de la UTEP. Allí el mandatario respaldó a la funcionaria y no se acordó nada, porque será la justicia la que decida. Aunque después Juan Grabois, sobre quien Pérsico dijo que quiere ser candidato a presidente, salió a vender que se había parado el ajuste de los planes.
El problema para los piqueteros es más complejo porque está judicializado. Hay quienes no creen casual la tenaz ofensiva del fiscal Guillermo Marijuán quien acaba de denunciar a Pérsico y a Tolosa Paz por malversación de fondos basándose sólo en el informe estadístico de la AFIP. El problema de Pérsico reside en que el encabeza la autoridad de aplicación y si se liquida algún plan Potenciar Trabaja que es irregular, deberá dar explicaciones ante la Justicia.
¿Por qué la Justicia no ordena una pericia que detalle quién recibe cada plan, si cumple con los requisitos, quién se los otorga, si alguien le pide un reintegro, qué vinculación tiene con las cooperativas, cuántas cooperativas hay y a quién pertenecen, y cuánto reciben las cooperativas por “asistir” a los beneficiarios de los planes?
Pese a que sus referentes forman parte del gobierno, el Movimiento Evita suele actuar en tándem con el Partido Obrero, es oficialista y opositor: la izquierda protesta, obtiene un aumento en la cantidad o el monto de los planes, y el principal beneficiario es el Evita porque maneja la mayor cantidad de la ayuda social. Ganan todos o pierden todos.
El gobierno de Cristina Kirchner dejó en 2015 unos 270 mil planes sociales; el de Mauricio Macri en 2019, 500 mil; y el de Alberto Fernández y Cristina lo triplicó y hoy orillan los 1.400.000. Está claro quiénes son los verdaderos perjudicados porque no es lo mismo un plan que un trabajo en blanco con aportes previsionales y obra social. Ahora, ¿quiénes se benefician con el aumento exponencial de los planes?