Es el TOF 4, que juzgó la Ruta del Dinero K.Tiene otros dos expedientes contra el contratista K, el caso Skanska contra De Vido y José López, y otro en que está acusado Ricardo Echegaray.
La compra de una campo con dinero ilícito, una financiera “trucha”, licitaciones direccionadas para una empresa de limpieza, el caso más antiguo de “corrupción K”: todos esos expedientes calientes para el kirchnerismo, están en manos del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que condenó a Lázaro Báez a doce años de cárcel en la Ruta del Dinero K, y buscan realizar los juicios durante este 2023 que además, tendrá como protagonista a la política y al calendario electoral.
El TOF 4 aguarda la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal, respecto a la sentencia condenatoria dictada hace casi tres años en contra de Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner.
Al dueño de Austral Construcciones se lo acusó de haber lavado 55 millones de dólares y ofrecer el eslabón central de esa estructura de blanqueo con su firma insignia, la misma a la que el gobierno kirchnerista le adjudicó 51 licitaciones viales entre 2003 y 2015.
El voto de dos de los tres jueces del tribunal vinculó las maniobras que fueron objeto de investigación en la causa con las irregularidades de la obra pública vial que le significó a la vicepresidenta su primera condena por corrupción.
El T=F 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Gabriela López Íñiguez, tiene por delante otros juicios orales donde se debatirán casos sensibles tanto para Lázaro Báez como para el kirchnerismo.
Con la nueva integración del TOF 4 -ya que se trata de uno de los tribunales en Comodoro Py que se encuentra incompleto-, la agenda de debates orales para este año incluyen al menos, cuatro expedientes por corrupción.
El más antiguo de ellos es el caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del gobierno kirchnerista, que estalló en 2005. Fue recién en 2019 que el juez Sebastián Casanello elevó el expediente a juicio oral (la causa se había cerrado y tras la reapertura fue el responsable de la instrucción).
En esta investigación deberán afrontar el debate oral Julio De Vido, José López y otros 29 imputados por los delitos de administración fraudulenta y cohecho.
La lista de los imputados que comparecerán en la instancia oral incluye al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa y a ex directivos de la empresa. Se investigaron en esta causa a 23 empresas que intervinieron en la confección de facturas truchas a través de las que se simulaban pagos ilegales. Los directivos de estas compañías sólo fueron procesados por el delito de cohecho como coautores.
El listado de causas que el Tribunal Oral Federal 4 tiene a su cargo y cuyo juicio busca iniciar este año, incluye otras dos que involucran a Báez por el delito de lavado de dinero.
Para la Justicia, el ex socio comercial de la vicepresidenta “integró una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad" y el "atesoramiento de fondos en Suiza", no sólo por la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
Esta estructura de blanqueo, que en tres años habría movido 55 millones de dólares, tiene como investigación "madre" a la conocida como la Ruta del Dinero K. Pero de la misma se desprenden dos circuitos más de maniobras, que le valieron al contratista K procesamientos, nuevos embargos y, en una de ellas, continuar en prisión domiciliaria.
El 17 de diciembre de 2019, el juez Casanello envió a Lázaro Báez a juicio junto a dos de sus hijos, Luciana y Martín (este último también preso) en una causa donde se investigó el movimiento de sumas millonarias realizadas a través de la firma M&P, con Austral Construcciones y otra serie de sociedades que habrían oficiado de cuevas financieras en medio de los embargos millonarios que tenían ordenados.
La justicia detectó la transferencia de sumas millonarias en concepto de “venta de asfalto” a Austral Construcciones, empresa insignia de Báez por parte de M&P, cuyas principales autoridades son los hijos mayores del contratista K. Se analizaron un centenar de cheques por más de 9 millones de pesos.
No es el único expediente que se desprende de la Ruta del Dinero K, aunque la acusación sí es la misma: lavado de activos. Pero en este caso por la compra de un campo en Uruguay por 14 millones de dólares. En dicho expediente también fue acusado Leonardo Fariña, que declaró como imputado colaborador.
Según la imputación que lo mandó a juicio, el dueño de Austral Construcciones, en su carácter de "propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego los colaboradores de Báez Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco- aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya".
Entre los ex funcionarios kirchneristas que se sentarán en el banquillo de los acusados ante el TOF 4 por otro caso de corrupción está Ricardo Echegaray. Es por la causa que investigó los presuntos sobreprecios en la adjudicación de los servicios de limpieza de la AFIP bajo su dirección.
El entonces juez Sergio Torres -hoy miembro de la Corte bonaerense- procesó al ex titular de la AFIP por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
"Ricardo Echegaray es el responsable de la adjudicación de la licitación. Inútiles resultan sus dichos relativos a que actuó en base a las recomendaciones que efectuaron las áreas intervinientes, ya que estas dependencia aconsejan pero no tiene capacidad de resolver el proceso", había señalado el juez Torres.