Después de salir del escándalo y de las turbulencias financieras de la década anterior, Petrobras, el gigante del petróleo y el gas, valorado en u$s 76.000 millones, es más rentable y una máquina de hacer dinero para sus propietarios.
Mientras el mayor país de América latina define su presidente, se ofrecen visiones muy diferentes para el grupo controlado por el Estado.
El actual líder de derecha, Jair Bolsonaro, ha hablado de privatizar el mayor productor de hidrocarburos de la región y la empresa más valiosa que cotiza en Bolsa.
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Su principal rival, el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, pretende reafirmar una mayor influencia del Gobierno sobre lo que en su momento fue considerada la joya de la corona de la economía brasileña.
Lula pide que Petrobras vuelva a ser una "empresa de energía integrada", presente en los fertilizantes, las energías renovables y los biocombustibles, áreas que en su momento decidió abandonar para centrarse en su actividad principal de explotación de crudo en aguas profundas.
Además, Petrobras tendría un papel más importante en la transición hacia la energía limpia. Lula también quiere que trabaje para lograr la autosuficiencia nacional en derivados refinados, como nafta y gasoil, y que deje de cobrar precios internacionales por el combustible vendido en el país.
"Nos gustaría utilizar el petróleo para que Brasil pueda ser un exportador de productos petrolíferos y no un exportador de crudo", le dijo Lula al Financial Times en una entrevista en julio.
El populismo de recursos del veterano político aprovecha el descontento de la población brasileña por el aumento del costo de vida, un sentimiento inflamado por los grandes ganancias de Petrobras. Al igual que otras grandes petroleras, se benefició de la suba de los precios del crudo provocada por la invasión rusa de Ucrania.
Además de superar las previsiones con un aumento del 27% en los ingresos netos hasta los 54.300 millones de reales (u$s 10.100 millones) durante el segundo trimestre de 2022, Petrobras fue la empresa que más dividendos pagó en el periodo, según un estudio de la gestora de fondos Janus Henderson.
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Los accionistas privados, entre los que se encuentran instituciones financieras como Baillie Gifford y Fidelity, poseen en conjunto casi dos tercios del capital de la empresa, pero el Estado brasileño ejerce el control con más de la mitad de los derechos de voto.
A pesar de su reciente caída, sus acciones preferentes cotizadas en San Pablo han subido un 50% en lo que va de 2022, superando al índice bursátil local.
Sin embargo, las propuestas de Lula han inquietado a algunos inversores. El temor es un retorno a los días de interferencia política bajo el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que gobernó Brasil durante 13 años hasta 2016.
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"Utilizaron a Petrobras casi como un brazo del Gobierno", dijo un importante accionista, que pidió no ser nombrado. "Si hacen lo que dicen que harán con Petrobras, será muy malo".
Una de las preocupaciones es que un renovado impulso de diversificación, que requiera inversiones adicionales, pueda golpear los márgenes de beneficio y la generación de efectivo.
Sin embargo, otros esperan que Lula se muestre pragmático en materia económica y evite intervenciones radicales en la empresa.
"El desafío que tenemos es entender qué son propuestas reales y qué es retórica de campaña", dijo otro accionista.
Durante el mandato de Lula, Petrobras encontró vastos yacimientos de petróleo y gas en alta mar, conocidos como presal, que figuran entre los mayores descubrimientos del mundo en décadas.
Sin embargo, durante el mandato del PT, la empresa fue el centro de una laberíntica trama de sobornos revelada por el Lava Jato.
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Se descubrió que altos ejecutivos de la empresa y políticos recibieron sobornos a cambio de la adjudicación de contratos inflados a empresas de construcción. Petrobras sufrió pérdidas de 18.000 millones de reales (u$s 3400 millones), según estimó el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil en 2020.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo describió como "el mayor caso de soborno en el extranjero de la Historia". Decenas de empresarios y políticos fueron encarcelados, incluido Lula, aunque éste mantuvo su inocencia y sus dos condenas fueron anuladas posteriormente.
La mala gestión y la intromisión también se cobraron un alto precio. Bajo el mandato de Dilma Rousseff, Petrobras se vio obligada a mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles en un intento de controlar la inflación. Un exdirector general calculó que esto le costó al grupo unos u$s 40.000 millones.
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Por otra parte, los proyectos de refinería se salieron del presupuesto y quedaron inconclusos. El endeudamiento superó los u$s 130.000 millones en 2015, convirtiendo a Petrobras en la empresa más endeudada del sector.
Desde estas crisis, el grupo ha reforzado su compliance y redujo la deuda bruta por debajo de los u$s 54.000 millones. Ha tratado de deshacerse de activos como campos maduros, estaciones de servicio y refinerías, concentrándose en cambio, en la exploración y producción en el océano Atlántico.
"La empresa ha pasado por una trayectoria de recuperación. No sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de la gobernanza y la credibilidad", dijo su CFO, Rodrigo Araujo Alves. "La estrategia es sólida".
La era Bolsonaro no ha estado exenta de tumultos. El populista de derecha ha atacado a Petrobras por los costos del combustible y despidió a tres directores en poco más de un año.
Pero la compañía mantuvo su política de mover los precios en puerta de refinería en línea con las tasas dolarizadas de los mercados externos.
Lula prometió poner fin a esta práctica, que, según los críticos, traslada la volatilidad a los consumidores. Sin embargo, advierten que esto podría perjudicar no sólo a la empresa, sino también generar problemas de suministro.
Brasil produce suficiente crudo para satisfacer sus propias necesidades, pero al carecer de una capacidad de refinado adecuada para abastecer la demanda interna, depende de los envíos de productos derivados desde el extranjero.
"El petróleo es un mercado global: no hay lugar para precios artificiales [o] controles de precios", dijo Alves. Dado que al menos una quinta parte del gasoil que se consume en Brasil procede del exterior, "los importadores tienen que poder comprar a precio internacional y vender en Brasil".
Los asesores de Lula han tratado de calmar las preocupaciones del mercado. Según el senador del PT, Jean Paul Prates, una forma de poner en práctica su promesa de "'brasilizar' los precios de los combustibles" es mediante valores de referencia formulados por una agencia gubernamental, con los vendedores libres de seguirlos o ignorarlos.
Muchos analistas e inversores creen que la privatización es el mejor resultado posible.
Al eliminar la amenaza de la intromisión gubernamental, creen que desataría el precio de las acciones de la empresa, que está infravalorado con respecto a otras compañías.
Sin embargo, el proceso está en una etapa temprana e incluso si Bolsonaro gana la reelección es probable que sea una medida impopular, que enfrente obstáculos legales y políticos y que lleve años, dijeron los expertos.