El juez Julián Ercolini cerró un nuevo tramo de la investigación sobre las maniobras del financista K Ernesto Clarens y su entorno para blanquear 160 millones de dólares.
El juez federal Julián Ercolini elevó el segundo tramo de una ruta de dinero en la que intervino Ernesto Clarens, el financista K que ayudó a Lázaro Báez a lavar fondos. El expediente investigó un blanqueo de 160 millones de dólares y en esta instancia terminó de enviar a juicio oral a un segundo grupo de personas que participaron de las maniobras. El magistrado reiteró que los fondos lavados provinieron de la obra pública que el gobierno de Cristina Kirchner le dio al Grupo Austral.
En esa maniobra estuvo involucrada Austral Construcciones utilizando la firma Gotti, una constructora que terminó en manos de Báez.
En la resolución a la que accedió Clarín, Ercolini dio por corroborado que parte de los fondos obtenidos de la obra pública concedida por el gobierno de Cristina Kirchner a Lázaro Báez fue volcada a operaciones de blanqueo. Este caso es conexo al expediente sobre la presunta corrupción en los contratos viales de Santa Cruz, donde la vicepresidenta y Báez están siendo juzgados por asociación ilícita y fraude al Estado.
Al clausurar esta segunda etapa, el juez envió a juicio a seis imputados:Carlos Di Gianni, Rafael Merlini, Graciela Ancarani, Martín Jacobs, Armando Ulled y María Julia Cis.
La decisión se adoptó después de que la Cámara de Casación le dio al razón al fiscal Gerardo Pollicita, quien se había opuesto a que ese grupo de personas queden sobreseídas en el expediente. Esa decisión se había adoptado por prescripción del delito atribuido. Después de la revocatoria del fallo, el juez Ercolini los incluyó en las operaciones de lavado los envió a juicio oral.
Durante 2019, la fiscalía de Gerardo Pollicita avanzó en la investigación sobre el movimiento de fondos de Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes, firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti. Esa empresa, como todas las que hacían obras públicas en Santa Cruz, había sido absorbida por Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Néstor y Cristina Kirchner favorecieron con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos.
De esta investigación se desprende una ruta de dinero millonaria que la fiscalía determinó y que condujo al juez Ercolini a procesar al financista por lavado. “Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—”, sostuvo en en aquel documento.
Con la clausura de los dos tramos de la investigación, el caso completo quedó elevado a juicio oral. Ercolini sostuvo que Clarens fue responsable de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los “fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”. El cálculo inicial arroja 502 millones de pesos, “equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”.
Lo que se puso en marcha fue un “mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.
Delito precedente: la obra pública K
Como toda maniobra de lavado de dinero, requiere de un delito precedente del cual surgieron los fondos que luego se incorporaron ilegalmente al patrimonio de los delincuentes, en este caso se determinó que el origen del dinero que lavaron Báez y Clarens fue el otorgamiento y la ejecución de contratos obra pública vial bajo condiciones fraudulentas.
Báez y Clarens -este último aceptado como “arrepentido” en la causa de los Cuadernos de las Coimas-, junto a un grupo de colaboradores, "realizaban sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud a 502 millones de pesos”.
Es decir: fingían gastos y servicios de empresas vinculadas entre sí que, según especificó el fiscal, no se realizaron efectivamente. Esta hipótesis del fiscal, convalidada por el juez Ercolini con los procesamientos, fue ratificada luego por la Cámara Federal.
Según la investigación, ese dinero fue finalmente convertido en efectivo, “impidiendo definitivamente su trazabilidad”. La justicia corroboró que la firma Gotti fue escogida por los “conductores de esta maniobra criminal —Báez y Clarens— como la columna vertebral de la operatoria, para constituirla como la sociedad puente “entre la verdadera usuaria de la facturación apócrifa —Austral Construcciones— y los “proveedores”; ello en función de que se encontraba menos expuesta que Austral, no se la relacionaba directamente con Báez, era más fácil esconder entre sus gastos los correspondientes a servicios inexistentes”.
Por otro lado, se determinó que Gotti tenía intervenida su administración por Invernes, lo que le permitiría a Clarens no sólo el control de la totalidad del dinero que ingresara y saliera, sino también que “los pagos por los servicios falsos no figuraran a nombre del “comprador” —Gotti— sino de un tercero —Invernes—”.