El año pasado en que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión en la causa Vialidad, la Argentina mantuvo la misma mala posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional que en la encuesta del 2021.
Obtuvo solo 38 puntos sobre 100 (los países que tienen un estado más transparente tiene más puntos) y quedó en el puesto 94 entre unos 180 países en los que se midió la percepción del robo al Estado durante el 2022. Así la Argentina se encuentra en una ubicación semejante a países como Marruecos, Etiopía, Brasil, Moldavia y Colombia, se anunció este martes.
El índice de percepción se basa en una encuesta a empresarios y académicos y leyes y medidas que toman u omiten los gobiernos, entre otras variables, porque la corrupción no se puede medir en la medida que los sobornos, por ejemplo, se mantienen ocultos por un pacto de silencio entre empresarios y funcionarios. Entonces, es muy difícil de medir.
Está encuesta es utilizada por inversiones y organismos de crédito internacional como el Banco Mundial para recomendar créditos o proyectos.
La continuidad de la mala percepción para la Argentina se mantuvo el año pasado, comparada con el 2021, pese a que la ex presidenta de la Nación tuvo su primera condena en media docena de causas en que está procesada, lo que se consideró un hito en la lucha contra la corrupción.
El tribunal oral federal 2 condenó a Cristina, junto a ex funcionarios, por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos de obra pública a favor de su socio, Lázaro Báez. Fue la primera vez en la historia argentina en que se condena a un vicepresidente en ejercicio, aunque haya sido por hechos ocurridos durante su gestión como presidenta.
Además, en nuestro país se observa como "un aspecto preocupante" la ofensiva del kirchnerismo “contra la Justicia que terminó con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia”, advirtió Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional que tiene sede en Berlín.
En el 2021, la Argentina sufrió un grave retroceso en este Índice de Percepción de la Corrupción, al obtener solo 38 puntos sobre 100 (cero es para los más corruptos). Y retroceder a la posición 96 sobre 180 países, cayendo así 18 lugares en el ranking respecto del 2020. Ese fue uno de los descensos más graves desde la creación de este índice en 1995.
Según expertos, en el 2021 el proyecto de la vicepresidenta Cristina Kirchner para cambiar al jefe de los fiscales y los escándalos del vacunatorio VIP y la fiesta en la quinta presidencial de Olivos influyeron en la encuesta.
El mejor score la Argentina lo había tenido en el índice 2019 con 45 puntos y en el puesto 66 entre los mejores calificados, es decir el último año de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
El informe de Transparencia Internacional en inglés no hace referencias específicas a Argentina.
En resumen, “no se observan cambios en la posición de Argentina respecto a la medición anterior”, explicó Secchi.
Pero “principalmente no se observan cambios durante los últimos años producto de que “no se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, y el tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”, agregó.
Como aspecto positivo, Secchi, destacó “el avance en políticas de integridad del Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado al Mapa de Inversiones, y el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) impulsado por la Oficina Anticorrupción (OA) con el apoyo del BID y PNUD". Ese registro "es para contribuir al desarrollo y mejora de los programas de integridad, el intercambio de buenas prácticas y la promoción de ambientes transparentes en negocios y mercados”, explicó.
A fines del año pasado, el titular de la OA Félix Crous renunció a ese organismo que sigue acéfalo, como otra señal del poco interés del Gobierno por la lucha contra la corrupción.
Por otra parte, el Congreso “no ha avanzado con la prometida reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (que se sancionó durante la gestión del ex presidente Carlos Menem), ni tampoco con la ley de Obras Públicas”, subrayó. “Ambas normativas necesarias para modernizar la regulación anticorrupción”, finalizó Secchi.
Por su parte, el profesor de la Universidad Austral y experto en el tema Marcelo Bermolén opinó ante Clarín que “la Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción, en un marco de estancamiento, anomia y luchas internas de poder”.
Bermolén, es director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. También, es abogado y experto en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral.
“Aunque iguala el puntaje del Índice de Percepción de la Corrupción del año anterior (con 38 puntos sobre 100) y mejora un par de lugares porque otros empeoran levemente, en un continente de por sí en crisis, y permanece en el fondo de la tabla del ranking de Transparencia Internacional”, agregó el experto. El cambio en el puesto se debe a la entrada y salida de países de la encuesta.
Ese “fracaso está coronado con la reciente salida de Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción, en la práctica una institución dependiente del poder ejecutivo nacional que se reduce a formalizar meras recomendaciones”.
Mientras "la energía del gobierno está puesta en sitiar a la Corte Suprema y propiciar la exoneración de sus dirigentes (procesados por corrupción), la sociedad mantiene a la corrupción en el podio de los problemas más severos que afectan la Argentina, detrás de la inflación y la situación económica del país” añadió Bermolén.
“En concreto, no hay una política pública de lucha contra la corrupción” terminó el experto de la universidad Austral.
En el Ranking a nivel global, Dinamarca con 90 puntos lidera el ranking de los países más transparentes, seguido por Finlandia y Nueva Zelanda con 87 puntos cada uno.
Las peores posiciones son de Somalía con 12 puntos, Siria y Sudán del Sur con 13 puntos y la Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro con 14 puntos.