Solicitaron que el magistrado mendocino sea juzgado por 15 delitos, entre los que se destacan asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Dante Vega, Diego Velasco y Laura Roteta, fiscales que vienen trabajando de manera conjunta en la causa que investiga por presunta corrupción al juez de Mendoza Walter Bento, solicitaron su elevación a juicio mediante un texto de más de 600 páginas.
En su pedido ante la Justicia, se encuadra a Bento y otras 28 personas como responsables de diferentes delitos vinculados a corrupción. En el caso puntual del juez federal mendocino, se lo acusa de ser responsable de asociación ilícita en calidad de jefe, "en concurso real con el delito de cohecho pasivo por 15 hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real y en relación con los siguientes casos", destacándose a cada uno de los 15 involucrados en las maniobras que tienen que ver con Bento.
Además, se responsabiliza al juez de prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia, y con el delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica, estos últimos por dos hechos en concurso real entre sí y estos tres últimos delitos en grado de coautor y a su vez en concurso real con el delito de abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada por dos hechos en concurso real e ideal con el delito de ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
La Justicia federal de Mendoza que lo procesó detectó que el patrimonio de Bento y su familia creció de manera desproporcionada y ostenta un raid de viajes al exterior sorprendente. Según la Justicia, entre 2007 y 2017, hizo 69 viajes y registró 761 días fuera del país. Entre 2017 y 2021 salió 20 veces y sumó 264 días en el exterior. En la lista aparecen Miami y Las Vegas como destinos habituales.
Además le encontraron tres autos Audi, una camioneta Amarok y 12 inmuebles e inversiones millonarias en fideicomisos, entre otros bienes. Uno de los vehículos fue comprado incluso bajo el régimen de discapacidad: no abona patentes y fue comprado a menor precio.
En paralelo, a Bento se le abrió un expediente en el Consejo de la Magistratura, que lo citó a indagatoria el próximo 14 de octubre.
La decisión de que sea citado a declarar dejó al descubierto que el oficialismo, que venía evitando el avance del expediente disciplinario en el organismo, le soltó la mano al juez procesado por múltiples delitos entre los que se incluyen beneficiar a presos a cambio de dinero. En los hechos formales lo que se aprobó este jueves es que se aplique sobre el juez el artículo 20, que obliga a los magistrados investigados por mal desempeño a que respondan sobre sus acusaciones. Puede hacerlo en persona o por escrito.
La indagatoria es el paso previo a que se active un juicio político en contra de Bento que puede terminar en su destitución. El proceso venía siendo demorado por el oficialismo en la Magistratura -apoyado por el Gobierno- hasta este jueves.