Las políticas "expansivas" (bonos, subsidios y emisión) son riesgosas para la estabilidad económica, opina el autor.
Por Sebastián Menescaldi
Director asociado de Eco Go
En todos los años electorales los gobiernos de turno buscan distintas herramientas para consolidar y elevar su base de votantes, ya sea mediante una suba del gasto público, la rebaja de impuestos o un incremento de las transferencias de las familias. Todas políticas que los economistas denominamos como “expansivas” y cuya efectividad depende principalmente de lograr sostener una macroeconomía estable.
La particularidad que va a tener este año, es que el gasto electoral va a estar seriamente limitado, bajo la continuidad del acuerdo firmado con el FMI. Según las metas acordadas, el déficit primario este año debe retroceder desde el 2,4% del PBI observado en 2022 a 1,9%. Todo ello condicionado a ingresos que retroceden en términos del PBI y agudizan la necesidad de ajustar el gasto fiscal para reducir el déficit.
Según las primeras estimaciones, el único gasto electoral que se sostendría sería el de las obras públicas. Atado al financiamiento conseguido en el exterior, el gasto destinado a la construcción sería similar al de 2022, en torno al 1,6% del PBI. Ello permitiría sostener la principal herramienta que contribuye a una actividad alicaída. Obras relacionadas con energía, vialidad y aguas son las que encabezan los mayores desembolsos.
Distinto será lo que suceda con los subsidios y transferencias. La actualización de las tarifas de los servicios públicos (luz, agua, electricidad y transporte público) mediante la quita de subsidios implicará que los hogares verán reducidos sus ingresos disponibles en 0,6% del PBI o el equivalente a una pérdida por hogar de $80.000 anuales.
Por otro lado, también los subsidios sociales se verían afectados. Tras alcanzar a 3,8% del PIB en asistencia en 2022, estos valores retrocederían hasta el 2,9% en 2023. El mayor ajuste estaría concentrado en la imposibilidad de otorgar nuevos bonos adicionales a jubilados y perceptores de asistencia social, que permitieron sostener y acrecentar los niveles de ingresos hasta el primer semestre de 2022.
Hoy, estas ayudas, que representan cerca de 6% de los ingresos de los hogares, vieron un retroceso en términos reales de 12,5% interanual en el último trimestre del año pasado y no se prevé que vuelvan a recuperarse a lo largo de 2023.
Finalmente, las jubilaciones también se mantendrían en valores mínimos en términos reales y acumulan un deterioro de 11% respecto a los valores de fines de 2019. No habría mejora tampoco por este lado.
El problema aquí reside principalmente en la falta de capacidad de financiamiento que tiene el Gobierno, con el crédito externo cerrado, necesidad de pagos netos de servicios con el FMI y limitado a la voluntad del mercado local (asustado por el eventual riesgo de transición político) a financiar los gastos excedentes.
Está claro que, con una inflación anualizada en el 100% y perspectiva de escasez de dólares, emitir más pesos para financiar mayores transferencias no es una opción. Sólo llevará a un deterioro adicional de las expectativas y un nuevo salto de los precios que licuará cualquier mejora.
Así, las opciones de política económica para mejorar los bolsillos de los ciudadanos parecen seriamente limitadas. Sólo podría conseguirse algún avance si aparecen “conejos” que permitan temporalmente conseguir más recursos (o posponer desembolsos o pagos de impuestos), pero que no son consistentes con el largo plazo e implican un deterioro del patrimonio público en general.
Tampoco decimos que estas políticas no se vayan a presentar. Seguramente se van a implementar medidas para endulzar el bolsillo de los trabajadores, pero probablemente su duración sea más corta que en otras ocasiones y el efecto de las mismas sea solamente de “propaganda” y no real.
Por otro lado, la macro tampoco ayuda a una auténtica recomposición de los ingresos de las familias. Sin expectativas y con inflación elevada, la actividad económica se mantiene hace más de un año estancada y la falta de divisas hace prever un deterioro en 2023. Así, los ingresos reales de las familias, que hoy están en niveles 12% por debajo de los valores de 2015 y similares a los de 2019, tampoco tienen expectativas de seguir mejorando.
En este contexto, quizás la mejor política electoral, dada la fragilidad de la economía, será solamente intentar que no vuelque el barco y que llegue a puerto lo más entero posible, teniendo en cuenta los problemas que se esperan en el camino.