Se cierra un trimestre fatídico para la economía que obligó al gobierno a dar inicio a un cambio de régimen macroeconómico. Al analizar las cuentas públicas se observa que la nueva etapa comenzó de la mano de Batakis. Y con la llegada de Massa tomó más fuerza y avanzó en otras direcciones como alcanzar finalmente tasas de interés levemente reales positivas para los plazos fijos minoristas, la quita transitoria a las retenciones de soja y un nuevo esquema de tarifas energéticas. El combo sirvió para contener una crisis que en julio parecía ingobernable mientras ahora se inicia la etapa más compleja: arrancarla de raíz para que no vuelva surgir. El interrogante es si Massa se embarcará en esa misión o quedará en manos del próximo gobierno, cualquiera sea el signo político que tenga.
Más allá de hasta dónde decida avanzar, la nueva gestión en el Palacio de Hacienda está obligada a profundizar el cambio en la política económica. Los eventos disruptivos de julio, por ejemplo, una brecha cambiaria que alcanzó 160%, dejaron costos muy altos que ya están ocasionando una mayor conflictividad social y productiva. La inflación entre julio y septiembre será del 7% mensual, un punto y medio por encima del segundo trimestre. Para dimensionar, ya en agosto el rubro de Indumentaria y calzado picó en punta y fue el primero en superar el 100% anual. Mientras en diciembre el resto de los precios también habrán cruzado esa barrera. Con una inflación proyectada en tres dígitos y una brecha cambiaria entorno al 100% no hay margen para el "siga siga".
Las crisis económicas obligan a la política a dosis de pragmatismo que muchas veces atentan contra los pilares ideológicos de los gobiernos. Así como Macri en septiembre de 2019 reimplantó el cepo cambiario, tres años después Alberto Fernández le quitó de facto las retenciones al complejo sojero. Ambas medidas tuvieron el mismo objetivo: evitar una fuerte devaluación y una aceleración de la inflación.
En particular, durante este mes eso se logró gracias al ingreso de más de U$S 6.000 millones por el dólar soja y la consecuente mayor estabilidad cambiaria que generó. El incentivo fue lo suficientemente fuerte para que el porcentaje liquidado de la cosecha vuelva al promedio histórico, cuando a principios de mes estaba casi 10 puntos por debajo. El costo asociado no es menor, impactando negativamente sobre el Banco Central por dos vías. Primero deteriorando su activo, ya que recibe una letra en dólares del Tesoro como compensación por comprar dólares a $200 y venderlos a $143. En segundo lugar, crece su pasivo (Leliqs) dada la necesidad de esterilizar la mayor emisión. Para dimensionar, la compra de divisas por parte del Banco Central entre el 1 y el 22 de septiembre fue equivalente al 18% de la base monetaria.
El impacto negativo del dólar soja sobre la estabilidad nominalidad limita no sólo su prórroga, ya descartada por el gobierno, sino también su repetición. En consecuencia, obliga al equipo económico a reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos fuertemente en el corto plazo. Caso contrario, en abril, cuando comience nuevamente la liquidación más alta del sector agroexportador, ¿quién estará dispuesto a hacerlo al tipo de cambio oficial? Sin contabilizar que previamente todos los exportadores van a demandar también un tratamiento especial para efectivizar sus ventas.
Es evidente que en las próximas semanas deberíamos conocer nuevas medidas de política económica con el fin de reducir la inflación y la brecha cambiaria. El problema es que descartada la posibilidad de un fuerte endeudamiento externo se vuelven dos objetivos contradictorios. Sin un aumento significativo y sostenible en el tiempo en la oferta de dólares eliminar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos implica un salto devaluatorio que puede hacer que la inflación se espiralice y sea de muy difícil control. La opción intermedia, una nueva aceleración de la depreciación diaria -ya corre al 6,3% mensual- para reducir la diferencia respecto a los dólares paralelos, supone un aumento de precios de tres dígitos para el próximo año. Y la necesidad de implementar una nueva estrategia para contener los daños sobre los sectores socioeconómicos medios y bajos.
Existe una tercera posibilidad que comenzó a tomar fuerza en los medios durante los últimos días. La implementación de un plan de estabilización. La diferencia respecto a las opciones descriptas en el párrafo anterior es que se tienen que tomar medidas de mayor profundidad no sólo en el frente cambiario sino también fiscal y monetario. Implica un cambio de shock del régimen macroeconómico y no de forma gradual como vimos hasta el momento, donde la credibilidad determinará gran parte de su éxito o fracaso. Y nuevamente, para eso también se necesita un ingreso de dólares que suele provenir de préstamos del resto del mundo que hoy no aparece en el radar.
Bajo esas condiciones económicas el riesgo de intentar un plan modesto de estabilización es grande pero la recompensa también. Massa puede sentar las bases de un nuevo modelo económico y no dejar que de eso se ocupe la próxima gestión. Tomando los aprendizajes de los errores de su propio gobierno y los anteriores. El interrogante es si en los 12 meses restantes ante de las elecciones podrá empezar a cosechar algunos brotes verdes de semejante desafío. Quizás de eso dependa hasta donde esté dispuesto a arriesgar el nuevo ministro.