Carlos Castagneto declaró como testigo ante el fiscal Marijuan. Aunque el organismo había revelado más de 250 mil anomalías, reiteró que sólo hizo un "análisis estadístico". Manzur enviará un escrito.
Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuan tomó declaración testimonial al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, para que brinde detalles sobre el informe que a criterio de la justicia, arrojó más de 253.000 beneficiarios de planes sociales con ciertas irregularidades o incompatibilidades con el otorgamiento de la ayuda económica. El titular del fisco se despegó de las sospechas: no habló de "irregularidades" sino de una "análisis estadístico" respecto al listado que dio origen a una denuncia penal.
La testimonial se tomó en el marco de la investigación preliminar iniciada después de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ordenó dar de baja sólo 2.243 planes sociales frente un universo de 253.184 programas denunciados penalmente por Marijuan.
Durante más de una hora, en el despacho del representante del Ministerio Público Fiscal, Castagneto confirmó que el ente recaudador había confeccionado dos informes -a pedido del Ministerio de Desarrollo Social- sobre los beneficiarios de planes sociales del programa denominado Potenciar Trabajo.
Sobre el análisis de ese informe es que el fiscal Marijuan radicó una denuncia penal por el presunto delito de administración fraudulenta, al señalar que casi el 20% del total de beneficiarios presentaba algún tipo de irregularidad que lo volvía incompatible con la adjudicación del plan de ayuda social.
Sin embargo, el titular del fisco indicó que sólo se trata de "datos estadísticos con los que cuenta el organismo", y que remitió la información a la justicia federal bajo el estricto respeto del secreto fiscal. Es decir que cuando Marijuan recibió ese informe no contaba con el detalle de las personas físicas que perciben el plan social.
Ante las preguntas de Marijuan, Castagneto reiteró que "dimos datos estadísticos, no emitimos opinión", en relación a las irregularidades en las que hizo énfasis la fiscalía.
En la denuncia penal se había requerido que hasta que la justicia federal no clarifique la situación, se suspendan los más de 253.000 planes que fueron denunciados por presuntas irregularidades. Las mismas referían a personas con un plan Potenciar Trabajo que habían comprado dólares, otras que eran titulares de más de un inmueble, que habían adquirido autos 0 Km o dueños de embarcaciones, entre otros aspectos contrastados por la AFIP.
Castagneto explicó que cruzó los datos de lo beneficiarios en base a una serie de pedidos de informes que formuló el Ministerio de Desarrollo Social, del cual dependen los planes sociales cuestionados. La AFIP procedió a realizar "un informe de análisis técnico" propio del procedimiento que se implementa ante cualquier "requerimiento de similares características que llegan" al organismo. “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades. No somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”, reiteró.
En ese contexto Castagneto reiteró, que los informes enviados a la justicia federal, respondían a "datos estadísticos" y rechazó hablar de "irregularidades".
La semana pasada, ante la denuncia penal, la ministra Tolosa Pazo informó: "Detectamos que en el 0,3% (de quien reciben el plan Potenciar Trabajo) hay incompatibilidades y falta de cumplimientos de las normas que rigen tanto en el ingreso como en el sostenimiento dentro del programa, mientras que el 99,7% está lejos de estas actitudes y los queremos seguir cuidando y protegiendo".
La titular de Desarrollo Social dijo que su decisión de suspender 2.243 planes se basó en información proporcionada por el Banco Central, y así rechazó que las irregularidades hayan sido cometidas por más de 253.000 beneficiarios.
Tolosa Paz señaló que "2.243 beneficiarios compraron moneda extranjera o hicieron operaciones en moneda extranjera, y no más de 35.000 como dijeron en un informe".
Este miércoles, el jefe de Gabinete Juan Manzur responderá un oficio remitido por el fiscal Marijuan, donde formuló doce puntos vinculados a los controles, las erogaciones y los organismos intervinientes en la adjudicación de los planes sociales. A diferencia de Castagneto, responderá por escrito, tal como lo habilita la ley.
La investigación sobre Tolosa Paz
Para el fiscal Marijuan, la decisión de suspender sólo 2.234 planes de los más de 253.000 que él denunció "es una medida que se habría apartado o recogido parcialmente el informe de otra oficina pública –esto es, la Administración Federal de Ingresos Públicos".
Por ese motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal decidió iniciar una investigación preliminar sobre Tolosa Paz, "con el objeto de conocer los pormenores por los cuales adoptara tal medida ante las circunstancias apuntadas".
En el mismo escrito, el fiscal explicó que está decisión de impulsar una investigación preliminar "no avasalla el objeto procesal" de la denuncia penal que ya formuló y que tiene bajo investigación "la posible defraudación al Estado por parte de quienes se habrían inscripto en el Plan Potenciar Trabajo cuando no estaban en condiciones de percibir dicho beneficio y asimismo, la intervención de funcionarios públicos en esas altas cuestionadas".