Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: cuarto día de alegatos por delitos con la obra pública, minuto a minuto

Durante las audiencias de la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal analizó contrato por contrato, para exponer en base a qué entienden que hubo un "direccionamiento de los contratos a favor de un solo grupo económico". Con el transcurrir de los años, el sistema que la fiscalía definió como una "estructura de corrupción", funcionaba cada vez mejor. El fiscal Diego Luciani amplió la idea y dijo que "Lázaro Báez no tenía que hacer el mínimo esfuerzo para ganar, sólo presentarse con tres de sus empresas, ni siquiera tenía que hacer la mejor oferta, iba a ganar de todos modos".

Recorriendo de forma cronológica y obra por obra, la fiscalía analizó las diversas irregularidades detectadas en los procesos licitatorios. Se habló en este punto de un "modus operandi de corrupción": competían las empresas del holding juntas, ofertaban por encima del 20% del presupuesto oficial, nadie las impugnaba, no contaba con certificados de capacidad de obra, presentaba al mismo representante técnico, se modificaban los costos y los plazos de obra, la ruta no se terminó, hubo sobrecostos y finalmente, Báez abandonó 24 de esos trabajos.

A horas de volver a comparecer en el juicio por la causa Vialidad, en la que está acusada de encabezar una asociación ilícita montada para la corrupción en la obra pública, Cristina Kirchner anunció que pedirá la recusación del fiscal Diego Luciani y del presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu.

Mientras la Fiscalía avanza hacia su pedido de condena en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, el tramo del expediente que aún se encuentra en instrucción y que se concentra en las autoridades provinciales, se encamina a un pedido de indagatoria por parte del juez Julián Ercolini para que los ex gobernadores santacruceños Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta expliquen la estructura que funcionó en beneficio de Lázaro Báez.

Concluyó la tercera audiencia de alegatos, que duró casi nueve horas. La jornada estuvo caracterizada por el análisis de más de 30 de las 51 licitaciones que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez desde 2010 a 2013. La fiscalía a lo largo de la jornada expuso una serie de irregularidades "e ilegalidades que se fueron reiterando en cada expediente licitatorio". De esa manera, plantearon que cada contrato es una pieza en una gran rompecabezas que muestra, cómo funcionaba todo y cómo todo contaba con el mismo beneficiario: Lázaro Báez. Los alegatos continuarán el lunes a las 8.30.

Luego de analizar las 51 licitaciones, continuó el fiscal Luciani, vimos “un saqueo al Estado, crearon un plan de sustracción de fondos, una cartelización que facilitó el direccionamiento, una cartelización diseñada, armada y ejecutada de las máximas autoridades porque el único beneficiado era Lázaro Báez. Fue una estructura institucional”.

​En el tramo final del alegato de este viernes, la fiscalía fue más allá y añadió: “Ver las 51 licitaciones nos permitió ver cómo armaron planificadamente esto, se inventó una constructora, la misma se apropió de otras empresas para inventar una capacidad de obra, y vimos cómo en 47 licitaciones no presentó el certificado de capacidad de construcciones, un sistema de opacidad y el sistema parasitado autorizó todo”.

Para la fiscalía “lo más grave es que todos sabían que los contratos no iban a terminarse”. Todos sabía, continuó, “que era imposible que Austral cumpla pero no les importó”.

Al terminar con el detalle de todo lo detectado en los 51 contratos, el fiscal Luciani añadió que “cada inclumplimiento en los contratos se ocultó con la modificación de plazos” generando “un enorme perjuicio al Estado, una cosa es redeterminar precios y otra muy distinta es redeterminar por el incumplimiento del contratista, esto es ilegal. Acá nunca se multó, ni sancionó”.

​ El Grupo Austral, dijo al final, fue “el móvil del delito que se mantuvo al amparo de los tres mandatos presidenciales, fue una cáscara, generaron una colosal defraudación al Estado”.

Hubo un grupo de empresas “que se prestaron a esta maniobra para simular un escenario de competencia que no existía”, dijo Luciani.

Señaló que “como un indicio revelador de la arbitrariedad con la que se manejaron” en 27 de las 51, “se simularon procesos licitatorios, concursos de ofertas”.

Lázaro Báez “no actuó en soledad, contó con la colaboración de otras empresas que se presentaban para simular contratos como Petersen que se presentó en 38 de los contratos, pero no logró ni una sola adjudicación. Gran parte de sus ofertas fueron consideradas inválidas por exceder los montos oficiales”, señaló Luciani.

Algo similar, pero en menor cantidad de contratos, ocurrió con Esuco propiedad de Carlos Wagner ex presidente de la Cámara de la Construcción.

Para la fiscalía esta participación “no tenía un interés genuino en la obra, sino sólo simular los concurso que no existieron, ofertas falsas sabiendo de antemano que serían desestimadas. Ayudaron a que se simulen las licitaciones a favor de Báez”.

La fiscalía analizó 26.000 mensajes del celular de José López. Entre los mensajes encontraron intercambios con Máximo Kirchner y con una de las personas de confianza Matías Bezi. “López era el que reportaba siempre a Máximo Kirchner avisándole cómo avanzaban los convenios y los proyectos para Santa Cruz”, dijeron.

Estas comunicaciones “muestra la coordinación que había entre todos ellos, sobre licitaciones que se llevaron a cabo en Santa Cruz”, todo con fondos nacionales.

En este punto el fiscal volvió a referirse a la obra de las 100 cuadras de pavimentación. Expuso la consulta de José López respecto si Máximo Kirchner había decidido “dónde debían realizarse esas cuadras de pavimento”.

“Estas decisiones de las obras, de la urgencia para realizar la obra y adjudicar a Lázaro Báez, todo esto emanaba de los más altos del poder ejecutivo. Hubo una orden de arriba de mucho poder, para que se licitar con urgencia”, sostuvo Luciani.

Todo “viene a corroborar que había un plan y los funcionarios cumplieron con las directivas de los jefes de la asociación, el dato es que acá interviene el hijo de la Presidenta que no ocupaba ningún cargo público”, continuó Luciani.

En otro tramo del alegato el fiscal mostró mensajes de José López sobre distintos proyectos de obras para Santa Cruz, con Máximo Kirchner quien en 2015 fue candidato por primera vez a un cargo legislativo.

Abel Fatala imputado en este caso, también intercambio mensajes con José López, “esos intercambios mostraron que Máximo Kirchner recorría las obras con Matías Bezi, tenían conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.

En el intercambio de mensajes se detectó que “antes de la convocatoria ya estaban hablando con integrantes de la empresa de Lázaro Báez, un direccionamiento claro y evidente”.

Se incluyó el nombre de Roberto Gómez que trabajaba en Austral Construcciones y fue el responsable de diseñar la obra de 100 cuadras de pavimento. “El secretario de obras públicas del municipio de Río Gallegos le da explicaciones a Matías Bezi sobre las demoras de la licitación, Bezi persona de confianza de Máximo Kirchner”, relató Luciani.

Las licitaciones “se arreglaban con anterioridad y no queda ninguna duda de que era así, porque no había ninguna licitación y la gente de Austral Construcciones ya sabía de la obra”, sostuvo el fiscal.

El fiscal Diego Luciani volvió a exponer en esta jornada de alegatos y se refirió a la última obra que ganó Lázaro Báez en suelo santacruceño.

Se trató de 100 cuadras de pavimento en Río Gallegos, financiada con fondos nacionales, que “no pasó nunca por el Congreso" y "no tenían crédito legal pero no podía caerse porque era el último tramo de gobierno de Cristina Kirchner”, dijo el fiscal.

Vemos en este caso, continuó el fiscal, “la intervención de Máximo Kirchner en este contrato”. Entonces se mostraron comunicaciones que “muestran su intervención directa”.

José López se comunica con el amigo de Máximo Kirchner y diputado provincial, Matías Bezi preguntándole si “había hablado con Maxi sobre la ubicación de las 100 cuadras”.

Después de más de siete horas de alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, terminó el análisis de las licitaciones en la tercera audiencia por la causa vialidad.

"Capaz se pensaban que nadie iba a controlar ni mirar nunca nada. Creo que se sentían impunes, que nadie iba a mirar nunca nada", lanzó el fiscal Mola al referirse a los procesos de licitación y ejecución de las obras.

El ex juez federal insiste con la teoría del lawfare y la persecución a Cristina Kirchner y apuntó contra Alberto Fernández, a quien definió como "el primer responsable de no haber avanzado con una reforma judicial".

"Cristina está absolutamente abandonada por el Presidente de la Nación y el superministro Massa", sostuvo Rozanski.

El fiscal Mola expuso las licitaciones finales que recibió Lázaro Báez y que tramitaron un mismo día: cuatro en total.

La primera de ellas, obras de pavimentación sobre Ruta 288. El presupuesto inicial fue 637 millones de pesos y se pagaron anticipos a Báez de más de 61 millones de pesos. “Observamos las mismas irregularidades que en todos los casos anteriores y nada fue objetado”, dijo el fiscal. Todo -una vez más- “muestran obras ruinosas para el erario público con un marcado direccionamiento ilegal”.

El contrato llegó a 1.239 millones de pesos: “Se incrementó en más del 94%, además la obra no se terminó nunca y terminó siendo abandonada”. Esta licitación, junto con las otras tres, se convocó en el “Plan de Obras para todos los argentinos”.

Las otras tres obras, también por más de 600 millones de pesos cada una, se tramitaron el mismo día, fueron cuatro contratos por más de $ 714 millones.

Una vez adjudicadas, esas obras duplicaron y triplicaron sus plazos de obras, y se estimaron sobreprecios por encima del 56%. En estas licitaciones, Báez competía consigo mismo, tres de sus firmas ofertaban con diferencia de centavos. El dato: “en 24 horas se entregaban los contratos”, recordó Mola.

Cuando Austral Construcciones llevaba sólo tres años en el rubro de la obra pública, el Estado nacional le adjudicó 20 licitaciones, algunas de forma compulsiva: el 5 y 6 de marzo de 2007 le otorgó cuatro contratos por más de $ 714 millones, pero por las que Báez terminó cobrando $ 1.260 millones, duplicando y hasta triplicando los plazos de obra.

Al respecto, el fiscal Mola añadió: “Este esquema de corrupción, como las decisiones bajaron desde las más altas esferas, Cristina Fernández entre las máximas autoridades. No pueden desentenderse”.

Tras más de cinco horas de alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el juez Rodríguez Uriburi dispuso un cuarto intermedio hasta las 14.30.

La fiscalía avanzó en el análisis de las licitaciones que, según precisaron, "tienen que verse de manera conjunta, porque eso expone cómo funcionaba esta asociación ilícita”.

En ese contexto, el fiscal Mola leyó la confesión de José López -ex secretario de Obras Públicas-, en el caso Cuadernos de las Coimas donde contó: “Después de la reunión con la presidenta Fernández de Kirchner, la Presidenta le pide a De Vido el pago mensual de todas las obras y el listado de empresas. Ese listado era entregado a la Presidenta y a Julio De Vido, era hecho con los datos de Vialidad del Presupuesto de Planificación. Era un listado objetivo, yo no decidía nada”.

Ese listado que incluía a Lázaro Báez, confesó López, “era requerido todos los meses por Cristina y De Vido, y se los entregaba todos los meses. La Presidenta se fijaba los montos sobre todo que se debían pagar a Austral, CPC, Electroingeniería y JCR y el resto se repartía entre las demás empresas”.

La lista en cuestión, dijo en esa declaración José López, se lo "pasaba a Passacantando, Férgola, Periotti”, todos imputados -agregó el fiscal Mola-. Ese listado era entregado “en mano a Cristina Fernández, desde 2011 hasta final su gobierno, ella lo devolvía en una semana y decía a quién se debía pagar”. La prioridad era Lázaro Báez.

Mola dijo que “Cristina Fernández y Julio De Vido no sólo estaban al tanto de todo lo que ocurría, eran los que daban las órdenes, decidían a quién pagar y a quién no”.

Estas últimas licitaciones con montos exorbitantes son de 2011, con una celeridad escandalosa, 14 días desde el llamado a licitación para abrir las ofertas, eran dos licitaciones por más de 300 millones de pesos cada una. Se pagaron “suculentos anticipos financieros (más de 60 millones de pesos en cada caso) sin que se haga nada, en medio de la veda de invierno”. “Es el mismo año en el que el sistema de recaudación, como confesó José López, se reanudó”.

Después de dos horas de alegato, el fiscal Sergio Mola aseguró que la vicepresidenta y el entonces ministro de Planificación "estaban al tanto y daban las órdenes" vinculadas a los contratos de las obras públicas.

"Cristina Fernández y Julio De Vido no solo estaban al tanto, eran los que daban las órdenes, eran los que disponían a quién pagar y a quién no", lanzó.