Este martes por la tarde, y por primera vez, Cristina Kirchner escuchará a un Tribunal dictar una sentencia en un caso donde la principal acusada durante el desarrollo del juicio, fue ella. Los jueces tienen al menos tres posibilidades a la hora de resolver la situación procesal de la vicepresidenta y de los otros doce imputados en este expediente que analizó las 51 licitaciones viales por $ 46.000 millones que ganó Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Dos escenarios de condenas, de diferente profundidad, y la absolución que reclamó su defensa.
Después de nueve audiencias de alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron que la vicepresidenta fue la jefa de la asociación ilícita, es decir, de aquella “organización criminal” que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial. Por eso, pidió para ella una pena de 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.También, el decomiso de los bienes y las ganancias producidas por ese dinero defraudado al Estado.
Los fiscales también pidieron una condena de 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, de 10 años para el ex ministro Julio de Vido, el ex secretario José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti.
Sobre los otros ex funcionarios acusados, en tanto, solicitaron: 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
El alegato del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dio por corroborado la existencia de una “estructura estatal defraudatoria, licitaciones amañadas, sustracción de sumas millonarias del Estado, un circuito ilegal de enriquecimiento del empresario y finalmente, una etapa de reciclaje a favor del matrimonio Kirchner”.
Previsiblemente, las defensas alegaron lo contrario: sostuvieron que no hay elementos probatorios para sostener la acusación y de forma casi individual pero bajo un mismo argumento, reclamaron la absolución por parte del Tribunal. Cristina Kirchner cuando asumió la propia defensa, fue un poco más allá y anticipó que denunciará a los fiscales por cómo desarrollaron sus alegatos, el contenido de sus exposiciones y el alto pedido de pena. También habló de un supuesto "pelotón de funcionamiento" en su contra.
¿Qué puede pasar entonces con la vicepresidenta? Tiene por delante dos escenarios de condena, que además prevén la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Las penas podrían rondar de los 6 a los 10 años, pero nada impedirá en el corto plazo que proyecte su carrera electoral en caso de así pretenderlo. El tercer escenario es la absolución que pide su defensa pero que en círculos judiciales y políticos ven como el menos probable.
El peor escenario para la vice
El peor escenario sería una condena por los dos delitos atribuidos por parte de la fiscalía, es decir, la asociación ilícita y su rol en carácter de jefa, junto con la imputación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta acusación en la que concursan dos delitos puede tener una pena de hasta 16 años (porque se suman los máximos de ambas acusaciones); sin embargo, la fiscalía pidió 12 años.
En Comodoro Py no dan por descartado este escenario aunque no lo ven como el más probable, ya que la figura de asociación ilícita no se aplicó hasta el momento en ninguna condena en casos de corrupción, es decir que tienen a funcionarios o ex funcionarios sentados en el banquillo de los acusados.
Los Tribunales son, en general, más reticentes a esta figura penal por su amplitud a la hora de evaluar los elementos requeridos para que se esté ante una asociación ilícita cuando de políticos se trata. La figura, de hecho, se incorporó en el Código Penal pensando más en la persecución de las organizaciones criminales como las dedicadas al narcotráfico.
En lo formal, en caso de condenar a la vicepresidenta por estos dos delitos, se ordenará también la inhabilitación de por vida para que pueda ejercer la función pública. Sin embargo, esto no es de aplicación inmediata como tampoco una eventual detención. Para que una sentencia quede firme debe contar con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y esto suele demorar años.
Recién en febrero 2023 se conocerán los fundamentos del fallo y a partir de entonces se prevén distintas apelaciones hasta que la causa llegue al Máximo Tribunal. Pero además, Cristina aún tiene fueros y podría extenderlos si la eligen (por ejemplo) diputada o senadora desde 2023.
Segundo escenario: una condena intermedia
Una posibilidad es que se fije una condena por uno solo de los delitos atribuidos por parte de la fiscalía. En este caso, se trataría de una sentencia acusatoria por administración fraudulenta, cuya pena máxima es de seis años. Pero también implica la prohibición para ocupar cargos públicos.
Este delito se concentra en el perjuicio ocasionado al erario público por aquellos contratos, según la imputación, “direccionados, con sobrecostos, con anticipos financieros que no correspondían” que fueron adjudicados a Lázaro Báez, con el agravante -sostuvo el fiscal Luciani- de que 24 de las 51 rutas “fueron abandonadas”.
Al concluir sus alegatos, Luciani fue categórico: “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad, se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país en el cual los imputados en una estricta división de roles sustrajeron fondos del erario, adoptando todas las medidas para efectuarlas en total impunidad”.
Frente a dicho escenario, la fiscalía determinó que el perjuicio al Estado ascendió a 1.000 millones de dólares. Al respecto se dijo: “hubo una administración infiel, se dilapidaron fondos de la ciudadanía, tributados con la confianza de que serían destinados a fines nobles, lícitos”.
La absolución que pide la defensa
El tercer escenario, que fuentes judiciales tampoco consideran como el más probable, es el solicitado por todos los abogados: la absolución ante todas las acusaciones sostenidas por el Ministerio Público Fiscal.
En este caso, el Tribunal determinaría que no encontró durante los tres años y medio de juicio, las más de 600 horas de debate, elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria. En tal caso, es la fiscalía la que apelaría para llegar a la Corte Suprema y pedir que se revea una absolución.