A fines de noviembre de 2008, el fiscal Gerardo Pollicita se jugó e hizo un requerimiento de instrucción por la denuncia de Elisa Carrió de asociación ilícita contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y otros.
Unas horas después, el Procurador General de la Nación, Bebe Righi, llamó a Pollicita para trasmitirle que Kirchner lo llamó para preguntarle “si a ese hijo de remil putas lo nombramos nosotros”.
La frase adelantaba el nivel de presiones K que provocó la denuncia de Carrió sobre 30 casos, entre ellos, el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz.
El juez Julián Ercolini delegó la "papa caliente" en Pollicita, quien dividió la megadenuncia en 13 expedientes.
La denuncia Carrió la presentó junto con los entonces legisladores (propios y aliados) Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa “Tata” Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán.
El escrito lo había redactado la entonces joven abogada Paula Olivetto mientras amantaba a su beba y Carrió tomaba todos los días la comunión en la iglesia de San Nicolás de Bari "para darse fuerza ante las amenazas". En esos días, confesó lo que había descubierto al entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.
“Si el Papa Francisco quiere revelar ahora mi confesión lo autorizo”, dijo Carrió ahora a sus asesores. En estos días, la ex diputada no quiere formular declaraciones y está preocupada porque si la Justicia hubiera actuado rápido “se podría haber evitado el robo de millones de dólares al Estado”.
Aparece la "asociación ilícita"
La causa original fue caratulada “Kirchner, Néstor y otros sobre asociación ilícita” y fastidió al ex presidente, quien había logrado que Cristina Kirchner lo sucediera en el poder un año antes. Clarín y otro diario fueron los únicos dos medios que publicaron la denuncia de Carrió.
Frente a ese clima de presiones, Carrió se entrevistó con Ercolini y “solo le pidió que no cerrara causa”, contaron a Clarín fuentes de la Coalición Cívica.
Hizo 21 ampliaciones con ese objetivo hasta que en el 2016 la causa tomó un giro probatorio enorme. El interventor macrista de Vialidad, Javier Iguacel, por las manifestaciones de los 1.500 despedidos que dejó el cierre de Austral Construcciones se metió a investigar qué había pasado en San Cruz y meses más tarde hizo una denuncia técnica contra Austral que recayó también en Ercolini.
En 2016 Pollicita logró que esa denuncia se fusionara a la denuncia original de Carrió usando el principio de "fuero de atracción" y así nació la causa 5048 del 2016 caratulada “GRUPO AUSTRAL y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.”
Este causa fue elevada hace tres años y medio al Tribunal Oral Federal 2 que la recaratuló como causa 2833 “Fernández de Kirchner Cristina Elisabet y otros infracción a los artículos 173, 174 y 210 del Código Penal”.
En este expediente fue en la que se condenó, este martes, a 6 años de prisión a la vicepresidenta por fraude al Estado. Cuando murió Kirchner en el 2010 prescribió la acusación en su contra, que era igual o más grave que la de Cristina.
Cómo se dividió la denuncia
En 2008, Pollicita dividió la denuncia de Carrió en las siguientes áreas:
1. Los contratos destinados a la realización de obras viales y los celebrados en el marco del Plan Federal de Vivienda.
2. La concesión de áreas petroleras.
3. Los contratos por los juegos de azar.
4. Las licitaciones promovidas por el OCCOVI.
5. Los presuntos casos de lavado de dinero vinculados a las empresas que participan en los contratos de obra pública.
6. Las irregularidades en la Secretaría de Transporte de la Nación.
7. Casos de irregularidades vinculadas al sector de trenes y subterráneos.
8. La creación de LAFSA (la línea aérea del Estado que nunca voló), el acuerdo con la empresa privada Southern Winds y el otorgamiento de subsidios.
9. El frustrado proyecto del tren bala Buenos Aires-Rosario.
10. Obras para interconexión eléctrica.
11. El fideicomiso para los negocios con Venezuela.
12. El desvío de fondos destinados a recuperar la capacidad técnica de la central nuclear Atucha II.
13. Licitaciones irregulares para la construcción de cárceles federales.
Los ejes señalados por el fiscal Pollicita constituían un verdadero mapa que revelaba “una matriz” de la corrupción kirchnerista.
La estrategia judicial de Carrió fue dejar de hacer denuncias de corrupción aisladas -como habían hecho con el ex presidente Carlos Menem- y tratar de que existiera una sola megacausa en la que se investigaran todos estos casos de contratos del Estado por el delito de "asociación ilícita", lo cual implica cometer delitos en una banda organizada y agrava las penas.
El juez Ercolini aceptó la división de hechos del fiscal y abrió distintas causas. Meses más tarde, Carrió incluyó a Cristina Kirchner, acusándola de encubrir negociados de su marido y de Lázaro Báez.
“Carrió esperaba que Cristina, cuando asumió, echara a De Vido y a los 'cajeros' del Gobierno, pero no lo hizo”, contó un asesor suyo.
La denuncia tenía un tono particular: Carrió y Cristina habían sido amigas hasta que la entonces legisladora del Frente para la Victoria no quiso firmar el dictamen de mayoría sobre el lavado de dinero de 2001. Fue porque la diputada Graciela Ocaña descubrió que los 650 millones de los fondos de San Cruz habían pasado por la financiera Mercado Abierto y Cristina buscó ocultar esas carpetas.
Informes previos
Antes de la denuncia ante Ercolini, Carrió había elaborado dos informes sobre la obra pública K y la cartelización de los contratos con el Estado.
Así convocó una noche "en camisón" a Olivetto y le advirtió: “Kirchner va a robar como la mayoría de los gobernadores: con la obra pública”.
En su entorno no le creían pero descubrieron que Báez había empezado los negocios, antes que con Austral, con la empresa Badial en la que figuraba un hijo del traficante de armas a Ecuador y Croacia, Diego Palleros.
En el 2003, Raúl Espinosa, titular de Pesquera San Isidro, se reunió con Carrió y le habría revelado detalles de lo que ella definió como "la mafia pesquera" que financiaba al kirchnerismo. A los días, Espinosa fue asesinado. Clarín fue el único medio que publicó esa denuncia.
Una de las reacciones que la alentó fue la renuncia del entonces ministro de Justicia y actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, al gobierno de Kirchner tras su informe sobre negociados con la construcción de cárceles.
A medida que aumentan sus denuncias, los K la trataban de "loca" y desconocidos le dejaban balas en la puerta del departamento que le alquilaba a la familia de Lolita Torres sobre la avenida Santa Fe.
Varias de sus denuncias se apoyaron en informes de la Auditoría General de la Nación que el radical Leandro Despouy lograba sacar tras pelearse con los operadores K del organismo.
A medida que sus denuncias salían en Clarín y otros medios, como el programa de TV Periodismo para Todos de Jorge Lanata, se le acercaba más gente a pasarle información.
“Una vez, por ejemplo, la amante de Kirchner Miriam Quiroga le contó que empresarios del transporte dejaban bolsos con coimas debajo del escritorio de Ricardo Jaime y éste se los pasaba al secretario de Kirchner, Daniel Muñoz”, contaron en su entorno. Pero la causa original no avanzaba, fundamentalmente porque Vialidad no colaboraba.
El impulso desde Vialidad
Hasta que el ministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, convocó en diciembre de 2015 a un joven ingeniero petrolero que venía de trabajar en Africa, Javier Iguacel, para trabajar en Vialidad.
“Me advirtió de ir en contra de las coimas y que solo iba a ganar para el pancho y la Coca”, contó a Clarín el actual intendente de Capitán Sarmiento. Cuando se le preguntó si Macri le dio la orden de denunciar a Lázaro Báez, lo negó y dijo que no conocía entonces a Carrió ni el mundo de la Justicia.
Pero a poco de asumir, “me encuentro con el quilombo de 1.500 despedidos de Austral en Santa Cruz, cortes de ruta, manifestaciones frente a mi despacho y reclamos por obras sin pagar”.
“Llamo al director de Vialidad en Santa Cruz y no me atiende. Pero a la noche me llega un fax con un acta de la secretaria de Trabajo de Santa Cruz que decía que Austral cerraba ¡porque nosotros no le pagábamos!”, contó.
Entonces, “me puse a investigar para conocer el quilombo y le pido al director de Tierra del Fuego que vaya a Río Gallegos y me informe. Me habló de obras que se pagaron y no se hicieron y otras irregularidades que me alarmaron”.
Luego pregunté “cuando se le debía a Austral y me dicen que se le pagó todo e incluso 10 días antes del cambio del gobierno le dieron un adelanto”. Así decidió Iguacel “intervenir el distrito de Santa Cruz y luego me empezaron a llegar informes escandalosos”.
Después se descubre el caso de los bolsos del secretario de Obras Públicas, José López y resultó que “era el mismo que aparecía en esos informes y por eso, también, hice la denuncia”.
Iguacel sabe que su denuncia se sumó a la causa original de Carrió pero no conoce más detalles jurídicos. Recordó que una vez habló con la líder del ARI y le explicó su denuncia en términos técnicos y cómo habían logrado bajar “el costo de la obra pública en un 50 por ciento o más” con medidas de transparencia.
Pero a medida de que descubría más irregularidades, aumentaban las amenazas.
“Dispararon un balazo contra los vidrios de mi oficina y sindicalistas amenazaron con ir a escrachar a mi familia en Capitán Sarmiento. Por eso tuve a toda mi familia custodiada”, recordó. “Y como a usted Santoro, los K me hicieron falsas denuncias y la Justicia demostró mi inocencia”, acotó.
Mientras se prepara para festejar su cumpleaños número 66 en su casa de Exaltación de la Cruz, Carrió contó a su entorno que “en la causa Vialidad se demostró que funcionó una asociación ilícita en el Gobierno, pero si algunos jueces y políticos no quieren aplicar ese delito a funcionarios, entonces, que la deroguen del Código Penal”.