Con la economía estancada es un espiral de decadencia, una inflación anual cercana a los tres dígitos, una permanente pérdida del poder adquisitivo y un sistema laboral incapaz de generar empleo de calidad, entre los argentinos abunda un comprensible pesimismo: según el último sondeo de D'Alessio IROL Berensztein, siete de cada diez consideran que dentro de un año la situación económica será incluso peor que la penosa realidad actual.
Hasta hace muy poco el Gobierno observaba estos problemas con una preocupante pasividad. El "hiper activismo" de Sergio Massa lo despertó del letargo, sin embargo, hasta el momento sólo se han visto medidas parciales que intentan contener los problemas y no resolverlos (acuerdos de precios más amplios, tipos de cambios diferenciales, regímenes especiales para exportadores). El fundamento de fondo de dicho comportamiento es que la política (esto vale tanto para el oficialismo como para la oposición, que cometió los mismos errores cuando fue gobierno) cree que los eventuales costos de enfrentarse a los problemas económicos serán mayores a los beneficios que obtendrá una vez resueltos.
Esto le sucedió al expresidente Mauricio Macri, que no avanzó en muchas de las reformas que hubiese preferido abrazar por focalizar demasiado en los costos de corto plazo, y muy poco en los beneficios de mediano y largo. El mentado "gradualismo" escondía, en definitiva, un profundo miedo al hacer. Cuando Macri decía, durante la campaña de 2019, que si era reelecto haría lo mismo, pero más rápido, ponía de manifiesto los propios frenos que él se impuso. Las excusas de los gobernantes son diversas: la sociedad no está preparada, el balance de poder no lo permite, hay otras fuerzas políticas y sociales que lo impiden, etc. La autopercepción de debilidad fue una característica compartida por casi todos los gobiernos argentinos del siglo XXI. Lo paradójico es que cuanto más poder acumulaban más débiles se percibían.
Sobran planes sociales, faltan políticas de empleo que alivien el problema
Fernando de la Rúa consideraba, ya sea por las pujas dentro de la Alianza o por el fuerte contrapeso que implicaba el peronismo, que la propia presidencia no bastaba para hacer las reformas que el país requería y las postergó hasta que la situación colapsó.
Ni Néstor ni Cristina Kirchner se sintieron con el poder político suficiente para resolver las inconsistencias que su administración acumulaba, ni siquiera luego de la contundente victoria que el Frente para la Victoria consiguió en 2011, cuando Cristina fue reelecta con el 54%.
De hecho, dentro de su propia cosmovisión la vicepresidente habla de "poderes fácticos" externos a la política, que serían los verdaderos decisores. En vez de buscar resolver los problemas, el kirchnerismo decidió intervenir el INDEC y falsear los datos cuando los indicadores comenzaron a ser adversos, decisión que hasta el día de hoy está pagando: a la hora de buscar financiamiento, a la desconfianza argentina se le suma la desconfianza adicional que genera el kirchnerismo.
Por último, Macri no emprendió las reformas que muchos esperaban que hiciese luego de las elecciones de 2017, cuando Cambiemos obtuvo un triunfo contundente. Solo cuando quedó en evidencia la insostenibilidad de su política económica, con el cierre de los mercados de capitales en 2018, buscó de manera precipitada ordenar las cuentas públicas. Los costos de hacerlo demasiado tarde fueron mayores a aquellos a los que se hubiese enfrentado encarando los problemas a tiempo.
Licitación de deuda con suba de tasa y resultado ajustado: el dato que preocupa para el cierre del año
El sesgo por los costos lleva a diagnósticos equivocados, que implica un análisis parcializado y superficial. La política se la pasa lidiando con las consecuencias de haber focalizado demasiado en los perjuicios de corto plazo y no en los beneficios de hacer lo correcto. Por temor a un castigo del electorado, el FdT prefirió postergar los recortes en el gasto público (especialmente la reducción de los subsidios energéticos), optó por la financiación monetaria del déficit y, más tarde, por un fuerte endeudamiento.
Ahora la situación ha llegado a un punto crítico: la inflación se acerca al 100% anual mientras que la consultora Moody's acaba de advertir por el riesgo de default de la deuda en pesos.
Con su mirada cortoplacista, la política considera los costos de hacer las cosas, pero no los que implica barrer los problemas debajo de la alfombra. Al Gobierno le preocupa que las medidas que debería adoptar para resolver la inflación (reducción del gasto público, aumento de tarifas, recortes en el sector público, en síntesis, un ordenamiento macro ambicioso) generen costos electorales y adopta medidas con las que supuestamente evita pagarlos, como el acuerdo de ‘Precios Justos' lanzado en la última semana. La trampa puede ser doble: la medida no servirá para detener la inflación y el castigo por no adoptar a tiempo las acciones correctas será mayor.
Con prácticamente todos los sondeos colocando a la inflación como la principal preocupan de los argentinos y, a su vez, proyectando un panorama electoral muy adverso para el peronismo, ¿no sería más sensato que el Gobierno en vez de estar preocupado por los costos de frenar la inflación, lo estuviese por los costos de no frenarla?
Los Kirchner han tenido siempre la fantasía de gobernar acotando los costos o hacérselos pagar a otros, pero toda la política parece haberse contagiado de este absurdo. Iniciativas como los congelamientos o el flamante ‘Observatorio de Precios', desempolvado de una ley del 2014, ganan terreno porque se adecuan a esta limitación cognitiva de la política de observar un solo lado de la ecuación costos/beneficios. El cálculo erróneo lleva a la acumulación de distorsiones que tenemos hoy, donde la ilusión, tal como fue 2015, es llegar a las próximas elecciones de la mejor manera posible para heredarle los problemas a la próxima gestión. Lo cual implica, no sólo una enorme irresponsabilidad, sino también un peligroso riesgo por la enorme cuantía que existe de deuda en pesos, la incapacidad para acumular reservas internacionales y el cada vez mayor atraso cambiario.
Esta vez, el objetivo de que los costos los pagará el que sigue luce muy poco probable.
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