Política
La violencia de género en la política: "Disciplinar y negar el acceso igualitario"
Especialistas consultados por Télam analizan la problemática y señalan que, si bien hubo cambios culturales auspiciosos en los últimos años, la agresión institucionalizada perdura. El desafío de enfrentar el sometimiento que, en casos extremos, llega a violencia simbólica, psicológica, económica, sexual y, en su máxima expresión, el femicidio.
La violencia de género contra las mujeres que se dedican a la política lleva implícito un "mensaje aleccionador" hacia todas aquellas que tienen o aspiran a desarrollar un rol público y, aunque hubo cambios culturales auspiciosos en los últimos años, perduran formas de agresión institucionalizada que, en definitiva, "buscan expulsar a las mujeres y disidencias" de los espacios de dominación masculina casi exclusiva.
Levantar la voz, disputar poder y, sobre todo, cambiar las reglas de juego es parte de lo prohibido para las mujeres interesadas en ocupar lugares de decisión y, casi siempre, quienes se animan a ese desafío son sometidas a fórmulas de violencia de género.
Así quedó expuesto en una serie de entrevistas que la agencia Télam realizó a las académicas e investigadoras Dolores Gandulfo, Laura Albaine, Patricia Gómez y Sofía Santamarina, integrantes de la Red de Politólogas #Nosinmujeres, que reúne a 752 especialistas de 31 países.
"Más del 80% de las mujeres que participan en política sufrió algún tipo de violencia de género"Sofía Santamarina
Las fórmulas de este tipo de violencia son múltiples y disímiles según las regiones y países. Los ejemplos van desde "tener que trabajar más, probar una y otra vez capacidad o compromiso, explicar cómo resolverán el cuidado de los hijos -en caso de acceder al cargo-, quedar excluidas de las "mesas chicas" de decisión, hasta ataques a su integridad moral en ámbitos públicos, en los medios de comunicación y en las redes sociales".
Los casos graves incluyen la violencia simbólica, psicológica, económica, sexual y, en su máxima expresión, el femicidio, que en Latinoamérica tiene como dolorosos ejemplos los de Juana Quispe en Bolivia (2012), Berta Cáceres en Honduras (2015) y Marielle Franco en Brasil (2019), sin olvidar el brutal ensañamiento de las dictaduras militares de la región contra las militantes secuestradas.
En Argentina, donde año a año las encuestas de diversos organismos y colectivos reafirman que "algo más del 80% de las mujeres que participan en política sufrió algún tipo de violencia de género", la hostilidad se da principalmente en formato de abuso psicológico, sexual y a través de las redes sociales, explicó Sofía Santamarina.
"Lamentablemente es algo cotidiano y los responsables de las organizaciones también son hombres por lo que hay un pacto entre machos. Además, si exponés a un macho, después tenes que irte de la organización porque te hacen la cruz, te revictimizan, o, como tienen la lapicera, directamente pasas a ser una muerta política".
"La violencia política en general y aquella ejercida en el ciberespacio repercute de manera directa en la trayectoria política de las mujeres y diversidades, lo que afecta sus posibilidades reales de participar, de ser electas y/o de ejercer poder cuando llegan a funciones públicas"Defensoría de la Ciudad
Así se expresó una de las 1.500 militantes políticas y sindicales consultadas para la Encuesta Federal sobre Violencia Política, elaborado por Proyecto Generar, que se presentó en junio último y que ratificó que la violencia psicológica está "más presente" en ámbitos donde las mujeres ocupan cargos públicos, en forma de "hostigamiento con amenazas, descalificaciones, discriminación y acoso sistemático".
"Es el fin de mi carrera política", contó Laura Albaine que fue la frase que más escuchó de mujeres que se encontraban frente a la encrucijada de denunciar o no un hecho de violencia política de género.
Entonces, está claro que se trata de "una de las principales barreras para el ejercicio del poder" porque tiene un "efecto disciplinante, que va más allá de la mujer agredida", analizó Dolores Gandulfo y consideró más notoria la violencia hacia aquellas "que rompen con las estructuras políticas tradicionales, patriarcales, con los estereotipos de género y que desafían los patrones machistas".
"La política se empobrece cuando una mujer abandona ese ámbito. Más de la mitad de la población argentina son mujeres y diversidades. Y tienen una agenda propia porque sufren vulneraciones de derechos de todo tipo. Esa agenda debe estar presente en las políticas públicas", analizó Santamarina.
En la misma línea, Albaine aseguró que la violencia de género política "es un problema de derechos humanos que tiene consecuencias sobre toda la calidad de la democracia" y advirtió que "es difícil de identificar porque está enraizada en las instituciones públicas y políticas".
Ocho de cada diez legisladoras porteñas vivieron violencia política por motivos de género y, en más de la mitad de los casos, el agresor fue un varón del mismo partidoInforme del Equipo Latinoamericano de Justicia
En abril último se conoció que 8 de cada 10 legisladoras porteñas vivieron violencia política por motivos de género y, en más de la mitad de los casos, el agresor fue un varón del mismo partido, según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en base a entrevistas a 44 de los 60 integrantes del Parlamento capitalino.
Además, el 98% de los encuestados consideró a la política como un espacio de discriminación hacia las mujeres y personas LGBTI+.
A esto se suma un estudio sobre violencia machista realizado por el Observatorio Julieta Lanteri, la Fundación Friedrich Ebert y Fundeco -sobre 970 testimonios de todo el país- reveló que 1 de cada 3 mujeres, lesbianas, trans y travestis estuvo expuesta a contacto físico no deseado por un colega en el ámbito de la política y el sindicalismo.
Pero además, en diciembre pasado, la Defensoría de la Ciudad difundió un relevamiento sobre hostigamiento virtual hacia candidatos porteños durante el 2021, que reveló que las mujeres eran destinatarias de la "mayor porción de los mensajes con violencia".
"La violencia política en general y aquella ejercida en el ciberespacio repercute de manera directa en la trayectoria política de las mujeres y diversidades, lo que afecta sus posibilidades reales de participar, de ser electas y/o de ejercer poder cuando llegan a funciones públicas", concluyó la Defensoría.
"Como los delitos de odio, la violencia contra las mujeres en política es un mensaje. Tiene como objetivo negar el acceso igualitario a los derechos"Informe del colectivo Proyecto Generar
Antes de la existencia de las redes sociales, la expresión típica de maltrato hacia las mujeres que se acercaban a la política era el "ninguneo", comentó Patricia Gómez: asignarle tareas cuasi domésticas, excluirlas de los ámbitos de toma de decisiones y desoír sus opiniones. De hecho, cualquier mujer con una "opinión discordante, que se animara a levantar la voz, rápidamente tenía la categoría de loca o histérica".
Sin embargo, recordó Dolores Gandulfo, el mes pasado Silvina Batakis recibió críticas a su vestimenta apenas asumió al frente del Ministerio de Economía, algo que no ocurrió con su sucesor, Sergio Massa, esta semana. Simplemente porque los hombres no son descalificados por el estilo de ropa que elijan.
Entonces vuelve a cobrar volumen una de las conclusiones del informe realizado por colectivo Proyecto Generar: "En el ámbito de la política, los ataques contra las mujeres contienen un mensaje aleccionador que va más allá de sus destinatarias concretas sino al conjunto de las identidades feminizadas".
"Como los delitos de odio, la violencia contra las mujeres en política es un mensaje. Tiene como objetivo negar el acceso igualitario a los derechos, al tiempo que crea un efecto dominó que aumenta la sensación de vulnerabilidad en el resto de las mujeres".
"Hacen faltan protocolos y leyes con dientes"
Sanciones "reales y ejemplificadoras, protocolos y leyes con dientes" son instrumentos necesarios para erradicar la violencia de género ejercida sobre mujeres que ocupan lugares de poder, además de una "resistencia interpartidaria" del colectivo y una "clara decisión política" que involucre a todos los actores del Estado.
Ni las normas vigentes ni los mensajes de repudio de ocasión alcanzan para poner freno a las agresiones que padecen las mujeres que desempeñan cargos públicos o que tienen alta visibilidad en medios de comunicación.
"Hacen falta protocolos o leyes con dientes, que contemplen sanciones reales y ejemplificadoras", resumió Sofía Santamarina, quien, al igual que Dolores Gandulfo, Laura Albaine y Patricia Gómez -todas integrantes de la Red de Politólogas #Nosinmujeres- analizaron esta problemática en diálogo con Télam.
Pero también, entre muchos otros cambios socioculturales, se necesita una "decisión política clara" y una "resistencia interpartidaria de mujeres" para que sean "realmente condenadas" las agresiones, coincidieron las especialistas.
Si bien desde el 2019 se incorporó la modalidad de `violencia pública-política` a la ley 26.485 -que contempla integralmente la violencia machista hacia mujeres y disidencias-, Santamarina remarcó que se necesitan normas "con dientes" y que se establezcan "sanciones ejemplificadoras".
"Falta voluntad política y es clave construirla porque ya existe un andamiaje legal internacional en el que se reconoce que la violencia de género anula los derechos políticos de las mujeres", expresó Albaine.
Como ejemplos notorios de haber sufrido "violencia machista" aparecen la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las legisladoras Myriam Bergman, María Eugenia Vidal y Ofelia Fernández, además de periodistas mujeres con alta exposición en los medios de comunicación.
Publicaciones en revistas que "hipersexualizaban" a Fernández de Kirchner o le adjudicaban a Vidal mejores condiciones políticas por la llegada del "amor" a su vida fueron consideradas actos de "violencia simbólica y política".
Los ataques en las redes sociales, que merecen un capítulo aparte por el efecto multiplicador y anónimo de esos contenidos, también gravitan en que se mantenga una "desigualdad estructural" en cuanto al número de mujeres -comparado con el de los hombres- que se animan a la arena pública.
La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, por ejemplo, optó por cerrar su cuenta personal en la red social Twitter y, aún así, recibió de parte de su par de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán calificaciones que fueron consideradas "discriminatorias" y repudiadas por su compañeros del Parlamento.
Antes, en diciembre pasado, también había sido víctima de acoso (algo que denunció públicamente) cuando fue perseguida con insultos a la salida de la Legislatura: "Un grupo de libertarios me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando", relató.
"Cuando estás en un lugar en el que se te hostiga tenés dos caminos: el enfrentamiento a ese hostigamiento o salirte de ese lugar y, frente a la violencia, la mayoría de las mujeres tiene una actitud refractaria y tiende a retirarse", apuntó Patricia Gómez.
En este contexto, Albaine lamentó que, aunque "hay avances desde el plano formal, la materialización de esos avances no es efectiva" porque "los hombres no acompañan la elaboración de normas que sancionen esas prácticas que ellos suelen ejercer".
Repudios como los que recibieron los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wollf por las declaraciones "cargadas de odio y misoginia" contra la actriz y conductora Florencia Peña, el año pasado, quedaron circunscriptos a un "clamor generalizado", sin una sanción real, apuntaron las especialistas.
La decisión del juez salteño Carmelo Paz, quien le prohibió al diputado Javier Milei volver a dar charlas o conferencias en la localidad de Metán, luego de conocerse que había ejercido "violencia" contra una periodista aparecen como acciones reparadoras aisladas.
"Los Estados tienen la obligación de abordar institucionalmente la problemática y establecer un marco legal de acción más allá de las leyes vigentes", subrayó Albaine.
Por qué no, entonces, sancionar una ley que inhabilite para cargos públicos a los hombres o mujeres que hayan ejercido este tipo de violencias, no sólo hacia las mujeres y disidencias, sino también hacia otros colectivos o minorías, coincidieron las especialistas.
Por qué no, también, establecer protocolos de sanción para que en los ámbitos político partidarios o en ámbitos de militancias, las mujeres violentadas sepan adónde recurrir.
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