Los magistrados involucrados en el escándalo intentan mostrarse como víctimas
Uno de los jueces que viajó a Lago Escondido, Pablo Yadarola, presentó una denuncia por espionaje en los tribunales de Comodoro Py y la causa le tocó a otro participante en el tour, Julián Ercolini, quien tuvo que mandarla a sorteo. El caso quedó en manos de Ariel Lijo, quien a pedido del fiscal Eduardo Taiano ordenó bloquear el sitio web que difundió los chats del grupo.
A lo largo de los ya famosos chats del grupo de jueces, funcionarios PRO, un exespía y empresarios del charter a Lago Escondido, aparece una idea recurrente entre ellos para disfrazar el cónclave que podía traerles problemas judiciales a los magistrados --valga la paradoja-- y a quien tuviera algún cargo público: el plan de denunciar que hubo espionaje sobre ellos. Ponerse en el lugar de víctimas. Dar vuelta la historia. Al comienzo, la propuesta se basaba en cuestionar que se había revelado un viaje privado, publicado por Página/12. Luego la filtración de las conversaciones del contingente los envalentonó todavía más. Mientras avanzaba una causa en Bariloche por posibles dádivas, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica que los comprometería, el encargado de ir a la ofensiva en los tribunales de Comodoro Py, con esa misma estrategia que figuraba en los intercambios de Telegram, fue uno de los viajeros, Pablo Yadarola: el juez en lo penal económico hizo, en efecto, una denuncia por espionaje en Comodoro Py. Lo increíble fue que le tocó a otro compañero del tour, Julián Ercolini, quien no tuvo más remedio que mandarla a sorteo. Ahora la tiene Ariel Lijo, quien a pedido del fiscal Eduardo Taiano ordenó bloquear el sitio web que filtró los diálogos.
Poco después de la publicación de este diario, el 17 de octubre, que revelaba el tour judicial-político-mediático, el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco hizo una denuncia por posibles dádivas en Bariloche, que quedó a cargo de la jueza federal Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Echepare. Además de las dudas sobre la invitación era difícil imaginar que jueces con dominio en causas de impacto político o que atañen a intereses empresarios se juntaran con directivos del Grupo Clarín y hombres de Horacio Rodríguez Larreta a aprender pesca con mosca, como en cierto momento parecieron querer inventar. A la vez, un integrante del contingente, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, presentó en Comodoro Py una denuncia por la sospecha de que le habían hackeado el celular o robado la línea. Al parecer, la jueza María Servini no quiso intervenir en el caso.
Justo esta semana salieron a la luz dos largas conversaciones en teoría tomadas de su teléfono, donde se advierte que los protagonistas buscan estrategias para aparentar que fue solo un viaje de amigos pagado por ellos mismos, para lo que traman la emisión de facturas a su nombre y piensan como convencer a periodistas para instalar que los espiaron en esa aventura. Hay un chat llamado "Operación de Página12" y otro "Grupo Donatto contrataca". En los diálogos aparecen cada vez más preocupados por las consecuencias judiciales y la denuncia en el Consejo de la Magistratura, y hasta amagan con denunciar al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski. "Nos facturan transfer, alojamiento y media pensión (...) Y se acabó. Después hacemos denuncia x espionaje", aparece en boca de Ercolini. "Denunciar espionaje sería muy interesante", se le adjudica a Yadarola.
La acusación de la fiscalía
El martes último, Echepare firmó un dictamen donde impulsa una investigación contra el grupo, define los posibles delitos y afirma --con evidencias recolectadas-- algunas cuestiones que le dan verosimilitud a lo que dicen los chats que, de todos modos, ella no necesita para respaldar la causa. Su documento muestra que, efectivamente, los jueces Yadarola, Ercolini, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, el camarista de Casación Carlos Mahiques, su hijo Juan Mahiques, jefe de los fiscales porteños, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el ex funcionario de inteligencia Leonardo Bergroth y el experto en campañas digitales Tomás Reinke, viajaron a la estancia de Joe Lewis entre el 13 y el 15 de octubre en un avión privado, que los recibió el presidente de Hidden Lake SA, Nicolás Van Ditmar, como aparece en imágenes de la PSA, y que en otro avión pero de Aerolíneas Argentinas habían llegado los directivos del multimedios Jorge Rendo y Pablo Casey, también imputados, que se juntaron con el resto en el aeropuerto. A la estancia se fueron en camionetas de alta gama.
El eje de esta investigación, donde se presentó con un pedido para querellar el Ministerio de Justicia nacional, bajo instrucciones del presidente Alberto Fernández, es la hipótesis de que funcionarios judiciales y políticos pudieron haber recibido dádivas, ya que el viaje lo habría pagado el grupo de medios y hay dudas sobre el papel de Hidden Lake, empresa a la que Mahiques padre benefició en una sentencia el año pasado donde se discutía la usurpación del territorio. Pero, además, la fiscalía detectó irregularidades con la emisión de las facturas de la estadía, que se hicieron a nombre de quienes tienen cargos judiciales o estatales (pero no de los privados) y con fecha muy posterior al viaje (28 de octubre). No se emitieron facturas para los dos hombres que no son funcionarios y tienen libertad de ser invitados. También habría anomalías con las facturas de los pasajes. Los pagos aparecen al contado, el día del vuelo. Echepare enumeró facturas por 120 mil y 60 mil pesos que le fueron entregadas a nombre de algunas personas del grupo. Pero según informó un especialista del sector a este diario, un vuelo charter en un Lear Jet a Bariloche cuesta alrededor de 36 mil dólares ida y vuelta; y si el avión los esperó, seguramente más. En función de todo esto la fiscalía ordenó medidas de prueba.
Contraofensiva
Los integrantes del contingente se autodenominan en el chat como "grupo huemul" en alusión a un ciervo andino en peligro de extinción. Pese al escándalo que la sola existencia del viaje implica, y lo que pone a la vista sobre el funcionamiento judicial --el sinceramiento de la relación promiscua con grandes medios, la política y la disposición al armado de causas--, algo también reflejado en el último discurso de Cristina Fernández de Kirchner, los involucrados no dudaron en poner en marcha un contraataque, con algo que saben hacer: generar causas. Lo hicieron bajo la acusación de espionaje, una gran ironía en un país que estuvo atravesado por maniobras de inteligencia ilegal sistemática durante el gobierno de Mauricio Macri y que cierto sector de Comodoro Py --en especial en la Cámara Federal-- consideró cuentapropismo.
La denuncia de Yadarola fue presentada el 3 de diciembre: denunció que había visto un tuit que aludía a una filtración de conversaciones que estaban a la venta como pertenecientes un ministro argentino y que lo mencionaban a él. Era el famoso chat, filtrado por el sitio https://breached.vc, conocido como Breached Forums. Los hackers pedían 600 dólares por la información. La denuncia le tocó insólitamente a Ercolini, que era obvio que no podía intervenir. Le pidió entonces a quien estaba disponible, Marcelo Martínez de Giorgi, pero el lunes siguiente se sorteó a Lijo. Martínez de Giorgi tomó medidas urgentes. El fiscal Eduardo Taiano le pidió un informe a la División de Análisis de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, para conocer los dominios de los usuarios y cuentas por las que se hicieron las publicaciones, así como del link patagoniafacts que subió el contenido. Después le pidió a Lijo que mande a bloquear los sitios donde era visible la información.
Yadarola agregaba en su denuncia que el contenido de los chats era falso, algo que comienza a quedar en duda por la investigación de Echepare. En el caso de esta cronista Yadarola alude a tres mensajes enviados antes de publicar la primera nota sobre el viaje a Lago Escondido, con el objetivo de chequearlo, que efectivamente existieron y, tal como figura en el chat, no tuvieron respuesta. Al margen de esto Taiano habla de una hipótesis de "intrusión, interceptación, y/o apoderamiento ilegítimo de comunicaciones, su publicación y difusión, que, a su entender, pudieron afectar al magistrado y también a D'Alessandro. El fiscal Taiano admite el pedido de Yadarola y dice que no puede descartar "una operación de inteligencia". Ese es el objetivo de los "huemules", victimizarse, algo que a esta altura será difícil, pero evidentemente esperan tener aliados en Comodoro Py.
La difusión de las conversaciones filtradas, según dos especialistas consultados por este diario, está protegida por estándares internacionales y hasta de la Corte Suprema, por tratarse de temas de interés público que pueden afectar al funcionamiento del Estado. En los tribunales de Retiro dicen que están circulando otras más, que serían complicadas para D'Alessandro. La denuncia de un supuesto espionaje no debería detener la pesquisa sobre delitos de jueces, funcionarios y empresarios que exhibe como pocas veces la obscenidad del sistema de justicia y sus aliados.