Los Kirchner y los Báez, socios en los negocios de la construcción

El alegato del fiscal del juicio oral y público de la causa conocida como Vialidad Nacional, Diego Luciani, develó nuevas pruebas de las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y el constructor Lázaro Báez.

Luciani pedirá una condena contra la hoy vicepresidenta en este proceso en la que está acusada de desviar fondos del Estado para beneficiar a su socio Báez con alrededor de 46 mil millones de pesos en contratos públicos para levantar infraestructura en la provincia de Santa Cruz, siempre durante las gestiones presidenciales de la familia K.

El fiscal sorprendió con mensajes que se encontraron el celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, secuestrado en aquella madrugada alocada en General Rodríguez en las que el ex funcionario intentó guardar alrededor de 9 millones de dólares, y también euros, en un convento de monjas, que para colmo no eran tales.

Su teléfono era también, en un sentido, un tesoro. Los chats de López revelaron como la propia Cristina Kirchner, siendo Presidenta, y también su hijo Máximo, se ocuparon de las finanzas del holding de Báez, su mejor socio comercial, amigo del fallecido Néstor Kirchner desde las épocas en las que el patagónico no había llegado aún al poder.

Esas pruebas causaron estrépito en las defensas de los procesados. Sobre todo en la vice. Sin embargo, no son los únicos documentos que constan en la causa que señalan cómo Cristina –también Máximo y su marido-, aumentaron su fortuna gracias a operaciones comerciales que hicieron con Báez, en las que éste perdía dinero.

La instrucción del juicio de Vialidad Nacional estuvo a cargo de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, a quienes el juez Julián Ercolini les delegó esa investigación. Los negocios entre Cristina y Báez, a quien ella intentó desconocer cuando declaró en el juicio oral y público, están vinculadas al mercado inmobiliario. Ella estaba al mando de la administración general del país. Báez, vía los contratos públicos de obra pública autorizados por sus socios K, se transformó en un magnate súbito. Esas pruebas aún no fueron mencionadas en el alegato de Luciani. Los fiscales de la instrucción las mencionaron, más allá de las más conocidas alianzas comerciales de Báez con la familia K, el inquilino de tres de sus hoteles, además de rentarles también otras propiedades por precios por encima de la media.

En el dictamen final de Pollicita y Mahiques sobre la causa Vialidad también se remarcan otros pagos autorizados por el Gobierno de los Kirchner a sus empresas constructoras muy particulares: el mismo día que el holding de Lázaro cobraba esa plata que salía del Tesoro Nacional, sus compañías se la giraban a cuentas privadas de los Kirchner. Misma cifra cobrada del Estado, misma cifra pagada a los K. Con centavos incluidos.

No son maniobras singulares ni extraordinarias, creyeron los investigadores primarios de este caso de corrupción. Para ellos, son pruebas de por qué Báez fue beneficiado con 46 mil millones de pesos de contratos para hacer infraestructura en el sur austral, sin control de los organismos encargados de auditar ese tipo de contratos, a lo que se sumó que 49 de los 51 trabajos que debía culminar Báez quedaron a medio hacer, a pesar de que el precio con el que había ganado licitaciones en las que solo él y sus firmas satélites eran los únicos oferentes, fue aumentado a cifras siderales por los funcionarios que respondían a los socios del constructor.

Entre otros casos de los negocios de Cristina Kirchner con Báez se destaca una “permuta” de un terreno propiedad de Néstor y Cristina Kirchner, autorizado por ella, que los K cedieron a la principal empresa de su socio, Austral Construcciones. Se trata del lote identificado como “Quinta 10.A” en El Calafate, que el matrimonio Kirchner había logrado adquirir a pesar de que era tierra fiscal. La permuta era de cumplimiento imposible porque a la fecha en la que supuestamente se concretó ese inmueble no estaba escriturado a su nombre. La operación supuestamente se hizo el 28 de febrero del 2007.

Una maniobra similar pero más significativa de la “generosidad” de Báez con la actual vice también fue el intercambio de una propiedad calafateña. De acuerdo a los papeles que constan en el caso Vialidad, Cristina Kirchner le cedió los derechos que tenía sobre el terreno Lote 2, Manzana 801, Partida Municipal A8-8010-20.

De acuerdo a la versión “oficial” el cambio de manos de esa tierra fue el pago de la vice al constructor por la obra que su empresa Austral realizó en el hotel Los Sauces, por un precio de casi dos millones de pesos: la compañía constructora de Lázaro levantó el spa y el club house de la residencia para turistas que era la preferida de la hoy vice. Lo llamativo, o quizás no tanto, es que ese terreno que ella le entregó a Báez como pago por un trabajo de casi dos millones de pesos, había sido adquirido por los Kirchner a 36.010 pesos. Con 32 centavos. Báez perdió dinero.

Pero hay más: igual que en la cesión del otro lote antes mencionado, este inmueble tampoco estaba escriturado, algo que la familia K recién realizó el 22 de noviembre del 2007. Diez años después, la propiedad continuaba a nombre de Cristina Kirchner y sus hijos. Negocio perfecto.

Báez también compró propiedades a la familia de su amigo en Río Gallegos, como lote uno de la Mitad Noreste del Solar A, Manzana 193 en Río Gallegos. Báez pagó 1.128.500 pesos.

Los nexos comerciales de Lázaro incluyeron a las primas de Máximo, hijas de Alicia Kichner, gobernadora de Santa Cruz. Natalia es fiscal de El Calafate y Romina trabajó asesorando en cuestiones legales a su tía Cristina. Báez, comprador compulsivo de todo lo que los K pusieran a la venta para juntar dinero, pagó por ese otro inmueble 150 mil dólares.La entonces Presidenta le vendió a Báez otro terreno más, Lote 30, Manzana 381, en El Calafate, por 317 mil pesos. 

Para los fiscales Pollicita y Mahiques, estas operaciones, entre otras similares, “permiten demostrar cómo mientras desde el Estado Nacional, los ex presidentes y demás funcionarios vinculados a la obra pública vial beneficiaban a las empresas del Grupo Báez, esas mismas empresas y otras del conglomerado societario favorecían a los Kirchner con negocios millonarios”. Los fiscales redactaron ese párrafo aclarando que esa afirmación se hacía sin tener en cuenta, además, al alquiler de los hoteles de los Kirchner que rentaba Báez mientras también ganaba contratos de infraestructura gracias a sus socios.

Existen además otras pruebas de cómo el dinero público del Estado Nacional bajo control de los Kirchner le transfería dinero a las empresas de Báez que después terminaban en cuentas privadas de la familia K.

En la causa Hotesur, que la Cámara de Casación debe decidir si reabre a juicio oral y público, constan treinta pagos que el Gobierno Nacional le giraba a las empresas de Báez, y que esas mismas compañías transferían a los Kirchner el mismo día que recibían esos depósitos. Las transferencias eran, entonces, inmediatas y exactas, con centavos incluidas: los contratos de Báez hacían que les llegue dinero que él mandaba de modo inmediato y total a negocios K como los hoteles de esa familia, y otras operaciones.

Exacta cifra o diferencia mínima, el mismo día que la plata aparecía en las empresas de Lázaro, se giraban así como llegaban a los Kirchner. Sic.

Un ejemplo entre treinta más, literales, enumerados por Pollicita y Mahiques: el 4 de abril del 2013, Austral Construcciones cobró 245.181 pesos, con 50 centavos. La empresa transfirió 177.172 pesos a la sucesión de Néstor Kirchner, y 68.209 pesos con 50 centavos a la inmobiliaria Los Sauces. La Presidenta era Cristina Fernández.

Matemáticas son matemáticas: doscientos pesos de diferencia entre lo cobrado y lo pagado. Pero existen 29 pagos iguales, exactos, como si el dinero del Estado tendría como destino, más que a Báez, a las cuentas bancarias K.

El fiscal Luciani continuará con su alegato en el juicio oral de Vialidad mañana.