Los tres miembros titulares del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) Jorge Gorini (54 años), Rodrigo Giménez Uriburu (51) y Andrés Basso (51) que condenaron este jueves Cristina Kirchner son de carrera judicial, llegaron a sus cargos por concurso y no se le conocen antecedentes políticos, pese a que la vicepresidenta los acusó de ser parte de un “tribunal de fusilamiento” y de una supuesta maniobra de lawfare.
Los pliegos de Gorini y Giménez Uriburu fueron enviados al Senado en el 2011 por Cristina Kirchner, y el de Basso, también, lo mandó la ex presidenta pero en julio de 2015. Es decir, que la vicepresidenta no podrá decir con argumentos que son jueces del macrismo. Entonces, la presidenta los eligió de una terna que le había elevado del Consejo de la Magistratura, que manejaba ella misma, y sus pliegos fueron aprobados por el Senado con mayoría K.
Gorini y Giménez Uriburu son miembros titulares del TOF 2. En cambio, Basso, es titular del TOF 3, pero en este juicio reemplaza como suplente a Jorge Tassara quien falleció en el 2019.
Desde diciembre de 2019, estos tres jueces fueron sometidos a una presión de parte de Cristina y el resto de su Gobierno sin precedentes en la historia de la democracia: recusaciones, pinchaduras de teléfonos, campañas mediáticas y amenazas. Mientras la vicepresidenta dispuso sin éxito más de veinte medidas administrativas y proyectos de ley para tratar de quebrar a la justicia federal argentina.
Son más jóvenes que los jueces de instrucción y los de la cámara federal porteña y de la Cámara Federal de Casación penal que intervinieron en la instrucción de la causa porque los tribunales orales son relativamente nuevos. Fueron creados en base a una reforma del ex ministro de Justicia León Arslanián durante la presidencia de Carlos Menem.
Estos jueces iniciaron la instancia de debate oral en mayo de 2019. El 2 de diciembre de ese año, Cristina Kirchner en una actuación política los acusó a ya haberla condenado, de ser el brazo ejecutor del lawfare, que ellos iban a tener que responder preguntas y que a ella la “historia ya me juzgó”.
Aquel día permanecieron impertérritos ante los insultos de la vicepresidenta pera evitar ser recusados.
Antes de esta sentencia por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos públicos a favor del empresario K Lázaro Báez había intervenido, en forma individual o en otros tribunales, en los juicios orales por el supuesto encubrimiento del ataque a la AMIA, la venta a precio vil del predio de Palermo a favor de la Sociedad Rural, y la Tragedia de Once.
También intervinieron en otros juicios como las muertes del 20 de diciembre de 2001 ocurridas durante la caída del ex presidente Fernando De la Rúa, la bolsa de la ex ministra de Economía Felisa Miceli con 240 mil dólares, el caso del fraude al estado Oil Combustibles de Cristóbal Lopez en el que resultó condenado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y la administración fraudulenta de la ex ministra de Medio Ambiente K Romina Picolotti.
En cambio, en el juicio por el supuesto encubrimiento en la causa AMIA, el ex presidente Carlos Menem resultó absuelto en ese juicio, pero su ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el primer juez que investigó el atentado, Juan José Galeano, y el reducidor de autos José Telleldín, fueron condenados.
Gorini empezó su carrera en la justicia de instrucción donde fue 10 años secretario letrado. Después, fue defensor oficial en la justicia porteña y en 2005 ganó el concurso para ser juez penal de primera instancia, pero estuvo pocos meses en ese cargo porque fue nombrado subrogante en un tribunal oral de Comodoro Py.
Hasta que ganó un concurso e integró la terna de la cual Cristina lo eligió y lo mandó al Senado en 2015. Además, Gorini integró el Tribunal Nº 4 junto a los jueces María Cristina San Martino y Leopoldo Bruglia que en 2010 absolvió a los acusados de haber causado la tragedia aeronáutica de LAPA, que dejó 65 muertos y alrededor de 17 heridos. Para el TOF, el máximo responsable de la tragedia fue el piloto del avión.
Durante este juicio, la defensa de Cristina recusó a Gorini por haber visitado a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez explicó que la fue a ver porque estaban a punto de quedar firmes las condenas por la Tragedia de Once que había dictado y no quería que se filtraran fotos de la detención delos ex secretarios de Transporte K Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi como había sucedido con Amado Boudou. Además, como dato de color, Gorini es jurado de boxeo profesional. Desde que se casó, en 1994, vive en el barrio porteño de Villa del Parque.
A los tres jueces del caso Vialidad les vulneraron sus declaraciones juradas de bienes, que aparecieron en forma extraña abiertas en una oficina del Consejo de la Magistratura por desconocidos que no se robaron nada en el lugar.
Giménez Uriburu entró a Tribunales como empleado meritorio de un juzgado de Instrucción, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA). Cinco años después, pasó a Comodoro Py como relator de un tribunal oral. Durante un tiempo trabajó en 1999 en el juzgado de Galeano para la elevación a juicio del caso del ataque terrorista a la AMIA.
Entre las causas claves que tuvo están la tragedia de Once y el caso por las muertes del 20 de diciembre, en el que condenó al exsecretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Rubén Santos.
Giménez Uriburu también fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner durante este juicio. Luego de una campaña mediática, lo denunció por compartir equipo de fútbol con el fiscal del caso Vialidad, Diego Luciani, y haber jugado en el torneo de la cancha de la quinta Los Abrojos, de Macri, que también participaba de los campeonatos allí. Giménez Uriburu aclaró que desde 2007 -cuando recibió esta causa- ya no jugaba ese torneo y que nunca había compartido un partido con Macri. En septiembre pasado, denunció que le habían hackeado su teléfono celular.
Basso comenzó su carrera judicial en los tribunales federales de La Plata donde se graduó en la Universidad Nacional de esa ciudad, después trabajó en los juzgados de Lomas de Zamora y desde 2015 es juez en Comodoro Py. Es docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación y Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Entre las sentencias que dictó Basso están la absolución del ex reducidor de autos robados Carlos Telleldín en el segundo juicio por el atentado a la AMIA y la condena al extitular de la AFIP Echegaray en el caso de Oil Combustibles. En ese juicio, Basso votó en soledad por condenar también a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, que fueron absueltos por mayoría.