Luiz Inácio ‘Lula' da Silva (PT) y Jair Bolsonaro (PL) irán a segunda vuelta, tras obtener 47,93% y 43,63%, respectivamente, con el 97,45% de las mesas escrutadas.
Ninguno de los candidatos logró el 50% más uno de los votos válidos que se necesitaba para ganar en la primera vuelta. Simone Tebet (PMDB) y Ciro Gomes (PDT), quedaron en el tercer y cuarto puesto, con 4,21% y 3,05%, respectivamente.
Las encuestas previas a las elecciones le daban al candidato del Partido de los Trabajadores una diferencia de entre 10 y 15 puntos porcentuales sobre el presidente brasileño -incluso algunas lo posicionaban como ganador en primera vuelta-, pero Bolsonaro logró recortar la brecha e incluso es probable que el estrecho margen le dé impulso de cara al ballotage, el próximo 30 de octubre.
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No obstante, muchos temen que la segunda vuelta podría aumentar la feroz polarización y la violencia política que se vivió durante la primera parte de la contienda: en los últimos meses se registraron cuatro muertes, tres militantes del PT, y un seguidor de Bolsonaro. Un mensaje de "paz en las elecciones" proyectado sobre el emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro resumió el clima en las calles en el tramo final de la campaña.
El propio Bolsonaro se encargó de escalar la tensión al cuestionar por meses el sistema de votación electrónica -que Brasil utiliza hace más de 25 años- y sembrar incertidumbre sobre si aceptaría el resultado de las elecciones, emulando el accionar del expresidente norteamericano Donald Trump.
Lula cuenta con un fuerte apoyo entre los sectores más vulnerables en un país donde 33 millones de personas pasan hambre y la inseguridad alimentariapobreza desde la pandemia y 35% de la población vive con menos de u$s 95 al mes. De hecho, gran parte de la base electoral de Lula se encuentra en el Nordeste, una de las regiones más pobres del país.
Lula volvió a la escena política el año pasado cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló las condenas penales en su contra y le devolvió sus derechos políticos. El STF consideró que Sergio Moro, juez del caso Lava Jato y exministro de Justicia de Bolsonaro, no tenía jurisdicción para actuar en esas causas y que había sido parcial contra el expresidente.
Lula tenía cuatro causas por corrupción, todas conectadas con el Lava Jato: una por el tríplex de Guarujá, otra por su casa en Atibaia (ambas ratificadas en segunda instancia con penas de 12 y 17 años de prisión); y por el Instituto Lula. Por la causa de Guarujá, el exmandatario estuvo 580 días preso y no pudo competir en las elecciones anteriores. El líder del PT había elegido al exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad como su candidato, pero perdió con Bolsonaro en segunda vuelta.
Ahora Lula se enfrenta directamente con Bolsonaro -hasta 2018 un legislador poco conocido que hizo campaña en base a su férrea oposición al PT- que tiene una imagen negativa cercana al 50%. El mandatario de derecha es rechazado por gran parte de la población debido a su retórica autoritaria; su discurso machista y el desprecio a las minorías; y la fuerte presencia que tomaron las Fuerzas Armadas durante su gestión, en el gabinete y con espectaculares desfiles militares que incluso resucitaron temores de un golpe de Estado.
Bolsonaro también ha sido fuertemente por su gestión del coronavirus, desde su dura oposición a la cuarentena, que lo puso en pie de guerra con varios gobernadores; hasta su posición antivacunas, el retraso en la campaña de inmunización, entre otras polémicas. Casi 700.000 brasileños han muerto por Covid-19 desde el comienzo de la pandemia.
Sin embargo, el actual mandatario ha cultivado apoyos en varios sectores de la sociedad brasileña. Uno de ellos es el interior rural y el agro, que representa el 27% del PBI brasileño y ha sido fuertemente respaldado por Bolsonaro con medidas para impulsar el agronegocio y su inacción frente a la deforestación del Amazonas. Ese apoyo también se ve en el Congreso: los legisladores que representan a las regiones agrícolas están entre sus aliados más cercanos.
Otros grupos con peso específico son los camioneros y los evangelistas -que ya son más del 30% de la población y superarán a los católicos en la próxima década. De hecho, la primera dama, Michelle Bolsonaro, es una reconocida evangelista que tomó protagonismo en el último tramo de la campaña, buscando aumentar la popularidad de su marido en ese sector y con entre las mujeres.
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En estas elecciones no sólo se juega la rivalidad entre ambos líderes -dos de los pocos presidentes brasileños que han engendrado movimientos homónimos, el 'lulismo' y el 'bolsonarismo'- sino que también representan un choque entre dos visiones completamente distintas para la mayor economía de América latina, que en la última década sufrió dos recesiones; un crecimiento con un promedio anual de sólo 0,15%; y una fuerte escalada de la inflación desde 2021 (especialmente en alimentos y combustibles) que recién comenzó a revertir a partir de julio.
Con una mirada progresista, Lula defiende -aunque con un discurso moderado para no ahuyentar al empresariado brasileño- una mayor participación del Estado en la economía y dijo que eliminará el techo de gasto (una ley que ata el límite del gasto público a la inflación del año anterior y es uno de los principales ejes de la disciplina fiscal brasileña).
Del otro lado, Bolsonaro y su ministro de Economía Paulo Guedes, han impulsado políticas de libre mercado y una agenda de privatizaciones, algunas resonantes como la de Eletrobras, la mayor empresa de energía de América latina. Incluso ha coqueteado con la posibilidad de privatizar Petrobras.
Más allá de los resultados, el próximo ocupante de Planalto deberá lidiar con el ‘Centrão', el poderoso bloque con legisladores de diferentes partidos-en la Cámara Baja representa casi la mitad- con una fuerte conexión territorial y sin una ideología definida.
En estas elecciones -además, de presidente, vicepresidente y gobernadores- se renovaron las 513 bancas de Diputados y un tercio del Senado. "En general, el Centrão se impondrá. Esto se debe a su increíble presencia en todo el país". No obstante, "se unirá a quien tenga el poder" concluyó Mario Marconini, CEO de Teneo, en una nota del Financial Times.