El TOF 7 convocó a la fiscalía, querellantes y defensas a presentar su lista de testigos y pruebas para el juicio por dos contratos de la empresa AySA. Los acusados son De Vido, López, Baratta y empresarios.
Uno de los tres expedientes vinculados al escándalo de coimas del gigante brasilero Odebrecht en el país, avanza hacia el inicio del juicio oral. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) inició la etapa de ofrecimiento de pruebas en la causa que investigó los presuntos sobornos por parte de la firma y sus socios argentinos a ex funcionarios kirchneristas para obtener los contratos de construcción de dos obras para la empresa estatal AySA. En el caso están procesados Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, los ex directivos de AySA Raúl Biancuzzo y Carlos Ben, los empresarios Carlos Wagner y Aldo Roggio, entre otros. Los delitos son coimas en algunos casos y administración fraudulenta.
Odebrecht, la compañía implicada en el proceso por corrupción brasileño Lava Jato, admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista.
El primero de los proyectos bajo la lupa era la construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, que fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, “Supercemento” -16,66%-, “Benito Roggio e Hijos” -16,67%- y “José Cartellone Construcciones Civiles”, con una participación de 16,66%.
El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas “Camargo Correa -60%- y “Esuco” -40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.
Cuando el juez federal Sebastián Casanello dio por clausurada la investigación y elevó el caso a juicio oral, dio por corroborado que se "celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos".
Convalidando estos planteos, dos organismos del Estado bajo la actual gestión pidieron que los 26 imputados vayan a juicio oral, y en base a eso se formuló la acusación que se leerá en el juicio oral y que los llevó a todos a dicha instancia.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) ,integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, tiene a cargo este caso. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que ya se firmó el Decreto para que todas las partes implicadas realicen el ofrecimiento de prueba, es decir sugieran que otras medidas deben realizarse y qué testigos quieren que declaren en el juicio.
Una vez que todos realicen esta presentación, como también la fiscalía a cargo de Fabiana León, el Tribunal decidirá qué acepta y qué no y fijará una fecha de inicio para el debate.
Con el escenario electoral que marcará el ritmo de la política este 2023, Comodoro Py evita que los juicios terminen envueltos en esa dinámica. Ante tal circunstancias, fuentes judiciales indicaron que “los trámites para que los juicios inicien son independientes de lo que ocurra con las elecciones y la agenda de cada tribunal responde a la realización de los debates porque hay casos elevados hace más de tres y cuatro años”.
Cuando se elevó a juicio el expediente Odebrecht-Aysa, Casanello dio por "acreditado que las UTE conformadas por Odebrecht, Supercemento, Roggio y Cartellone -en el caso de Paraná de las Palmas-; y Camargo Correa y Esuco -en Berazategui- resultaran adjudicadas" para luego "otorgarles, además -en ambos casos-, beneficios tales como obras adicionales, redeterminaciones de precios, adelantos financieros y extensiones en los plazos de ejecución, causándose un perjuicio en el Estado Nacional".
Es ésta la primera parte de la acusación, vinculada a la defraudación al Estado, al manejo irregular de los contratos para la construcción de la planta potabilizadora. Ese circuito de direccionamiento de los contratos y costos por encima de lo determinado inicialmente, dijo el juez del caso, generó que el Estado se vea “privado de obtener mejores ofertas por la ausencia de competencia, debió afrontar mayores costos finales y soportar graves dilaciones en la entrega de las obras".
Licitaciones simuladas
Todo ese mecanismo tuvo como protagonistas a los funcionarios que “apartándose de los principios elementales que rigen las contrataciones públicas y en clara violación a los deberes impuestos por las normas que rigen su actuación". Por eso se dijo que en este caso, “nos encontramos ante licitaciones simuladas que funcionaron como un disfraz para dar apariencia de legalidad formal a decisiones que se habían concebido con anterioridad".
Todo ocurrió entre 2007 y 2014: desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos. Para la fiscalía, el terreno en que se desarrollaron los sucesos también tiene dos planos.
El circuito de coimas es otra parte de este expediente. Durante la instrucción se indicó que que las irregularidades detectadas en ambas licitaciones "desnudaron el actuar interesado de los funcionarios en favor de las empresas adjudicatarias de las obras, todo ello en perjuicio del Estado quien debió afrontar mayores costos e injustificados retrasos en la entrega de las obras".
Esto tenía otra finalidad, ya que según el juez el "direccionamiento de las licitaciones" comenzó "antes de que se formularan los requerimientos de contratación por parte de la empresa AYSA, en tanto que los beneficios y ventajas ilegales acordadas entre funcionarios y particulares de las empresas se extendieron durante la ejecución de las obras".
Odebrecht confesó que utilizaba un mecanismo sofisticado para efectuar los pagos ilegales, es decir, coimas. "Dicho mecanismo estaba conformado por una contabilidad paralela y un sector de la empresa dedicado sólo a la gestión de los pagos ilegales que eran mayormente canalizados a través de cuentas y sociedades offshore, ello con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero", resaltó el juez.
Los pagos espurios se realizaron a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y tuvieron como "destinatarios finales funcionarios públicos argentinos. Los pagos, según la prueba colectada. se realizaron en dos etapas: la primera con el propósito de obtener la adjudicación de los contratos y la segunda con el fin de destrabar pagos adeudados".