Sumando todas las prórrogas que le concedieron -con sus correspondientes aumentos en los presupuestos- Lázaro Báez obtuvo en total, un plazo de 63,3 años para terminar 51 contratos viales. Abandonó la mitad. Durante las jornadas de su alegato, la fiscalía del juicio por corrupción en la obra pública expuso que además, el Grupo Austral de Báez no contaba con capacidad de contratación y de construcción para haber ganado licitación tras licitación, pero siempre ganó. Se aprobaron modificaciones de costos y plazos “sin justificación, porque no disimulaban los beneficios”. Además, se creó "una circuito de pagos exclusivos" para el contratista K. Este martes, la fiscalía fue taxativa al explicar porqué recibió tantos beneficios: "Porque ya no caben dudas de que Báez era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner".
Durante la quinta audiencia de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la fiscalía se refirió a "un cúmulo de ilegalidades e irregularidades" que tuvieron curso a favor de Báez. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola usaron otra expresión: "hubo un mecanismo sincronizado de corrupción".
La maniobra denunciada y que llevó a Cristina Kirchner a su primer juicio oral por presunta corrupción, sostiene que se montó una estructura desde el Estado para “favorecer al Grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Las “acciones u omisiones" por parte de distintas agencias del Estado evidencian "como común denominador el beneficio de empresas vinculadas a Lázaro Báez" generando "un perjuicio económico para el Estado Nacional".
El fiscal Luciani fue contundente: “el perjuicio se encuentra por demás acreditado”. Para fortalecer su acusación, retomó las conclusiones de la pericia que analizó cinco de las 51 licitaciones adjudicadas a Báez; sostuvo que "los sobreprecios existieron" y que "el muestreo realizado es una herramienta más, ya que para esta fiscalía el perjuicio está más que acreditado”.
El punto A de la pericia que se mencionó durante la audiencia debía determinar si existieron “sobreprecios en la confección de los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas particulares como así también en las ofertas realizadas por las empresas adjudicatarios”. Quienes se pronunciaron al respecto fueron el perito de la Corte Eloy Bona, por la fiscalía Roberto Panizza y en representación de Cristina Kirchner, la perito Adriana Alperovich.
La fiscalía se concentró en este primer punto: los sobreprecios. “Es evidente la existencia de sobreprecios. En tan sólo cinco de las 51 obras lograron quebrar la triste barrera de 220 millones de dólares de sobreprecio”, remarcó Luciani.
Sobre este punto, el perito de la Corte Eloy Pablo Bona determinó que en las cinco obras analizadas los sobreprecios fueron de 170 millones de dólares con respecto al presupuesto oficial, y más de 198 millones de dólares con respecto a las ofertas de las empresas de Báez en las licitaciones.
Por su lado, el perito por parte de la Fiscalía halló sobreprecios de 173,5 millones de dólares respecto a la sumatoria de los cinco presupuestos, y respecto a los presupuestos de adjudicación, la diferencia fue de 202,1 millones de dólares respecto a los montos pagados.
En oposición a estos planteos, la perito de parte de la ex Presidenta, Adriana Alperovich consideró que “los valores se encuentran dentro de valores que se corresponden con valores medios a la fecha de cada obra”. De hecho, concluyó que el Grupo Austral ofertó 71 millones de dólares por debajo de los costos oficiales. Es decir que, según la perito de Cristina, Lázaro Báez perdió plata.
Al ver estos números “nos preguntamos a qué responde la diferencia en los resultados obtenidos entre el perito oficial, como el de la fiscalía y los resultados a los que arribó la perito designada por Cristina Kirchner”, dijo retóricamente el fiscal Luciani, y desde entonces desmintió dato por dato el informe de la ingeniera Alperovich, a quien acusó de “forzar los números para que se acerquen a los costos oficiales, pero carece de toda veracidad”.
Con el apoyo de gráficos y documentos, Luciani expuso las contradicciones de Alperovich, entre las cuales sobresalieron la incoherencia de los precios de la carpeta asfáltica admitidos por la perito -más barata que el enripiado, por ejemplo, o más barata en una obra de noviembre de 2011 que en otra de mayo de ese año, pese a la inflación-, o los cambios en el precio del metro cuadrado de asfalto entre una ruta y otra, o las inconsistencias respecto del costo de transportes y fletes.
Previo a este análisis, el fiscal Sergio Mola se había referido a un “mecanismo sincronizado de corrupción”, diseñado “para ocultar las falencias del grupo Báez, para nunca quitarle las obras y garantizar el flujo de fondos de manera ilegal y constante”. ¿Cómo se hizo esto? “Aprobando modificaciones de plazos de obra, firmando las redeterminaciones de precios injustificados que funcionó como un elemento de la maniobra ilegal sobre obras que ya tenían sobreprecios exorbitantes, otorgando obras a alguien sin capacidad, y nadie controló nada”.
En al menos seis veces a lo largo de la audiencia, y frente a diversos ejemplos "que exponen la cantidad de irregularidades existentes", el Ministerio Público Fiscal concluyó que la única explicación "para todo estos beneficios sin que nadie objete ni controle durante doce años, es que Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner, y de eso ya no cabe ninguna duda. Diseñaron un plan que cumplieron al pie de la letra para beneficiar a quien era su socio comercial, un esquema para sustraer fondos del Estado para beneficio personal", remarcó Luciani.
Además de los millonarios sobreprecios, para la fiscalía uno de los "mecanismos de corrupción" instaurados se oficializó a través de una resolución Vialidad Nacional de mayo de 2010, "que autorizó el pago anticipado de obras" con mayor celeridad. El fiscal expuso un cuadro que colocó al Grupo Austral "como beneficiario exclusivo de este circuito".
La fiscalía concluyó: "Corrompieron un fin noble que era un sistema de pagos anticipados en casos extraordinarios, pues casi ninguna empresa utilizó esta herramienta salvo Lázaro Báez, sin explicar ni fundamentar bajo qué justificativos. Esto fue arbitrario, fue un privilegio, hubo un fin espurio incompatible con una sana administración pública. Hubo un pacto venal".
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