Planes sociales en escuelas: tras las críticas, el fuerte mensaje de la Ciudad a Nación

La medida anunciada por la Ciudad, sobre la quita de los planes sociales “Ciudadanía Porteña” a las familias que no manden a los chicos a la escuela, generó este martes fuertes cruces entre la oposición (que criticó duramente la decisión) y la Ciudad.

Desde el gobierno porteño, en tanto, redoblaron la apuesta y le pidieron a Nación que haga lo mismo con los planes sociales que manejan y que también tienen como requisito que los chicos estén escolarizados, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

La ministra de Educación porteña Soledad Acuña, le envió una carta a Fernanda Raverta, titular de Anses, en la que le le explicó el sentido educativo de la medida y le pidió una mesa técnica para compatibilizar la nueva información sobre alumnos regulares que surge de la nueva resolución con los registros de la Anses.

“La enseñanza y el aprendizaje son un proceso donde las actividades que se despliegan requieren de instancias secuenciadas y periódicas que permitan abordar los contenidos de forma integrada y siempre en relación con los saberes previos y posteriores. En ese sentido, la asistencia de los/as estudiantes es fundamental para el abordaje de los contenidos secuenciados, siendo el ausentismo un obstáculo al proceso de aprendizaje”, le escribió Acuña en la carta.

El jefe de Gobierno porteño, por su parte, pidió a Nación que “acompañe la medida a todo el país con planes sociales nacionales. Muchos de los planes tienen contemplada la contraprestación en la obligatoriedad de mandar a los chicos a la escuela, pero no alcanza con presentar un certificado anual de alumno regular”, dijo.

“En la Ciudad hoy hay 70.000 titulares de la AUH y para seguir cobrándolo los adultos tienen que presentar el certificado de alumno regular antes de diciembre. Si Anses no hace los cambios y no se adecúa a la nueva definición de alumno regular que establecimos, los directores de escuelas no van a poder emitir este certificado. Por eso les estamos pidiendo la mesa técnica”, le dijo Acuña a Clarín.

La ministra agregó que también le pide que, en base a los nuevos criterios de alumno regular (bimestral y con el 85% de asistencia), Anses haga los controles sobre el cumplimiento de la contraprestación educativa requeridos para la AUH u otros programas a cargo de la Nación.

Por la mañana, Larreta junto a los ministros a Acuña, María Migliore (Desarrollo Humano) y Felipe Miguel (jefe de Gabinete) presentaron la nueva medida en conferencia de prensa.

“Vamos a seguir de cerca la obligación que tienen las madres y los padres de llevar a los hijos a la escuela. La evaluación de la regularidad va a ser cada dos meses. No vamos a enterarnos a fin de año si el chico es regular, ya es tarde”, dijo Larreta.

“Los chicos tienen que estar en la escuela y la política social tiene que promoverlo. Por eso, quienes no manden los chicos van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña. Ya estamos haciendo los cruces de datos y a partir de septiembre vamos a notificar a las familias que no cumplan con la regularidad. Y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses, no vamos a esperar hasta fin de año”, agregó.

Fuertes críticas

Las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. La primera en cuestionar la iniciativa fue la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. A través de cuenta de Twitter, sostuvo que la medida constituye “un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda”.

“Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo”, afirmó.

En la misma línea se expresó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien a través de Twitter sostuvo que su anhelo es que “los funcionarios de la Ciudad trabajen para solucionar alguno de los problemas y no para generar otros nuevos”.

Su par de Educación, Jaime Perczyk cuestionó que la sanción recaiga en los estudiantes: “Si el papá no cumple con algo se verá con ese papá”.

Desde el gremio docente porteño UTE-Ctera también criticaron la medida, a la que calificaron de “un nuevo anuncio de marketing y discriminación”. “Es un nuevo anuncio que despliega odio de clase y estrategias de marketing político como acostumbra la gestión neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires. Este anuncio omite la responsabilidad de la gestión de la falta de vacantes, principalmente para las familias más vulneradas y omite la baja sistemática del presupuesto que hacen desde que gobiernan esta jurisdicción”, escribieron en un comunicado.

Desde la CTA de Hugo Yasky se pronunciaron en similares término.

La defensa de la medida

Frente a las fuertes críticas, desde la administración porteña salieron a defender la medida. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, dijo que “nuevamente el kirchnerismo se opone a que los chicos vayan a la escuela. Es increíble que haya gente que se opone a esta medida. Lo que estamos pidiendo es que vayan sus hijos a la escuela”.

En la misma línea salió el ministro de Gobierno, Jorge Macri. “Excelente decisión. Los chicos tienen que estar en la escuela. Y las reglas tienen que ser claras”.

El ex ministro de Educación de Cambiemos Alejandro Finocchiaro dijo que “poner a la escolaridad como contraprestación de la asistencia social es central si realmente queremos apuntar a la promoción, a la movilidad social ascendente y no a la mera supervivencia. Los chicos deben estar en el aula, siempre”.

La voz de los especialistas

Expertos consultados por Clarín también apoyaron la medida. “Es responsabilidad del Estado hacer cumplir las leyes. Una de ellas establece la obligatoriedad de las familias de enviar a sus hijos a la escuela. Así como es obligación del estado brindar un servicio educativo de calidad para todos. Los planes sociales que establecieron la condicionalidad de que los niños y jóvenes asistan a las escuelas se deben hacer cumplir. Y ese cumplimiento comienza en las mismas escuelas estableciendo buenos vínculos con las familias y registrando las ausencias que se produjeran”, dijo Susana Decibe, ex ministra de Educación.

Por su parte, la especialista Inés Aguerrondo dijo: “Estoy de acuerdo. Hay antecedentes en la Ley 1.420 en donde claramente el Estado hace cumplir los derechos que legisla. No es agresivo, es un derecho que los chicos. Y una punta de volver a una institucionalidad no declarada sino vivida”.