Luego de la crisis desatada a fines de 2001 y sus consecuencias en 2002, tuvo lugar una franca recuperación económica. Pero este ciclo duró poco. La baja en el ritmo de inversión productiva y de creación de nuevos empleos, la pérdida del superávit fiscal y comercial, derivaron en una nueva caída en la productividad media y en nuevos desequilibrios macroeconómicos.
El equilibrio social logró mantenerse a través de gasto público y políticas de consumo que mantuvieron el nivel de actividad de amplios sectores del mercado interno. Las tasas de pobreza medidas por ingreso tuvieron sus mejores momentos recién en la segunda década del siglo XXI, e incluso bajo dos escenarios excepcionales y de signos políticos muy diferentes, la primera en los años 2011 y 2012 y la segunda durante 2017.
En ninguno de ambos casos, las mejoras logradas en el bienestar social fueron sostenibles. La segunda década del siglo veintiuno es heredera de la imposibilidad de adoptar políticas económicas de crecimiento sostenible con equilibrio social, a través de un Estado fuerte y responsable en sus finanzas públicas, que sea capaz de superar el estancamiento, incentivando a la generación de una mayor oferta de bienes y servicios, mayor inversión y empleo, expandiendo tanto el mercado interno como el mercado externo, articulando equilibrio fiscal con equilibrio social.
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Por el contrario, antes incluso de la irrupción de la pandemia, la década termina con estanflación y una nueva crisis de deuda, tanto interna como externa. Durante el Covid-19, si bien no tuvieron lugar cambios estructurales, y la pobreza aumentó a niveles superiores al 45%, la situación estuvo lejos de otros escenarios críticos, y el sistema productivo y los sectores más vulnerables fueron subsidiariamente protegidos.
De ahí que, luego de la fuerte caída de la economía, el empleo y el bienestar durante 2020, le devino una rápida y fuerte reactivación económica, acompañada por un aumento de la inversión pública y privada. Pero la contracara de estos esfuerzos son la alta inflación, la inestabilidad cambiaria y la creciente incertidumbre económica. A todo lo cual se suma la imposibilidad de abordar estos problemas por fuera de una grieta político-ideológica alejada de los problemas de la sociedad.
Las privaciones multidimensionales que combinan la pobreza por ingresos y carencia, en cuanto al acceso de derechos sociales fundamentales, son una buena medida de una pobre performance alcanzada durante la segunda década de este nuevo siglo, y los efectos de sus diferentes crisis.
Si en la contabilidad social medimos el acceso a la salud y la alimentación, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, al trabajo y aun hábitat saludable, entre 2010 y 2022, casi sin cambios relevantes, el 70% de la población ha estado afectado en al menos uno de estos derechos fundamentales, el 48% en al menos dos ellos y el 30% en tres o más.
En términos poblacionales, esta última cifra implica que al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social. Aún con variaciones positivas por momentos, el análisis dela tendencia general muestra que en 2022 los hogares y la población de la Argentina urbana no experimentaron mejoras significativas en el acceso al bienestar respecto a 2010. Si a esto le sumamos la condición de pobreza monetaria, el deterioro social de los últimos años se hace más que evidente: casi el 39% de la población ha pasado a estar afectado por al menos un derecho social fundamental y al mismo tiempo es pobre por ingresos, y casi el 23%de los cuales sufre además tres o más carencias. Y ambos indicadores continúan en aumento.
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La contracara de este deterioro social es que sólo el 28% de la población no es pobre en carencias sociales ni en ingresos, a la vez que las brechas de desigualdad se amplían cada vez más. En el medio de la estructura social, un 33% de hogares de clases medias tradicionales o bajas tienen un creciente riesgo de caer en la pobreza. Esta misma dinámica también se evidencia si sólo contabilizamos las tasas de indigencia y de pobreza monetaria.
Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina, actualmente: 43,1% de pobres por ingresos y 8,1% de indigentes. En 10 años ha crecido en más de 15 puntos porcentuales la pobreza: ¿Quiénes son estos nuevos pobres? Clases trabajadoras de sectores medios y populares, vulnerables a las crisis, a la falta de trabajo y a la inflación. Mientras tanto, los pobres estructurales logran protegerse reproduciendo una economía informal de subsistencia, que no los saca de la pobreza, pero al menos la alivia.
En este último año, incluso, a pesar de los desequilibrios macroeconómicos y la creciente inflación, la pobreza monetaria parece haberse estabilizado, e incluso, la indigencia ha logrado retroceder. Esto también se refleja en los indicadores de inseguridad alimentaria moderada y severa, los cuales han tendido a caer en el marco de una mayor asistencia social y aumento del empleo informal. Detrás de este proceso se registran aumentos significativos en la cantidad de percepciones y/o perceptores en los hogares, tanto laborales como no laborales, fundamentalmente en los segmentos sociales bajos y muy bajos.
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El crecimiento económico, las exportaciones y la existencia de un sistema productivo resiliente, aunque con mayores desigualdades estructurales, hace posible sostener el nivel de empleo y la demanda interna en los sectores productivamente integrados. Por otra parte, entre los sectores excluidos se han multiplicado los trabajos informales, poniendo los hogares mayores esfuerzos, y recibiendo del Estado permanentes líneas de asistencia, las cuales a su vez dinamizan la denominada economía social de subsistencia.
Durante 2022, el 40% de los hogares recibió alguna asistencia social (el 50% de la población urbana ha sido asistida por alguno de los programas o complementos implementados). Sin estas asistencias, la tasa de indigencia habría alcanzado en vez de 8% a casi el20% de la población, y la tasa de pobreza en vez del 43% al 50%. Es cierto que la inflación incide en la dinámica de la pobreza monetaria. Sin ella, es decir, con inflación menor a un dígito, se estima la incidencia dela pobreza podría bajar rápidamente entre 10 y 15 puntos porcentuales. Esto gracias a que emprendedores, trabajadores y hogares harán mejor lo que saben y quieren hacer: mejorar su calidad de vida a través de su trabajo e invertir para un mejor futuro de las próximas generaciones. Pero como ya se ha señalado, no es el incremento de los precios lo que explica el deterioro social crónico y estructural de nuestra sociedad.
Tanto la inflación como el aumento de la pobreza son emergentes de problemas mucho más cruciales. No es el aumento de los precios sino la no de creación de nuevos empleos, el deterioro de los existentes y la caída de las remuneraciones, loque genera estos desequilibrios, y esto no sólo por la puja distributiva en un contexto inflacionario, sino debido a la faltade inversiones que multipliquen la demanda de empleos. Algo que sólo podría lograr la pequeña y mediana empresa, pero que hoy por hoy, no parece incentivada a ello. De ahí que la demanda agregada de trabajo proviene de los trabajos que sí logra autogenerar la economía informal de subsistencia o la llamada economía social, la cual se caracteriza por una muy baja productividad económica, pero de muy alta productividad social para los sectores más pobres.
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