La Provincia de Buenos Aires está discutiendo sus proyectos de presupuesto y de ley impositiva. Lo esperable: cumplen el objetivo político de no generar grandes titulares el año previo a las elecciones. Sin embargo, incuban una herencia difícil de resolver para el próximo gobierno: más planta de personal, más planes sociales, más déficit de empresas públicas y atrasos crecientes en los impuestos patrimoniales y en las tarifas de servicios públicos. Todo producto de un gobierno provincial que prefiere pasar desapercibido sin tomar medidas antipáticas en tanto Nación le siga girando fondos.
El proyecto de presupuesto proyecta un déficit fiscal de $249.000 millones (-0,5% del Producto Bruto Geográfico, semejante al de 2019 pese a que se pagan menos intereses -reestructuración de deuda mediante-, se cobran más impuestos provinciales y nacionales, y a mayores transferencias de Nación). No obstante, no se incluye referencia alguna respecto al desequilibrio persistente de las cuentas públicas, ni a la necesidad de sanearlas. En una clara estrategia de pasar silbando bajito, tampoco encara ni promueve reformas estructurales; como si gastar siempre más de lo que se tiene fuera posible.
Para cubrir el bache fiscal, requiere autorización de endeudamiento por más de u$s 1100 millones; inferior a la del año pasado (unos u$s 1300 millones) en tanto la provincia tiene el mercado de crédito virtualmente cerrado (excepto por colocaciones a municipios y préstamos de organismos internacionales).
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Por el lado de los ingresos, la baja nominalidad incluida en el presupuesto (inflación promedio de 70% vs una proyectada superior al 100%) implicará que los recursos crezcan más allá de lo previsto, generando un gran espacio de discrecionalidad. En igual sentido, el proyecto no incluye transferencias discrecionales por fuera de las previstas en el proyecto de Presupuesto Nacional (FONID, cajas previsionales, entre otras) que sin dudas llegarán en cantidad en año de elecciones (en diez meses de año par ya acumulan $229.000 millones, 25% más en términos reales que en todo 2019).
La propuesta de ley impositiva cumple con la tarea de hacer difícil un debate público honesto bajo el manto de poner topes en los impuestos patrimoniales para la mayor parte de los contribuyentes (en el impuesto inmobiliario urbano el 91% tendrá aumentos inferiores al 60% previsto de inflación y sólo el 0,6% tendrá subas mayores al 75%- agravando el atraso real de estos impuestos, que será aún mayor porque la inflación será superior a la prevista- mientras que en el automotor fija topes del 40% para vehículos valuados en hasta $8.000.000).
Sin embargo, lo que la buena teoría impositiva indica es que cada quien debe pagar por lo que tiene. Fijar topes para algunos y no para otros implica exagerar la progresividad de la estructura impositiva más allá de la realidad patrimonial de cada quien. Revertir el populismo tributario implicará una tarea antipática a los ojos de la opinión pública: fijar aumentos superiores para los contribuyentes con menor patrimonio.
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Pese a la menor recaudación vía impuestos patrimoniales, la presión impositiva se mantiene en 5% del PBG respecto a 2021 (desde 4,8% en 2019) a costa de más impuestos distorsivos -que atentan contra el empleo y el crecimiento- pero invisibles: imparable, el impuesto sobre los ingresos brutos crece 9% real en el año, posicionándose 12% por encima de 2019.
Por el lado del gasto, el proyecto de presupuesto propone una suba del gasto en personal (+6% respecto a 2021, cuando ya se encontraba 1% por encima de 2019: aunque las paritarias implicaron pérdida de poder adquisitivo, aumentó la cantidad de empleados; jubilaciones (+2% real en relación a 2021, al revés de lo evidenciado entre 2019 y 2021, cuando cayeron 3% real), y obra (+70% real respecto a 2021; ver para creer). Los planes sociales, concentrados mayormente en alimentación para niños, mantendrían su poder adquisitivo respecto a 2021 (ya son el doble que en 2019). En tanto, caería el déficit de empresas públicas (-6% vs 2021 aunque en los primeros dos años de gestión aumentó 39% real, ¿aumento de tarifas?) y la cuenta de subsidios (-20% real respecto a 2021, difícil de sostener en año de elecciones; entre 2019 y 2021, congelamiento de tarifas de luz y de transporte mediante, aumentaron 40% real).
En síntesis, una herencia significativamente peor que la de 2019 habiendo desaprovechado la oportunidad de hacer las reformas estructurales que la Provincia necesita (e incluso habiendo desandado algunas ya iniciadas en la gestión anterior): recuperar fondos nacionales de manera institucional, desarmar una ejercitada burocracia de gasto y mejorar una estructura impositiva anti-desarrollo.
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