Rafael Perrotta, abogado, empresario y propietario del diario El Cronista Comercial que en su madurez abrazó los ideales revolucionarios al punto de convertirse en informante del PRT-ERP, era secuestrado hace 45 años por agentes del terrorismo de Estado y desde entonces permanece desaparecido.
El 13 de junio de 1977, a las 15, Perrotta salió de su casa de la calle Quintana, ubicada en el barrio de la Recoleta, a realizar una caminata y fue la última vez que su familia lo vio con vida.
Perrotta nació en 1920, en el seno de una familia que era propietaria de El Cronista Comercial. Estudió en el tradicional colegio marista de Champagnat, y en 1939 ingresó a la Acción Católica.
Cuando Juan Domingo Perón comenzaba su primer gobierno se recibió de abogado y se casó con la arqueóloga Elena Bengolea y supo vincularse a las instituciones más tradicionales de las clases sociales dominantes de Argentina.
"Cacho" Perrotta, como lo conocían sus íntimos, integró el Jockey Club, el Círculo de Armas, el Rotary Club, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y del Foro de la Libre Empresa.
En 1960, tomó el control de El Cronista Comercial y se propuso darle un cambio al estilo del diario, que dejó de ser un mero informante de las tendencias bursátiles y comenzó a publicar investigaciones sobre economía y política. Los cambios también se notaron en su formato cuando, en esos años, El Cronista Comercial abandonó el formato sábana para convertirse en un tabloide.
En esos tiempos, signados por movilizaciones políticas, sociales y culturales que parecían indicar que la historia del mundo daría un vuelco en favor de los desfavorecidos, Perrotta dejó atrás su vocación antiperonista y comenzó a vincularse con los sectores populares y de izquierda.
"Fue un caso excepcional de un dirigente empresarial de la clase alta argentina que participó y se jugó por los ideales que había abrazado en tiempos en los cuales un cambio parecía posible", indicó en diálogo con Télam la periodista y escritora María Seone, autora de "El Enigma Perrotta", una biografía del empresario.
En paralelo, mantenía sus contactos y amistades con personajes que pertenecían a los círculos del poder económico, como José Alfredo Martínez de Hoz (primer ministro de economía del régimen cívico militar surgido tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976) y el almirante Emilio Eduardo Massera.
Mientras la redacción de El Cronista se convertía en un auténtico semillero de periodistas, Perrota obtenía información en base a sus relaciones con el poder que le transmitía a la cúpula del ERP, comandada por Mario Roberto Santucho.
Sus contactos con esa organización armada los tenía a través de Héctor Demarchi, delegado gremial en El Cronista –secuestrado en 1976-- y Javier Coccoz, jefe de inteligencia del ERP, capturado por efectivos del Batallón 601 en mayo del año siguiente.
En reuniones sociales, actores castrenses y futuros funcionarios civiles de la dictadura en ciernes le anticiparon a "Cacho" cómo se gestaría el plan de exterminio que seguiría tras el golpe de Estado de marzo de 1976.
En los meses que siguieron a la asonada, las caídas en el ERP no pararon de sucederse, en especial tras la muerte de Santucho en un operativo del Ejército llevado a cabo en Villa Martelli, y para mediados de 1977, la organización guerrillera estaba prácticamente diezmada.
A las 17.30 del 13 de junio de ese año, la familia Perrotta recibió un llamado de una persona que se identificó como "Carlos", que exigió el pago de un rescate para liberar al dueño de El Cronista Comercial.
Rafael María, uno de los hijos de Perrotta, fue quien atendió el llamado e inició las tratativas con los supuestos captores que dieron instrucciones precisas de la vida de la familia, que comenzó a pedir ayuda entre los conocidos de "Cacho".
Uno de ellos fue el general del Ejército José Carlos Olivera Rovere, que contactó a los hijos de Perrota con el coronel Manuel Morelli, a cargo de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y estrecho colaborador del ministro de Interior, el general Albano Harguindeguy.
Morelli -falecido en 1979- le indicó a la familia los pasos a seguir para que Rafael Perrotta apareciera con vida y recomendó el pago de un rescate. Los hijos de Perrotta accedieron, dejaron el dinero en un lugar convenido de la isla Maciel, y Morelli nunca más los atendió.
En cuanto a la víctima, se sabe que estuvo en un centro clandestino de detención a cargo del 601 donde se lo torturó y luego se los trasladó al COT de la localidad de Martínez, una dependencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, cuya jefatura estaba a cargo del temible general Ramón Camps.
Según se estableció en el informe "Nunca Más" elaborado por la Conadep, sobrevivientes del COT Martínez vieron a Perrotta en ese centro clandestino.
Mariano Balient, Juan Amadeo Gramajo y Jacobo Timerman, periodista y director del diario La Opinión, testificaron haber visto a Perrota en esas mazmorras, incluso cuando era torturado.
En 1997, en un programa de televisión que conducía el periodista Mauro Viale, se difundieron fichas de un interrogatorio a Perrotta supuestamente confeccionadas en el Batallón 601.
Aunque son varias las investigaciones periodísticas y los testimonios de exmilitantes que dan cuenta de los vínculos de Perrotta con la inteligencia del ERP, sus hijos nunca reconocieron que tuviera una colaboración con esa organización.
En diciembre de 2012, el capitán Héctor Vergez, integrante del comando "Libertadores de América" y torturador de La Perla, centro de exterminio de Córdoba, fue condenado a 23 años de prisión.
Al también jerarca del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército se lo sentenció por las torturas y secuestros sufridos por Coccoz y su pareja, María Cristina Zamponi, quien sobrevivió.
Vergez también resultó condenado por las detenciones ilegales de Juan Carlos Casariego del Bel, que era funcionario del Ministerio de Economía, y el abogado Julio Gallego Soto, quienes continúan desaparecidos.
Casariego del Bel y Gallego Soto fueron secuestrados a mediados de 1977 y sindicados por la dictadura como integrantes de una red de informantes del ERP, al igual de que Perrota, cuyo caso sin embargo no se ventiló en el juicio que se le siguió a Vergez.