El fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, presentó este jueves en forma sorpresiva su renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio y evitar así un jury en que se lo investigaba por disolver a una unidad de investigación fiscal para favorecer al dirigente de Camioneros, Pablo Moyano.
Ferrari, quien contaba con el apoyo del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y otros sectores del kirchnerismo duro, presentó la renuncia al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, que comenzará a regir a partir del 1° de octubre, informaron fuentes judiciales a Clarín.
Antes del pedido de juri a Ferrari, Conte Grand dejó sin efecto la polémica disolución de aquella unidad de investigaciones complejas y además y el apartamiento del fiscal Sebastián Scalera de la causa de Moyano para dársela a un fiscal de Avellaneda.
Ferrari no es el único fiscal bonaerense protegido por el kirchnerismo en problemas. La Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, volvió esta semana a pedir que se complete el juicio y la destitución del fiscal de San Isidro Claudio Scapolán investigado por supuestos vínculos con una banda de narcotraficantes.
El 1° de julio pasado, la Coalición Cívica envió una nota al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para volver a reclamar la remoción del cargo del fiscal Scapolán “ante la gravedad, pluralidad y extensión en el tiempo de los hechos y faltas atribuidos” y por haber “perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad”.
La nota, que fue enviada a las autoridades partidarias y parlamentarias de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y firmada por Carrió en su calidad de denunciantes, y por los legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, “obedece a la falta de avances contra ese fiscal por parte de la política provincial”. Para Carrió Scalopán tiene el apoyo del massismo y de dirigentes de Juntos por el Cambio.
Carrió hizo el pedido luego de las declaraciones de la jueza federal de San Isidro y viuda del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, se quejara por haber sido apartada de la causa contra Scapolán.
En cuanto a Ferrari, en junio pasado, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires se declaró competente por unanimidad para investigarlo por haber intentado frenar la causa donde se investiga a Pablo Moyano como miembro de una supuesta asociación ilícita con barrabravas en la causa del fraude contra el club Independiente.
En una resolución, el jurado de enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires rechazó el planteo de nulidad de Ferrari, quien además está acusado de amenazar a sus subordinados en la fiscalía de Lomas de Zamora con fotos en su estado de Whatsapp.
También pidió que la fiscalía de Lomas de Zamora le remita los expedientes con las denuncias contra Ferrari.
Y corrió traslado al Procurador General Bonaerense, Julio Conte Grand, y a la comisión bicameral de la provincia para que “manifiesten su voluntad de asumir el rol de acusador en el proceso”.
En el 2020, Conte Grand había ampliado ante ese Jurado de Enjuiciamiento bonaerense la denuncia contra Ferrari debido a la aparición de cuatro nuevos testimonios que complican la situación de Ferrari, apoyado por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, entre otros.
En el 2020, Ferrari había denunciado a su fiscal general adjunto Sebastián Scalera de ser hipotéticamente “la pata bonaerense” del supuesto espionaje macrista.
En diciembre pasado, Conte Grand había podido a la Suprema Corte que suspenda a Ferrari por haber disuelto la Unidad para Delitos Complejos y Crimen Organizado que tenían las causas por los barrabravas de Independiente y Pablo Moyano y amenazado a sus subordinados con fotos de pirañas muertas, de Hannibal Lecter, lobos mostrando los dientes, miras telescópicas y guantes de box.
En su descargo, Ferrari negó las acusaciones y dijo ser víctima de una “persecución” por parte del jefe de los fiscales de la provincia, que fue promovido por la ex gobernadora de Cambiemos María Eugenia Vidal.
Scaleraes el fiscal que en el 2018había investigado y pedido la indagatoria del hijo mayor de Hugo Moyano y vicepresidente de Independiente.
La disolución de esa unidad fiscal que dirigía Scalera permitió retrasar la causa contra Pablo Moyano que tuvo, hasta ahora,una enorme cantidad de idas y venidas.
Incluso, su abogado, Daniel Llermanos, tiene una denuncia por supuestas amenazas, falso testimonio e instigación a la falsa denuncia de un barrabrava de Independiente contra el fiscal Scalera.
En marzo de 2022 los jueces Pablo Little y Alejandro Rojas de la Cámara Penal de Lomas de Zamora resolvieron anular la resolución de la juez de Avellaneda Brenda Madrid quien sobreseyó al hijo de Hugo Moyano en la causa de Independiente, luego de cambiar de posición.
En tal sentido los jueces de la Cámara afirmaron que “del análisis de la señora magistrada arribó a conclusión diversa a partir de los elementos que apontocó la decisión previa respecto de los restantes (acusados), sin precisar la razón para resolver en un sentido y ahora en otro, para lo que la mera indicación que descarta (definitivamente) la participación del encartado Moyano permita conocer la razón de la modificación en tal sentido.”
Finalmente, la Cámara ordenó que se dictara un nueva resolución que abordara el pedido de elevación a juicio oral presentado por el fiscal en octubre de 2020 contra el Bebote Alvarez, otros barras y Pablo Moyano. Para ello reenvió la causa a la instancia, es decir, al juzgado de garantías interviniente que aún se encuentra subrogado por la juez Madrid.
Pero el fiscal Scalera recusó ala juez Madrid porque ahora debería resolver sobre la indagatoria a Moyano cuando ya había resuelto sobre este mismo aspecto. El fiscal quiere que resuelva otra juez que sea imparcial en el tema.
Pero la jueza Madrid rechazó nuevamente el pedido de la fiscalía y elevó las actuaciones a la Sala 2 de la cámara de apelaciones, ante quien deberá continuar el trámite recusatorio. Es decir, será la Cámara quien en definitiva resolverá el apartamiento o no de la juez Madrid.
Si Madrid resultara apartada deberá sortearseun nuevo juez para resolver en la causa sobre el número dos de Camioneros
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