En medio de la crisis productiva y financiera que provoca la sequía, Alfredo De Angeli vuelve a ser una voz disruptiva, como hace casi 15 años en la histórica discusión de 4 meses por las retenciones.
Ahora, mientras el Gobierno ha reiterado a la Mesa de Enlace que pueden analizar muchas medidas para el sector pero no modificar las retenciones, el carismático productor entrerriano presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación que patea el tablero oficial. El actual legislador nacional fue el protagonista más emblemático del mayor conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno, en 2008, cuando la presidenta era Cristina Kirchner, aunque el liderazgo político seguía en la cabeza de su antecesor, y marido, Néstor Kirchner.
Casualmente, o no tanto, los fundamentos de De Angeli sobre su iniciativa están dirigidos, como corresponde según los protocolos parlamentarios, a la ”Señora Presidenta” (del Senado), que no es otra que quien fuera la jefa de los gendarmes que llevaron preso a De Angeli por liderar los cortes de ruta en cercanías de Gualeguaychú.
El proyecto que entró en la Cámara Alta propone fijar por ley una escala de reducción de los derechos de exportación. El plan prevé una “disminución gradual de las alícuotas de los productos agroindustriales que mayor impacto tienen en la recaudación fiscal (tales como la soja, el maíz y el trigo) y la eliminación de las retenciones de aquellas economías regionales que generan muy baja recaudación”.
Se solicita que para aquellos productos en los que la medida será de mayor impacto fiscal, como el trigo, el maíz, la soja y sus derivados se establezca la reducción gradual del gravamen, en principio en un 50% para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley y de 5 puntos porcentuales anuales hasta la eliminación del mismo.
De Angeli puso en consideración que “si bien el actual gobierno nacional ha eliminado de manera desprolija, y sin entender las necesidades concretas de los productores, algunos derechos de exportación de determinados productos de las economías regionales, es fundamental que desde el Congreso avancemos y eliminemos este gravamen en forma transparente a todas las economías regionales, para estimular la generación de empleo y la reactivación económica en el país”.
El proyecto de ley enuncia el “efecto distorsivo de los derechos de exportación y el impacto negativo sobre la aplicación de tecnología que los mismos generan y que ha significado un retroceso relativo de nuestra producción en relación con países competidores”, y fue acompañado por senadores de todas las provincias que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio.
“Siempre sostuve y voy a seguir sosteniendo lo mismo: en un país federal no pueden existir retenciones”, afirmó De Angeli. Al mismo tiempo argumentó que “definir por ley una escala de reducción de los derechos de exportación de estos productos brindará a los productores mayor certeza cada año al decidir sus planes de producción y obligará a los próximos gobiernos a presentar sus presupuestos sin especular con potenciales modificaciones de estas alícuotas por fuera de la decisión que corresponde al Poder Legislativo”.
La propuesta de De Angeli apunta al corazón de la puja de recursos entre el Estado y el sector agropecuario, que en 2022 generó US$55.000 millones según el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y en un contexto de pérdidas por sequía recibiría exiguos aportes, muy inferiores respecto de lo tributado como retenciones.
Suspenso por las medidas de alivio
Mientras tanto, el Gobierno sigue sin ofrecer señales concretas sobre las medidas de alivio a los productores damnificados, que el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que anunciará el próximo miércoles, 1° de febrero.
La Mesa de Enlace pidió medidas “en detalle” y el Gobierno mantiene el suspenso. La reunión que los representantes del campo tuvieron este jueves con el Gobierno, fue un repaso de las inquietudes ruralistas, pero todos los funcionarios se concentraron en “escuchar” y dejar las definiciones y anuncios para Massa.
El argumento oficial sobre la escasa definición de lo que se podría ofrecer desde el Estado a los productores damnificados es que “se trató de una reunión de técnicos”, y por tanto “no se pueden concretar las medidas que luego anunciarán los responsables” (supuestamente, Massa)… Esa posición es también una manera de restarle autoridad a los demás funcionarios y también de dilatar los tiempos.
Voceros oficiales calificaron a la reunión como “de trabajo, no de propuestas, sobre las ideas que llevaron las entidades. Sobre eso y lo que fueron hablando entre martes y miércoles, en Afip y Banco Nación están analizando las “factibilidades”.
Apenas hubo algunos trascendidos sobre la posibilidad de créditos "a tasas especiales" en el marco de las emergencias agropecuarias dictadas por las provincias. También se analizaría el mantenimiento de las tasas de interés a quienes ya hayan tomado créditos
Respecto de la presión fiscal, desde AFIP contemplarían la devolución de pagos por impuestos o la suspensión del cobro de los mismos por un lapso de tiempo determinado".
Ante la falta de definiciones, los ruralistas reiteraron sus propuestas, sin perder las expectativas, pero pidiendo celeridad.
Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dijo que trabajaron en detalle las medidas impositivas y crediticias que habían dialogado el viernes anterior con el ministro de Economía, en el INTA de Castelar.
Puntualizó que pidieron exenciones de impuestos para las zonas de desastre, la reapertura total del mercado de carne y la unificación cambiaria, porque “si bien hay un escenario de emergencia, de ninguna manera dejamos de lado todos otros aspectos estructurales, como el histórico reclamo por las retenciones. Destacó que “deben atenderse, porque sin esos condicionantes no necesitaríamos medidas de emergencia tan profundas como las que estamos pidiendo”.
Laucirica destacó que "no deben demorarse. Queremos que se agilice la ayuda, porque notamos mucha lentitud para que les lleguen las soluciones a los productores”, reclamó.
El secretario de la Sociedad Rural, Carlos Odriozola, coincidió en que “es fundamental” que se les dé una rápida respuesta a los reclamos del agro. Por eso, resaltó que es importante que se hagan las declaraciones de “emergencia agropecuaria” en las regiones afectadas. “Bastante de estas cosas están incluidas dentro de la Ley de Emergencia, pero el problema es que se instrumentan uno o dos años después”.