En una visita que realizó a nuestro país en 2016, el Secretario del Tesoro de Obama, Jack Lew, lo definió de la siguiente manera: la mejor política económica es la que es políticamente viable. Algo así como que solo es efectiva aquella política que se puede efectivamente implementar. Para entender esa recomendación de Lew, hay que comprender que tener el monopolio de la fuerza no es suficiente para que un Estado pueda implementar políticas públicas, se requiere tener un mínimo de legitimidad social para lograr ese cometido.
El consejo de Lew debe haber estado en la cabeza de Sergio Massa cuando, frente a empresarios en la última reunión del Consejo de las Américas, afirmó que "sin paz social no hay estabilidad macroeconómica". El metamensaje enviado por Massa al establishment fue políticamente muy jugoso de interpretar, no solo porque está insinuando que no hay programas de shock por delante, sino también porque está intentando convencerlos que solo el que puede garantizar paz social, es capaz de ordenar la macroeconomía. Lo que Massa intentó transmitir, es que solo el peronismo puede ser el garante de la paz social en Argentina. Una tesis que ya había sostenido el economista Guillermo Calvo en 2019, cuando sostuvo que "Cristina es lo mejor que le puede pasar al país" porque "va a aplicar el ajuste con apoyo popular".
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La idea de que las políticas hay que implementarlas con legitimidad social (paz social) es la base estructural del único consenso político y social amplio que se ha podido lograr en Argentina en los últimos años: los cambios hay que hacerlos gradualmente, sin que duelan. Muy posiblemente una gran mayoría pueda estar de acuerdo con ello, pero ¿qué pasa si ello no es suficiente?, ¿qué pasa si los desequilibrios se han profundizado tanto que ningún camino gradual es sostenible en el tiempo, debido a que no hay suficiente tolerancia social, ni disciplina política para bancar esa corrección gradual el tiempo que sea necesario? Este es el dilema que atraviesa al proceso político hoy: ¿alcanza lo que está haciendo Massa? Y más importante aún: ¿hay tolerancia social para sostener el "plan llegar"?, ¿se puede hacer lo que está haciendo Massa y conservar la paz social?
Lo que complica la situación es el sistema de incentivos disponibles para guiar la conducta política. El Gobierno tiene las elecciones muy lejos como para aguantar la economía sin hacer correcciones, y muy cerca como para implementar un plan integral de corrección. Da la sensación que el único incentivo disponible es el de hacer lo mínimo necesario para que la cosa no estalle, pero lo máximo disponible para tratar de revertir una elección que se muestra adversa.
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Al estar el incentivo electoral roto desde lo económico (si se hace lo que habría que hacer -plan de estabilización- se podría estar alterando la paz social y complicando más el destino electoral de 2023), uno supone que el oficialismo intentará mejorar sus chances electorales por otros medios: los políticos. Es allí donde hay que inscribir el intento del oficialismo de favorecer un sistema de incentivos que contribuya a dividir a la oferta opositora: suspender la PASO.
Toda regla electoral define el sistema de incentivos bajo los cuales se compite. Al eliminar la PASO, se modifica todo el sistema de incentivos de la competencia, fundamentalmente inhibiendo una instancia que ha sido ordenadora del voto opositor, y fundamentalmente en argentina, ordenadora del voto anti kirchnerista.
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Es cierto que la suspensión de la PASO le quita a la principal fuerza opositora (Juntos por el Cambio) un instrumento para ordenar su desbordada interna. Pero no es ese el principal beneficio para el oficialismo: la principal utilidad de eliminarlas es que desbarata una instancia que facilita un mejor agrupamiento del voto opositor. En un momento donde la mayoría de la gente está enojada con el Gobierno, y quisiera en última instancia provocar su derrota, la PASO ofrece a los votantes información muy precisa de quién está en mejores condiciones de ganarle al oficialismo. Sin esa instancia, la gente iría "ciega" a la elección general sin saber a quién le conviene votar, inhibiendo el voto estratégico o voto útil. Suspender las PASO podría garantizar un sistema de incentivos que favorecerían una mayor fragmentación opositora permitiendo, sino ganar, al menos tener un escenario menos adverso.
Pero habrá que convencer a Cristina Kirchner de la idea, ya que es el principal obstáculo para lograr la suspensión. Cristina ha utilizado las PASO como un mecanismo ordenador de las disidencias internas. Al tener en la fortaleza electoral su principal atributo, nadie se anima a discutirle una decisión si el mecanismo para dirimir la cuestión es electoral. Sin necesidad de usarlas, con la presencia de la instancia, Cristina ya logra un efecto disuasivo sobre las disidencias internas. Si se suspendieran, los sectores potencialmente disidentes (¿Gobernadores?) tendrían más poder de negociación (y más margen para la disidencia) frente a la voluntad de Cristina en la confección de las listas. Teniendo la PASO vigente Cristina gana poder de influencia en la definición de la oferta electoral, sin la PASO tendría que discutir la confección de la oferta electoral por otros medios, seguramente no tan efectivos.
En definitiva, mientras el oficialismo intenta comprobar si puede enderezar el rumbo de este barco sin shock, no sabiendo si habrá paciencia social ni disciplina política para lograrlo, y siendo ello un condicionante de los medios económicos para dar la pelea en 2023, habrá que mirar la otra dimensión de la pelea: la política. Y allí posiblemente veamos al oficialismo apelar a los recursos que estén disponibles, sobre todo si apuntan a favorecer los incentivos para dividir la oposición. Porque cuando tenés el 40% de los votos, puede que te sirva dividir a la oposición, pero cuando tenés el 30% de los votos, como le ocurre al oficialismo, la división de la oposición se vuelve una necesidad.
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