La Universidad de Santiago (Usach) controla la Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT), cuyo directorio es presidido por el rector Juan Manuel Zolezzi. Según identificó la Contraloría, la Usach le encargó a esta sociedad comprar bienes y servicios sin concurso -por $423 millones- aunque se trataba de adquisiciones en las que correspondía utilizar el sistema de compras públicas. CIPER accedió a otras facturas de la SDT que no aparecen en la revisión de la Contraloría. Dentro de estas hay un pago de $8 millones por un informe sobre un fallo de la justicia electoral que pretendía repetir las elecciones de la rectoría, lo que afectaba directamente a Zolezzi.
La Contraloría General de la República informó que la Universidad de Santiago (Usach) no siguió el procedimiento regular de compras públicas en una serie de adquisiciones realizadas, en su mayoría, en 2019. El pago de esos bienes y servicios se concretó a través de una sociedad creada por la misma universidad en 1990: la Sociedad de Desarrollo Tecnológico Limitada (SDT). Esta última se rige por estatutos distintos a los que poseen los organismos del Estado, por lo que no se vio en la obligación de hacer licitaciones u ocupar otra fórmula autorizada por el sistema de compras públicas. Por esta razón la Contraloría abrió un sumario.
Los montos desembolsados por la SDT varían en su dimensión y objetivo: hay anticipos para mejorar el comedor de la Facultad de Ciencias Médicas por $44 millones en un mes; un gasto de $17,7 millones para comprar vidrios termopaneles para la Facultad de Administración y Economía, o adquisiciones de proyectores o computadores para uso educacional. La SDT recibe ingresos por administrar proyectos de la Usach, como postítulos o asesorías, y se queda con un porcentaje. En 2015, la Contraloría ya había emitido un dictamen para prevenir a la universidad de no utilizar esta sociedad en pagos que se relacionan con bienes y servicios requeridos por la misma Usach. Pero, el órgano fiscalizador acreditó, en el informe que publicó a fines de marzo pasado, que esto no se cumplió.
“No corresponde que esa casa de estudios requiera bienes o servicios a través de su sociedad, pues se trata de personas jurídicas distintas sometidas a estatutos jurídicos diferentes, razón por la que, si la USACH necesita aquellos, esta debe adquirirlos directamente a través de la a modalidad de contratación pública”, indicó la Contraloría en su último informe.
La situación de la SDT como pagadora de la Usach se da desde hace bastante tiempo. Al menos así lo muestran múltiples facturas a las que tuvo acceso CIPER, que fueron emitidas entre 2013 y 2019, y que no figuran entre los documentos revisados por la Contraloría en su reciente informe. Hay desde pagos por pintar un edificio de la Usach y a un hotel donde se organizaron reuniones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), hasta desembolsos por informes en derecho, entre ellos uno sobre el fallo del Primer Tribunal Electoral Regional de Santiago de 2019 que amenazó al rector Juan Manuel Zolezzi con sacarlo de su cargo antes de que terminara su periodo como primera autoridad del plantel.
$423 MILLONES AL MARGEN DE COMPRAS PÚBLICAS
El informe de la Contraloría demoró en salir. Está fechado en 2020, pero se publicó el 22 de marzo de 2022. Uno de sus objetivos fue auditar la ejecución de los gastos de la SDT. En ese contexto detectó facturas pagadas por esa sociedad en los años 2016 y 2019. Todas estas tenían algo en común: pagaron bienes y servicios que eran requeridos por la Usach. Al configurar este mecanismo, la institución se saltó el sistema de compras públicas, según estableció el órgano fiscalizador: “La universidad deberá cautelar que las futuras adquisiciones como las de la especie, se efectúen con estricto apego a la normativa prevista”.
Pero esto ya había sido advertido en 2015 a la universidad. En ese periodo el rector era Zolezzi, al igual que en la actualidad. La Contraloría emitió el 7 de septiembre de ese año un dictamen en el que señaló que, si los bienes y servicios que pagaba la SDT iban a parar a la Usach, los procedimientos de adquisiciones tenían que hacerse a través del sistema oficial mediante el cual se hacen adquisiciones en los organismos del Estado.
“Acerca de las adquisiciones que le ordenaría efectuar para sí esa casa de estudios a su sociedad, con cargo a los fondos que esta última recibe en el marco de la gestión de los proyectos adjudicados por ese plantel universitario -y respecto de los cuales tampoco constaría que rinda a la USACH-, es necesario consignar que si aquellas tienen por objeto la prestación de un servicio o el suministro de bienes muebles a favor de la Administración del Estado, se encuentran sujetas a las disposiciones de la ley”, indicó en ese tiempo.
Pero, la Usach siguió cargándole cuentas a la SDT por bienes que requería para su propio funcionamiento. La Contraloría hizo un listado con estas adquisiciones, en dos categorías. En la primera, relativa a bienes muebles, existen compras de computadores, proyectores, cámaras de video, impresoras, tablets, equipos de aire acondicionado, máquinas para hacer café, pizarrones de vidrio templado, generadores eléctricos, ventiladores, sofá, poltronas y escritorios, entre otros. Todo por una suma de $169,9 millones solo en 2019.
La segunda categoría fue por gastos en infraestructura. Esta cuenta es más onerosa que la anterior, e incluye desembolsos de la SDT por arreglos de la Facultad de Ciencias Médicas por $44 millones y trabajos en ese mismo lugar por $19 millones. Los gastos suman $253,8 millones. Así, ambos conceptos totalizan $423 millones ejecutados al margen del sistema de compras públicas.
Los gastos importantes de infraestructura identificados también se relacionan con la construcción del edificio Recicla, en la Facultad de Administración y Economía, en la época en que era dirigida por el economista Jorge Friedman Rafael. Tal como lo señala su nombre, se trata de una edificación modular hecha en base a material reciclado. A pesar de que es usada hace al menos tres años, todavía no cuenta con su recepción definitiva de obras, según confirmó a CIPER el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Estación Central.
Edificio Recicla. Foto: Usach
Friedman cuenta que hoy el edificio lo utilizan alumnos de medicina. Dijo que no hubiera podido levantar esa construcción sin los dineros que, según señaló, se solicitaron a la SDT. Estos recursos, en parte, fueron cuestionados por la Contraloría.
-No había ninguna posibilidad de hacerlo. Yo comienzo consultando con el Departamento de Construcción cómo se hacía para construir un edificio. Y, después de que me doy cuenta de que antes de dos años no voy a poder siquiera colocar la primera piedra, empezamos a ver cómo hacer un edificio modular. Por lo tanto, si hubiera un problema, se puede desarmar y llevarlo a cualquier lado -contó Friedman a CIPER.
Ante el ingreso de un número mayor de estudiantes y la necesidad de nuevos espacios, Friedman señaló que “la alternativa era (tener a) los alumnos achoclonados o hacer una edificación”. Respecto de la observación de la Contraloría sobre la relación con la SDT, el economista dijo: “A la gente que cree en la educación pública y en la Usach, se nos pone en una situación compleja si nos dicen que siempre (se debe) hacer todo a través de un sistema que (nos) deja en tanta desventaja, como es el sistema de compras públicas”.
CIPER se contactó con el equipo central de comunicaciones de la Usach para solicitar una entrevista con el rector Zolezzi, a fin de consultar por las observaciones del órgano fiscalizador. La universidad se limitó a enviar un comunicado: “Nuestra institución, una vez finalizado el proceso de análisis del informe, ejercerá el derecho a solicitar reconsideración de aquellos aspectos del documento que se considere oportuno (…). Atendiendo a que se trata de un procedimiento administrativo en curso, no es posible emitir un pronunciamiento detallado sobre el particular de cada una de las conclusiones”.
Para este artículo también se contactó a Jorge Torres Ortega, quien fue por años jefe de gabinete de la rectoría y, posteriormente, prorrector de la USACH, cargo que ejerció hasta hace poco cuando anunció su carrera para suceder a Zolezzi en las elecciones que la universidad realizará este año. En su respuesta respecto de las observaciones que hizo la Contraloría sobre los más de $400 millones gastados por medio de la SDT, indicó: “Entiendo que la universidad ejercerá el derecho a solicitar reconsideración de aquellos aspectos del documento que se considere oportuno, especialmente para explicar nuevamente esta fórmula de gestionar los recursos de las unidades académicas por la SDT”.
-Hay muchas contrataciones que, si se ejecutaran por la burocracia propia de la administración pública, no podrían cumplir los objetivos de muchos de esos proyectos, entre otras razones, para calzar con los tiempos. Este es el reclamo que han tenido las universidades del Estado desde el inicio de la ley compras públicas, pues es una ley pensada para la Administración Pública tradicional, pero no para las universidades que están obligadas a competir en el mercado actuando con otra dinámica y debiendo estar siempre presentes, generando conocimiento no sólo para estudiantes, sino también para la comunidad -agregó Torres.
Por estos desembolsos la Contraloría abrió un sumario “para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos indicados”.
El actual director ejecutivo de la SDT, Víctor Caro, se refirió a la decisión de la Contraloría de abrir una investigación: “Es dable precisar que la Contraloría observa gastos realizados, mas no cuestiona la legalidad del acto jurídico propiamente tal. Entendemos que, como órgano contralor, cuenta con dichas facultades y que no está obrando más allá de sus atribuciones. Y si dictamina la ejecución de un sumario, en mi calidad de director ejecutivo, no me corresponde emitir cuestionamientos”.
LAS OTRAS FACTURAS
Pero los gastos observados por el órgano fiscalizador parecen ser solo una parte de los desembolsos que ha hecho en la última década la SDT por bienes y servicios que eran de necesidad de la Usach. CIPER accedió a distintas facturas pagadas por esta empresa privada por adquisiciones de este tipo, desde pagos por arreglos de infraestructura hasta por un informe en derecho que se hizo sobre el fallo de la justicia electoral que afectaba al rector Zolezzi.
El miércoles 29 de mayo de 2019, el Primer Tribunal Electoral Regional de Santiago (TER) acogió un recurso que habían presentado distintos académicos de la Usach, y anuló la elección de 2018 que había reelecto a Zolezzi como rector. De hecho, en su minuto se informó que debía cesar en el cargo para que se hicieran unos nuevos comicios. Una de las principales razones que informó el TER en ese minuto fue que el padrón electoral había excluido a 1.800 profesores contratados por hora.
El fallo fue revertido el 28 de agosto de 2019 tras un recurso presentado por Zolezzi ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), última instancia en materia electoral. Así, el rector pudo seguir en su puesto. Mientras el tema era revisado por el Tricel, el abogado Diego Mejías emitió una boleta para ser pagada por la SDT. En el documento se indica que el servicio fue un “Informe sobre fallo TER”. El monto pactado fue de $8 millones. La fecha de emisión de la boleta es de junio de ese año, mismo mes en que ingresó el recurso ante el Tricel.
No está claro cuál fue el objetivo que tuvo este informe del abogado Mejías, por lo que CIPER volvió a solicitar una entrevista a las autoridades de la Usach para abordar este tema. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había respuesta. Según Jorge Torres, quien era prorrector en esa época, ese trabajo “fue solicitado a la Prorrectoría y derivado a la SDT”.
-Se solicitó desde la unidad académica de Prorrectoría (en mi calidad de prorrector) con el objeto de tener a la vista un pronunciamiento independiente respecto de la situación en disputa y sus posibles consecuencias. Contar con argumentos técnicos sólidos para conocer la situación judicial que enfrentaba la universidad, era parte de mi responsabilidad -dijo Torres.
Respecto de si el documento fue útil para presentar la apelación ante el Tricel, el exprorrector asegura que lo desconoce, pues “no era parte de mis competencias y no participé en su estrategia”. El abogado Diego Mejías no quiso responder las consultas de CIPER.
A la boleta por el informe sobre el fallo del TER le preceden decenas de otras facturas. Muchas de ellas son para bienes y servicios que requería la Usach. El monto mayor se destinó a una constructora por “trabajos de remodelación en campus Universidad de Santiago; Casa Central según detalle adjunto”, del 31 de marzo de 2014, por más de $40 millones. Otra factura con cargo a la SDT es para pagar $4,5 millones a un hotel de Santiago por una reunión del “Honorable Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas – Sesión Ordinaria 554 – Universidad de Santiago de Chile”.
Las facturas a las que accedió CIPER están fechadas entre 2013 y 2020. Presumiblemente, podrían tener la misma observación de la Contraloría. Aunque son adquisiciones por montos que no requieren una licitación, al menos habrían obligado a ocupar otros procedimientos establecidos para las compras públicas (como “trato directo” o “convenio marco”). En muchos de estos documentos se especifica que los bienes o servicios son para la Usach, mientras que en otros no se aprecian detalles.