Redacción El País
Entre diciembre de 2020 y setiembre de 2023, la Fuerza Aérea detectó 203 aeronaves sobrevolando el territorio uruguayo de forma irregular. Es decir, apartándose “parcial o totalmente” del cumplimiento de las normas.
De ese total, 57 casos fueron en 2020, 61 en 2021, 54 en 2022 y 31 en los primeros nueve meses de este año, según el registro del Ministerio de Defensa Nacional, consultado por El País.
En ese marco, el protocolo de actuación contemplado en la llamada “ley de derribos” -que es parte de la Ley de Urgente Consideración de 2020- se disparó en 13 ocasiones, llegando solo a la tercera de las cinco fases previstas.
Si bien la norma autoriza la “neutralización” mediante un disparo directo de los aviones que no respondan a las órdenes disuasorias, aún no se llegó a tal extremo.
La última fase es la de “interceptación”. Antes se toma contacto con los tripulantes de la aeronave infractora y se los guía hasta un aeródromo de la Fuerza Aérea, forzando el aterrizaje. Allí los funcionarios hacen un primer control, toman registros y dan cuenta a la Fiscalía General de la Nación, que evalúa en cada caso si amerita una investigación del ministerio público.
De esas 13 interceptaciones, tan solo una se dio este año. Fue una aeronave detectada en Chuy (Rocha), proveniente de Brasil, por lo que se dio cuenta a las autoridades militares de ese país y se forzó el aterrizaje del otro lado de la frontera. Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a El País que, en ese caso, se trató de un aficionado de la aviación que volaba sin todos los permisos correspondientes.
No obstante, el marco normativo fue propuesto por el Poder Ejecutivo desde el comienzo como una forma de tener mayor soberanía y control del espacio aéreo, permitiendo contener el narcotráfico.
Funcionamiento
La detección de los vuelos irregulares se da a partir de los radares civiles y militares instalados en el país. Recientemente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, planteó la necesidad de sumar uno en Artigas, para mantener a raya al narcotráfico. No obstante, fuentes de la cartera de Defensa señalaron que por el momento esa compra no se está discutiendo.
El año pasado, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León, dijo a El Observador que la cantidad de radares solo permitía controlar el 45% del espacio aéreo, por lo que el 55% restante estaba desprotegido.
Ahora bien, ¿qué es un vuelo irregular? Por decreto se identificaron 12 situaciones a partir de las cuales podría iniciarse, gradualmente, el protocolo para el derribo. La primera es el ingreso al espacio aéreo nacional sin un plan de vuelo aprobado. Luego, la entrada “a zonas de identificación de defensa aérea, prohibidas, restringidas, peligrosas o aquellas que por razones extraordinarias sean agregadas en carácter transitorio. También se consideran irregularidades no haber obtenido el permiso para volar en territorio nacional, no identificarse ante los órganos de Servicio de Tránsito Aéreo, no cumplir las directivas impartidas por los Servicios de Tránsito Aéreo. A su vez, incumplir con los informes de posición o no realizar comunicaciones constantes, proveer información falsa o apagar los sistemas de identificación, volar por debajo del mínimo de altitud permitido por las autoridades, lanzar o desprenderse de objetos sin autorización, entre otras.
En 2022, el Ministerio de Defensa invirtió US$ 1.100.000 en el mantenimiento del radar Selex, ubicado en la base aérea de Carrasco, y en el arrendamiento del radar Indra, de soporte. Los datos fueron presentados en setiembre por el titular de la cartera, Javier García, ante los senadores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.
Allí, el legislador frenteamplista Alejandro Sánchez reconoció la compra de equipamiento, pero también señaló que es “un problema real” la cantidad de horas de vuelo que está llevando adelante la Fuerza Aérea. “En el caso de las horas de vuelo destinadas a la defensa área en las zonas fronterizas, uno encuentra que la me-ta para 2022 era de 1.500 horas y el valor de ese año fue solo de 270 horas; es decir un 18% de la meta”, dijo.