| Corpus Iuris, Rya S.L, Rioko Rere, S.L y Riobe S.L son los nombres de algunas de las empresas en las que participa la funcionaria y a las que gestiona la concesión de contratos públicos valiéndose de su función pública |
| Una de las revelaciones de GQLeaks es que Rimmé Bosio Riokalo utiliza su correo electrónico institucional como secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias para administrar sus negocios particulares |
| A pesar de las numerosas irregularidades por las que fue denunciada Rimmé Bosio Riokalo en el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo, el gobierno de Guinea Ecuatorial la ha mantenido en el cargo de secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias dándole carta blanca a un presunto caso de tráfico de influencias |
En esta nueva entrega de Diario Rombe como parte los GQLeaks, los hallazgos apuntan a que la actual secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias Rimmé Bosio Riokalo se estaría sirviendo de su puesto de poder para la concesión de contratos públicos a sus empresas privadas las cuales administra en la sombra.
De acuerdo con el padrón del registro de grandes empresas de Guinea Ecuatorial, a finales de diciembre de 2015 Rimmé Bosio Riokalo fundó la asesoría jurídica Corpus Iuris con un capital social de 5 millones de Fcfa. Como representante de la asesoría figura el funcionario ecuatoguineano, Andrés Bololo Ekobo y en el departamento de investigación privada, el hermano de Rimmé, Bassy Bololo.
Ya en abril 2016 la asesoría privada mantenía comunicaciones con el gobierno de la nación, concretamente con la secretaria general del Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social Montserrat Bonkanka Tabares —ahora, Registradora de Propiedad y Mercantil de la Región Continental en el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias—. Como constancia de dicho vínculo reproducimos uno de los mensajes enviados por correo electrónico a la funcionaria: “el abogado de Corpus ya lleva un mes. Vamos a necesitar asuntos”
Es a partir de febrero de 2018, año en el que el régimen ecuatoguineano nombra a Rimmé Bosio secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, cuando el bufete Corpus Iuris presuntamente se habría aprovechado del trato favorable recibido por parte del gobierno central para ganar contratos y casos en los tribunales.
Un documento identificado con el nombre de “listado de temas” recopila los numerosos casos judiciales que habría resuelto la asesoría jurídica Corpus Iuris desde 2018 en la Magistratura de Trabajo de Malabo, delegaciones de trabajo, audiencias provinciales, primera instancia, instrucción y Corte Suprema de Justicia. La relación de procedimientos fue enviada por Rimmeé Bosio Riokalo a Bassy Bololo el 14 de diciembre de 2021 con el mensaje: “guardate esto por favor”.
A los nueve meses de acceder a su cargo público, el despacho de Bosio facturó al Ministerio de Justicia 14 millones de Fcfa en concepto de la “primera fase del contrato para la elaboración del Anteproyecto de Ley del Registro Civil de Guinea Ecuatorial”. Además, los datos muestran también que desde septiembre de 2018, Rimmé Bosio Riokalo ha participado en las diferentes reuniones del Consejo de Administración de la empresa pública de Correos y Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (GECOTEL).
A pesar de que las autoridades ecuatoguineanas han implementado bajo presión de organismos internacionales algunas normativas que buscan poner fin al tráfico de influencias entre el funcionariado y los poderes del estado, la creciente actividad empresarial basada en contrataciones públicas y por ende el patrimonio privado de los empleados públicos sigue presentándose como una práctica tan normalizada como grave para el desarrollo del país.
El ordenamiento jurídico ecuatoguineano prohíbe a todo funcionario tener intereses en los organismos donde desempeñan la función pública. Sin embargo, un mes después de que Rimmé Bosio Riokalo entrara a formar parte del Consejo de Administración de GECOTEL, Corpus Iuris habría negociado con el entonces director ejecutivo de GECOTEL, Hermógenes Nzang Esono, la firma de un presunto contrato de prestación de servicios profesionales de asesoramiento jurídico para la elaboración del reglamento interno de la entidad, redacción de cartas, formalización de contratos que pudieran suscribirse, etc.
La relación profesional de Corpus Iuris y la empresa pública de Correos y Telecomunicaciones se fortaleció cuando Carlos Endje Ngonde fue nombrado director ejecutivo de la empresa pública. Tanto es así que cuando Carlos Endje Ngonde fue cesado en el cargo y posteriormente nombrado como director adjunto de Ecobank en 2021—por mediación de Rimmé Bosio Riokalo—, los correos de GQLeaks revelan que Carlos Endje y Rimmé Bosio Riokalo participaron en la presunta elaboración de una propuesta del bufete Corpus Iuris para prestar servicios jurídicos a la entidad bancaria Ecobank Guinea Ecuatorial.
El intento de que el Banco Mundial contratara a Corpus Iuris
En el marco de la visita del Banco Mundial para la mejora del clima de negocios, el Comité Nacional para la Mejora del Clima de Negocios y la Competitividad de la Economía de Guinea Ecuatorial, presidido por la secretaría de Estado de Justicia Rimmé Bosio Riokalo, en calidad de vicepresidenta del Comité Técnico Nacional, solicitó la asistencia técnica del Banco Mundial para la traducción al español y validación de los textos de la OHADA, un sistema de derecho corporativo e instituciones de implementación adoptado por diecisiete países de África Occidental y Central.
Así fue como la funcionaria sugirió a los técnicos del Banco Mundial que “la validación se debe realizar por personal ecuatoguineano” por ser el único país de la OHADA cuyo idioma oficial es el español. Según los correos electrónicos de GQLeaks, Bosio Riokalo envió el 4 de febrero de 2020 a la Secretaría Permanente de la OHADA un listado de los miembros del gobierno que participarían en la validación de los textos del 31 de enero al 2 de febrero.
Además del de Rimmé Bosio Riokalo, aparecen otros nombres de funcionarios ecuatoguineanos como el de Mª del Mar BONKANKA TABARES (secretaria de Estado Encargada de Organismo Internacionales), José María NCOGO BAKALE (consejero del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias), Jose Pablo NVO OWONO (diputado), Pablo OLO NSUGA (director de Instituciones Penitenciarias), Ángel Marcos MICHA ETETERE (técnico en el Ministerio de la OHADA) y Fernando Carlos JOHNSON (traductor oficial en el Ministerio de Asuntos Exteriores).
Como condición para participar en los trabajos para la validación de los textos de la OHADA, Rimmé Bosio Riokalo condicionó al Banco Mundial el pago de una suma de 12 millones de Fcfa “sin incluir el coste del alquiler de la sala de trabajo, así como el almuerzo”. No obstante, desde la institución bancaria le dejaron claro que “El Banco Mundial no podría contratar funcionarios públicos” y puntualizaron a la oligarca que, “si necesitaran apoyo de algún tercero que no sea funcionario, por ejemplo un traductor o asesor jurídico, podríamos apoyarlo, así como gastos logísticos”.
Ante la negativa del Banco Mundial, Bosio Riokalo cambió los tornos y propuso que la validación podría realizarse a través de un “despacho de abogados nacionales” con los que según ella ya se había puesto “en contacto por el tema de la validación de los textos de la OHADA”.
“Estos son los tres despachos”, enunció Rimmé en un correo dirigido a la técnico del Banco Mundial, Lucia Arnal Rodriguez: el bufete Centurion Law Group, vinculado al Ministro de Minas e Hidrocarburos, Gabriel Mbega Obiang Lima, representado por el primo de éste, Santiago Olo Lima. El bufete Chiba & Asociados, representado según el correo por el entonces Magistrado del Tribunal de Cuentas y un tercer bufete, Corpus Iuris, representado por Clara Felicidad Bonkaka Tabares, exfiscal general adjunta encargada de la Inspección. Así lo expuso en el correo no sin antes hacer hincapié en Corpus Iuris para que los técnicos se decantaran por ellos, “no obstante el trabajo más avanzado está con el despacho CORPUS IURIS”.
“Ya me dices” y consiguió un contrato público
Una de las revelaciones de GQLeaks es que Rimmé Bosio Riokalo utiliza su correo electrónico institucional como secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias para administrar sus negocios particulares. “Ya me dices”, este es el asunto del correo electrónico que la funcionaria envió el 30 de julio de 2020 a su compañero de gobierno Lucas Nguema Mbulito, entonces secretario de Estado Encargado de la Seguridad Social.
El contenido del correo electrónico era un documento identificado con el nombre de “Contrato Logística Instituciones”. El contrato, que parece ser un borrador, implica a la empresa ecuatoguineana Rya S.L como contratadora de los servicios de la empresa, también ecuatoguineana, de comercio electrónico Enguemark S.L para suministrar alimentos en el centro penitenciario de Malabo durante de un año.
Ambas empresas, acordaron que Rya S.L pagaría los servicios prestados una vez que el contratista emitiera la totalidad de las facturas. Dicho documento coincide con las fechas de las facturas emitidas por el centro comercial EGTC al oligarca ecuatoguineano Lucas Nguema Mbulito en las que se reflejan las adquisiciones de diferentes alimentos y productos de primera necesidad.
El representante de Enguemark S.L era Filiberto Nguema Mbulito, hermano del entonces secretario de Seguridad Social —ambos hijos del oligarca, Lucas Nguema Esono Mbang—. Por su parte, Rya S.L representada por Andrés Bololo Ekobo, miembro de la comisión especial para la gestión económica y financiera del Ayuntamiento de Malabo, aparece vinculada a Rimmé Bosio Riokalo.
Otras empresas conforman la estructura societaria de Bosio
Rya, S.L se constituyó a finales de diciembre de 2019 con un capital social de 5 millones de Fcfa y domiciliada en la calle la Libertad S/N, Malabo. Según sus estatutos, a los que ha tenido acceso Diario Rombe como parte de los correos electrónicos de GQLeaks, la única actividad de la empresa es la “construcción, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles y espacios verdes”.
Entre sus accionistas figuran Rimmé Bosio Riokalo y Andrés Bololo Ekobo, ambos funcionarios del Estado y con doble nacionalidad española y ecuatoguineana, algo que contradice el ordenamiento jurídico ecuatoguineano.
La primera, aprovechándose de su cargo como secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias postuló su empresa Rya, S.L a una supuesta oferta del Ministerio de Justicia para el mantenimiento y limpieza de las oficinas del Instituto de Prácticas Judiciales. Como constancia de ello está una carta del director general de Rya, S.L, Andrés Bololo Ekobo, enviada al Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Salvador Ondo Nkum, en febrero de 2020, en la que le solicitaba “autorizar que se nos adjudique la ejecución del contrato de mantenimiento y limpieza del inmueble que albergan las oficinas del Instituto de Prácticas Judiciales”.
Rimmé Bosio Riokalo también aparece vinculada presuntamente a otra empresa, Rioko Rere, S.L, fundada a finales de septiembre de 2020 con un capital social de un millón de Fcfa para la prestación de servicios.
En este caso figura como único accionista Andrés Bololo Ekobo, administrador de las empresas vinculadas a la oligarca. Sin embargo, un correo electrónico fechado el 29 de noviembre de 2021, vincula a la secretaría de Estado del Ministerio de Justicia con Rioko Rere, S.L.
De acuerdo con el contenido del correo, Rimmé Bosio Riokalo instruye al que parece ser su hermano, Bassy Borulo Bololo Riokalo, para que prepare una propuesta de negocio parecida a la que presentaron al Ministerio de Culto. Por si tuviera dudas, Rimmé le recomienda contactar con una persona identificada con el nombre de Fernando, empleado de Unicef.
A través de la sociedad Rioko Rere, Bosio Riokalo habría facturado al Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias servicios de catering por un valor de 200 mil Fcfa. Además, habría sido utilizada para realizar presuntos pagos a empleados del mismo ministerio según quedaría reflejado en un correo electrónico enviado por la funcionaria Marisol Villahute a la secretaria de Estado Rimmé Bosio Riokalo, adjuntando un documento denominado “nota de pago Rioko Rere”, fechado el 15 de junio de 2021, según el cual, Andrés Bololo Ekobo realizaba una entrega en efectivo de 1.660.000 Fcfa al secretario General del Ministerio de Justicia, Victor Ondo Nzang por concepto de material de todo el departamento ministerial correspondiente al mes de junio de 2021.
Los negocios de la oligarca ecuatoguineana no se limitan al mantenimiento, construcción y prestación de servicios, sino también a la comercialización de productos agrícolas. En 2021, el abogado de la oligarca Pergentino Angüe Ondo Angë registró la empresa Riobe S.L, con un capital social de 1 millón de Fcfa para la producción, elaboración y venta de productos agrícolas y ecológicos. Entre los accionistas de Riobe S.L están Rimmé Bosio Riokalo quien ostenta un 30% de las acciones; su hermano Bassy Borulo Bololo Riokalo, el 35%; y Andrés Bololo Ekobo —padre de Bassy Borulo Bololo Riokalo— el 35% restante.
Rimmé Bosio fue nombrada secretaria de Estado a finales de febrero de 2018 por recomendación de su padrino político Juan Olo Mba Nseng, eterno Ministro Delegado del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Como adelantó Diario Rombe, el nombramiento de Rimmé Bosio Riokalo estaba rodeado de polémica debido a numerosas irregularidades por las que fue denunciada en el ejercicio de sus funciones cuando ocupaba el cargo de presidenta de la Magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo. Esas denuncias quedaron reflejadas en un escrito fechado en marzo de 2018 donde el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia remitió al primer ministro del gobierno un informe requiriendo que la secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Bosio Riokalo “cesará de realizar actos jurisdiccionales y de operativas en las cuentas bancarias de la Magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo por ser incompatible con su cargo en el gobierno”. Pese a estas presuntas irregularidades el gobierno de Guinea Ecuatorial ha mantenido a Rimmé Bosio en el cargo dándole así carta blanca para aprovecharse de su cargo público en beneficio de sus intereses particulares.
