La expresidenta del Estado Jeanine Áñez sufrió “tratos crueles y degradantes” durante los cinco días que duró la fase de alegatos finales en el caso denominado “golpe de Estado II”, que involucra a la exmandataria, cinco militares del alto mando y un exjefe militar.
Además, se evidenció una flagrante vulneración a los derechos a la salud, la vida y la dignidad de Áñez.
El director de la fundación Global Human Rights League (GHRL), Fernando Hamdam, señaló: “Ha habido varios episodios donde ella ha requerido atención médica. Ha estado delante de las cámaras siendo atendida por el personal de salud del penal, y el tribunal ha continuado sus acciones, pese a los reclamos de la defensa”.
El jueves, en la cuarta jornada de los alegatos fanales, la exmandataria tuvo una crisis hipertensiva, se hizo un receso de 30 minutos para que Áñez sea atendida; tras esas atenciones, retornó adormilada por la medicación que había recibido, según comentó en pleno juicio.
“Esto es un proceso tortuoso para Áñez. No reconocer la alta tensión de quien está sometiendo su libertad a discusión y que tiene una condición comprobada de salud delicada y no ser considerada, porque la audiencia duró más de ocho horas, demuestra que hay elementos de lesa humanidad y de falta de consideración del Estado”, dijo Hamdam.
Añadió: “Desde el Estado se está entendiendo mal el hecho de que una persona juzgada, además de someterse a la privación de libertad, tenga que restringírsele sus derechos y garantías humanas, ese es el escenario que vive Áñez”.
Al respecto, la exmandataria publicó un par de mensajes en su cuenta oficial de Twitter. El primero dice: “El Tribunal obliga a Jeanine Áñez a seguir la audiencia virtual en estado de adormecimiento, por la medicación antihipertensiva y ansiolítica que recibe por su delicada salud. La Procuraduría se burla y presiona condena; la defensa fue multada por reclamar violación de DDHH”.
En el segundo mensaje señaló: “La actitud del Tribunal y del Gobierno demuestra tratos crueles y degradantes, una flagrante vulneración a los derechos a la salud, la vida y la dignidad de Jeanine Áñez. Este hecho, la indolencia de los jueces y la ilegalidad del proceso, hacen al juicio nulo”.
Mensaje
Finalmente, ayer por la tarde, posteó que se le negó el derecho a estar presente en el juicio para la etapa de deliberación del tribunal para dictar la sentencia.
“Me han negado el derecho a estar presente hasta en mi propio juicio, si es que así puede llamársele a este simulacro. Me han negado todo y tratado peor que a nadie, pero fui, soy y seré la presidenta constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde”, publicó Áñez en Twitter.
En tanto, uno de los abogados de Áñez, Jorge Valda, señaló que este tipo de tratos fue recurrente durante los más de 454 días que permanece con detención preventiva en el penal de Obrajes.
“No solamente los últimos cinco días se denotó los actos de tortura. Desde el momento en que asumió la presidencia Luis Arce Catacora, ese momento se dictó la sentencia condenatoria contra Jeanine Áñez, y muchas otras personas. Probablemente se llegue a condenar a ocho ciudadanos, quebrantando ocho familias, dejando en total indefensión a quienes no se han apersonado, pero sometiendo a una tortura física, psicológica y judicial a quienes están siendo sometidos a una total venganza política”, dijo Valda.
Conade
Asimismo, el activista y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales advirtió que “un juez no pude permitir esas irregularidades en el desarrollo de su audiencia que pueden ser causales de nulidad. La expresidenta sigue bajo el acoso de algunas personas que van al tribunal a impedir que se desarrolle la audiencia pública”.
Añadió: “Además, la sentencia tiene que ser leída en presencia de los acusados y a ella la quieren dejar a un lado. La defensa debería haber planteado algún recurso de nulidad con todos estos actos irregulares que se han dado”.
La expresidenta fue detenida el 13 de marzo de 2021 y enviada con detención preventiva por cuatro meses, en primera instancia. Pero, a poco de cumplir la primera medida cautelar, un juez determinó ampliarla misma por seis meses.
15 meses detenida
Ayer, la exmandataria cumplió 454 días (15 meses) con detención preventiva en el penal de Obrajes.
Las acusaciones contra Áñez y otros imputados son por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, pero, según algunos juristas y miembros del Conade, estos delitos carecen de fundamentos jurídicos y, además, su tipificación fue modificada mediante la ley 1390.
Vulneraciones
Esta semana, tras cumplirse los 15 meses de detención preventiva de la exmandataria, algunos juristas y activistas hicieron conocer que existen al menos cinco vulneraciones a los derechos y los principios de la justicia.
Las vulneraciones son: al debido proceso, las garantías constitucionales, derecho a la salud, presunción de inocencia y a la independencia de la justicia en un proceso con altos componentes de injerencia política.
La principal observación fue la vulneración al debido proceso en su elemento natural, porque no corresponde procesar a la expresidenta por la vía ordinaria.
“Nadie puede ser procesado por casos especiales. En el caso de los expresidentes, hay una ley para presidentes vicepresidentes y dignatarios, ésa debería ser la vía por la que se procese. Al procesarla por la vía ordinaria, la están sometiendo a un juez distinto al que la ley manda”, dijo el abogado constitucionalista César Cabrera.
El jurista detectó que en este caso existe un “alto componente político” porque la fecha de reinstalación del juicio fue señalada por el Ejecutivo y no por el tribunal a cargo de este proceso.
Penalista: “Juicio está viciado de nulidad”
El juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez, exjefes militares y un exjefe policial por caso el “golpe II” está viciado de nulidad desde que la Fiscalía “desdobló” el caso en dos procesos, sostuvo el abogado penalista Eusebio Vera, según reportó la agencia ANF.
El jurista sostiene que este proceso es “histórico”, porque una exmandataria es juzgada y por la “celeridad” que se le ha dado, ya que en tiempo récord se inició el juicio, incluso con actuaciones ilegales de por medio.
Vera explicó que el proceso tiene una “ilegalidad” de principio y origen que radica en la decisión del Ministerio Público de “desdoblar” el caso en dos procesos “golpe I” y “golpe II”.
“Este proceso falsamente denominado ‘golpe II’ se inició en agosto de 2021 producto de un desdoblamiento (del caso), figura que no existe dentro de la economía jurídica. Ha sido inventado”, declaró el especialista en materia penal.
En su criterio, el proceso “ha sido preparado, manipulado y no responde a una investigación seria e idónea y profesional”; por tanto, afirma que “todo conduce a que será una sentencia condenatoria dentro de un proceso y juicio que ha tenido varias ilegalidades e irregularidades”.
Detalló que no pueden existir dos o más investigaciones o procesos por un mismo hecho, “eso es totalmente ilegal”, tema que está previsto en el artículo 4 del código de procedimiento penal, sobre todo el artículo 117 de la Constitución.