Los políticos asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) advirtieron que el gobierno de Luis Arce ejecuta un "plan estratégico" para desinstitucionalizar y "neutralizar" a las principales instituciones del Estado, una de ellas la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El análisis fue realizado en el conversatorio virtual de la ANF, por la senadora Centa Rek (Creemos) y Marcelo Pedrazas (CC), también fue invitado el diputado Gualberto Arispe que aseguró su participación, pero al final no se conectó; y Andrés Flores de la facción arcista del MAS que no confirmó su presencia.
Las posiciones surgieron a propósito de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que determinó -como medida cautelar- suspender la facultad de interpelar de la Asamblea Legislativa Plurinacional a ocho ministros de Estado.
La senadora Rek cree que no es un hecho aislado ni fortuito, sino parte de una "acción orquestada", "un plan preconcebido" que ha sido ejecutado paso a paso hasta generar la "neutralización" de la Asamblea Legislativa Plurinacional, implementado cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue censurado.
Por su parte, su colega Pedrazas acusó al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de complicidad en el "cercenamiento" que hizo el órgano Ejecutivo, a través de la justicia constitucional, a la Asamblea Legislativa al suspender su facultad de fiscalizar.
"Se demuestra este plan milimétricamente y estratégicamente realizado por el gobierno para cercenar nuestras competencias, cuando un juez constitucional con su colega a requerimiento de un ministerio hace una acción (...) El incumplimiento del vicepresidente del Estado y presidente nato del Congreso que no ha hecho absolutamente nada por defender la institucionalidad y la competencia de la Asamblea Legislativa.
Argumentó que la estrategia fue involucrar a un grupo de siete ministros que se sumaron a la acción de amparo que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, alegando que en una comisión se vulneraron sus derechos en una petición de informe oral.
La Constitución Política del Estado establece en el artículo 158 numeral 18 que la atribución de la ALP es "Interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras o a los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea".
También precisa que la "censura implicará la destitución de la ministra o del ministro". Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó la prohibición de que los ministros censurados puedan ocupar cualquier cargo público, según la ley 1350.
"La presidenta o el presidente del Estado, no podrá designar como ministra o ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución", dice dicha norma de 2020, que Regula los efectos de la censura determinada por la ALP
Las tres fuerzas políticas intentaron aprobar un proyecto de ley de aplicación normativa sobre la interpelación y los efectos de la censura, sin embargo, fracasaron. En la misma se reducía a un año que un ministro vuelva a ser designado tras una censura.
A la acción de amparo que presentó el ministro Montenegro, se sumaron las ministras de la Presidencia y Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, María Nela Prada y Sabina Orellana, respectivamente.
Además, los ministros de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina; de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez; de Gobierno, Eduardo Del Castillo y de Obras Públicas, Edgar Montaño.
La senadora Rek señaló que "cobardemente, arteramente y de manera criminal" los ocho ministros que son parte del gabinete del presidente Luis Arce han "cercenado" el derecho a la Asamblea y han destruido por completo la credibilidad del control constitucional, porque es un "andamiaje del sicariato judicial" en detrimento de los otros órganos del Estado.
Uno de los principales problemas es la "desinstitucionalización" a la que el gobierno del MAS y la "podredumbre" de la justicia están conduciendo al país, que no se limita solo a la ALP, sino a todas las instituciones estatales, y el desafío es recuperar su institucionalidad, añade el diputado Pedrazas.
Detalla que parte del plan, fue el recurso que interpuso el ministro Eduardo Del Castillo, y que fue rechazado por el TCP, en el que pedía que se deje sin efecto la resolución de censura en la ALP, "presenta semanas antes de que se resuelva la acción, pero asumo que ya conociendo el contubernio que existía".
La senadora cruceña añade que el Ejecutivo poco a poco ha ido debilitando los órganos del Estado, a través de un poder judicial totalmente sometido, "yo lo llamo el sicariato judicial, el poder Ejecutivo tiene sus fiscales y jueces que los acciona a su arbitrio y con los cuales genera una cacería".
Asemejó a un "fusilamiento" de opositores en un "paredón judicial" para que de esa manera el Gobierno tenga la carta libre para seguir con sus acciones ilegales sin ningún tipo de control.
No se violaron los derechos del ministro
El diputado Pedrazas, que además es abogado, manifestó que los vocales de la Sala Constitucional en La Paz incurrieron en diferentes irregularidades, como la notificación, que no se hizo a los miembros de la comisión que supuestamente vulneraron los derechos del ministro Montenegro.
Los vocales eluden convocar a los diputados como terceros interesados, porque nos están vulnerando las facultades que están claramente establecidas en la carta magna, explica, al calificar de "vergonzosa" la actuación de quienes tienen que velar la primacía de la CPE y no lo están haciendo por móviles políticos.
Pero, además, cuestionó que el vicepresidente del Estado haya enviado a una joven abogada con no más de 7 años de experiencia en defensa de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que su jefe de la Unidad Jurídica, que es el exmagistrado del TCP Rudy Flores, que avaló la reelección indefinida de Evo Morales, tampoco asistió a la audiencia.
El legislador explicó que nunca se vulneró el derecho al debido proceso del ministro de Economía, "como maliciosamente lo plantea en su amparo", criticó que los vocales constitucionales falsamente argumentan la vulneración del derecho al trabajo de los ministros.
Detalló que la Comisión de Política Social tiene la facultad de enviar a una interpelación cuando el ministro no asiste a una petición de informe oral o no es suficiente su excusa. Es así, que esta instancia promovió la interpelación, pero por un "problema administrativo" dijo que recondujo la petición de informe oral y le hizo saber que le da una oportunidad más para que se presente.
"Estos hechos han sido presentados al juez de garantías el día de la audiencia para que evite resolver, porque si hay una sustracción de materia, es decir que, si voy demandando, pero después me lo corrigen, cual la razón que se pronuncie. Hace caso omiso porque su estrategia ya era obviamente generar esa sentencia para que con ella se cercenen nuestras competencias.
Ambos legisladores coincidieron que la decisión de dos vocales afecta de manera grave al constituyente, a la población que delegó en los senadores y diputados la representación para legislar y fiscalizar, en consecuencia están en la "obligación de defender, independientemente que las cabezas estén al lado del gobierno, a la Asamblea Legislativa Plurinacional".