La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) negocia con un grupo de funcionarios que fueron suspendidos por rechazar la vacuna contra la covid-19, la eventual reinstalación en sus puestos, al tiempo que los trabajadores piden, entre otras cosas, que se les archiven los procesos disciplinarios que se iniciaron en su contra y se les paguen salarios caídos.
La propuesta fue anunciada la noche del viernes, luego de que autoridades de la institución, así como del Ministerio de Trabajo y el viceministerio de la Presidencia, sostuvieran una reunión con líderes del movimiento que mantenían una protesta en las afueras de la Casa Presidencial.
En el comunicado enviado por la Caja se indicó que como parte de los acuerdos se propuso actualizar la circular girada el pasado 22 de febrero, a fin de que los trabajadores que no se han aplicado la vacuna contra la covid-19, puedan volver a sus puestos a partir del 28 de setiembre. No obstante, esa decisión aún debe ser aprobada por la Gerencia General.
La entidad no aclaró en ese documento, si la medida incluye a todos los trabajadores o únicamente a aquellos que no se dedican a la atención de pacientes. Tampoco precisa el número de funcionarios que podrían volver a labores.
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Únicamente se menciona que la reincorporación se hará aplicando “las medidas de prevención para contener la aparición y reaparición de amenazas infecciosas y para la prestación de una atención segura para este 28 de setiembre y tomando en consideración los elementos de salud ocupacional y epidemiológico, emitidos por los órganos técnicos”.
Este medio consultó a la presidenta ejecutiva Martha Esquivel y al gerente médico Randall Álvarez, sobre dicha decisión; sin embargo, no contestaron las llamadas y mensajes enviados a sus teléfonos celulares.
Por medio de la oficina de prensa, se indicó que en primera instancia lo que se entiende es que la medida aplicaría para todos los funcionarios no vacunados, quienes estaban a la espera de la verificación por parte de la gerencia general, que sería la encargada de actualizar la directriz.
La Caja inició en febrero procesos de despido contra los funcionarios que se han negado a aplicarse la inmunización contra la covid-19. (Alonso Tenorio)
Salarios caídos y atención psicológica
En el marco de la reunión sostenida por las autoridades el pasado viernes, los representantes de los funcionarios entregaron un pliego de peticiones en el que, entre otras cosas, exigen que se les reconozcan los salarios dejados de percibir por el tiempo que han estado suspendidos.
Además exigen que se dejen sin efecto los procesos disciplinarios que se instauraron en contra de las personas removidas de sus puestos desde febrero anterior. Al Ministerio de Trabajo le piden que se les abra un “fuero de protección” y que además se les haga el “depósito inmediato” de al menos un salario para necesidades básicas.
La solicitud incluye, entre otras cosas, “tratamiento psicológico” y la posibilidad de acogerse a la movilidad laboral para “evitar más daños a la salud mental debido a la discriminación”.
Según supo este diario, se estima que desde que iniciaron los procesos disciplinarios se ha separado de sus puestos unos 210 trabajadores de la Caja.
La circular girada en febrero está fundamentada en disposiciones legales del Código de Trabajo, la Ley General de Salud, la Ley Nacional de Vacunación, decretos ejecutivos y pronunciamientos de la Sala Constitucional.
A pesar del decreto firmado por el presidente Rodrigo Chaves, el 11 de mayo, con el que aseguró que levantaba la obligatoriedad de la inmunización y suspendía los despidos a los funcionarios que rechazan la vacuna, la Caja concluyó en agosto que la vacunación seguiría siendo obligatoria y mantuvo activos los procesos disciplinarios.
Decreto de Chaves sobre vacunación es ineficaz, concluye la CCSS
La Dirección Jurídica de la CCSS analizó el decreto 43543-S y concluyó que este únicamente “insta a las instituciones públicas a no aplicar sanciones de despido a los funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación contra la covid-19″.
“Del análisis efectuado, se desprende que se trata de una ‘petición’, un ‘pedido’ o ‘súplica’, que no implica una obligación o imperativo a hacerlo, por parte del órgano que ostenta dicha competencia”, dice el criterio GA-DJ-3720- 2022, el cual fue solicitado por la Junta Directiva de la Caja.
Tras el acercamiento de este viernes, la Caja indicó que el proceso de diálogo continuará el próximo martes 27 de setiembre, para dar seguimiento a los puntos planteados en el pliego de peticiones.