Las declaraciones rendidas bajo juramento por la exministra de Comunicación Patricia Navarro describen un cuadro de corrupción deleznable, no solo por la desviación de fondos públicos a fines contrarios a la ley, sino también por el propósito antidemocrático del ilícito: comprar aplausos y castigar la crítica.
La probidad en el manejo del dinero de los costarricenses es una obligación sin excepciones, pero utilizarlo para premiar la docilidad de la prensa, más allá de la desviación de los recursos, resta a la democracia uno de sus pilares vitales: el periodismo independiente y crítico.
También constituye un cruel engaño a los ciudadanos, porque se les hace creer en la integridad de la información recibida cuando, en realidad, responde a una transacción económica financiada con recursos de los propios engañados. La ciudadanía termina pagando para que le tomen el pelo.
El manejo inescrupuloso de la publicidad estatal sirve para castigar a los medios independientes, que no pedimos pauta a cambio de favores, y financia ataques contra la prensa de verdad, para complementar otro tipo de presiones ilícitas. Al mismo tiempo, paga críticas caprichosas contra los adversarios políticos.
La exministra no pudo ser más clara. Caracterizó las prácticas relatadas como “torcer el brazo a los periodistas” y “pagar publicidad para que hablen bien del presidente”. Ninguno de los dos propósitos es admisible en una sociedad democrática y, en Costa Rica, su concreción exige, además, violar la autonomía de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social.
El Ministerio Público anuncia su intención de esclarecer las denuncias de la exministra. Con apenas un par de sesiones de la comisión legislativa investigadora del manejo de la pauta estatal en la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), ya quedaron sugeridas varias vías de indagación.
La exjefa de la oficina de prensa y el ex presidente ejecutivo de la Caja ya confirmaron el relato de Navarro sobre las presiones recibidas en relación con el presupuesto publicitario de la entidad. Las actas de la Junta de Protección Social de San José también son reveladoras del mismo curso de acción y la ex directora jurídica del Sinart, además de revelar la contratación irregular del asesor Christian Bulgarelli, admitió la influencia de la Casa Presidencial en las decisiones internas.
En las próximas sesiones de la comisión legislativa, el Ministerio Público tendrá acceso a otras revelaciones de importancia. Es sensato presumirlo porque informaciones publicadas por este diario ya han adelantado situaciones de interés para la investigación en otras instituciones. Tanto hay en juego que el Ministerio Público no debe cejar hasta encontrar respuestas satisfactorias a todas las dudas.
Entre las preguntas fundamentales están los criterios aplicados para asignar la pauta estatal. La respuesta de la “democratización” no es de recibo, no solo porque según la exministra es un disfraz para torcer brazos y suscitar aplausos, sino también porque es ajena a la técnica publicitaria, y la inversión estatal no puede apartarse de esos paradigmas sin traicionar el legítimo propósito de los fondos.
La administración del Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo, exigió colocar la publicidad en medios de poco alcance, aunque documentos técnicos advirtieron del riesgo de “malgastar o perder” el presupuesto publicitario. Jacqueline González Jiménez, directora de Estrategia Comercial de Kölbi, fue destituida después de pedir la explicación técnica de un recorte publicitario a Canal 7, que no es medio favorito del gobierno. Por su parte, el jefe de la División Comercial envió un infructuoso correo al gerente de Telecomunicaciones sobre “los posibles impactos y repercusiones para la marca (Kölbi), en el caso de tomar decisiones publicitarias no alineadas con las metodologías de selección de medios y de asignación presupuestaria para la pauta”.
¿Es lícito “malgastar o perder” el dinero público y poner en peligro la estrategia comercial de una empresa estatal con criterios ajenos a la técnica que debe gobernar la inversión de fondos públicos? Una gestión de la Fiscalía orientada a esclarecerlo sería un buen punto de partida.
Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa, además de su importantísima labor de investigación y control político, debe emprender las reformas necesarias para que lo denunciado por la exministra no pueda suceder en nuestro país, ni ahora ni nunca.
La probidad en el manejo del dinero de los costarricenses es una obligación sin excepciones, pero utilizarlo para premiar la docilidad de la prensa, más allá de la desviación de los recursos resta a la democracia uno de sus pilares vitales: el periodismo independiente y crítico. (Shutterstock)