A mediados de setiembre de 2021, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tenía problemas para suministrar guantes de nitrilo a los funcionarios de clínicas y hospitales, pues la empresa Panamedical,que los proveía desde 2018, alegó problemas para cumplir con las entregas pactadas.
Fue por esa razón que la entidad solicitó a la Contraloría General de la República, el 21 de setiembre de 2021, una autorización para tramitar una contratación directa que le permitiera conseguir ese equipo de protección.
Ante la emergencia, la Contraloría aprobó la gestión el 6 de octubre de 2021 y la CCSS inició entre el 13 y 14 de ese mismo mes, dos concursos para obtener los insumos lo más pronto posible.
En enero de 2022, las dos nuevas contrataciones fueron adjudicadas a Panamedical, sí, la misma compañía que provocó el desabastecimiento. Los nuevos convenios fueron por $2,4 millones para entregar diez millones de guantes talla M y siete millones de talla L.
Esteban Vega de la O asumió la gerencia de Logística de la CCSS en agosto de 2020. El funcionario rechaza que exista un favorecimiento para Panamedical. (CCSS)
Panamedical no solo logró las nuevas contrataciones, también consiguió un considerable aumento en el precio. Bajo los contratos firmados en 2018, debía vender los guantes talla M en $0,031 y los talla L en $0,032 (en su orden, ¢19 y ¢20 al tipo de cambio actual). Mientras que las tarifas en los nuevos contratos quedaron en $0,146 para los M y $0,138 para los L (¢87 y ¢90, respectivamente).
A diferencia de setiembre de 2021, cuando el proveedor argumentaba inconvenientes para cumplir con las entregas, en enero de 2022 no tuvieron dificultades, según confirmó la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS.
Todos los hechos mencionados pueden ser corroborados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde quedaron registrados en los procedimientos números 2021CD-000134-0001101142 y 2021CD-000133-0001101142.
Caja contrata compra urgente de $4 millones en mascarillas a dos proveedores inexpertos
¿Cómo una empresa que manifestaba problemas para cumplir con los pedidos en setiembre de 2021 puede ofertar 17 millones de guantes pocos días después y cumplir con las entregas?
Mauricio Fonseca Pinilla, representante legal de Panamedical, manifestó que no podían cumplir con los despachos de guantes porque los precios ofrecidos en la licitación del 2018 eran insostenibles y de haberlos entregado con esos importes, su empresa hubiera quebrado.
Según explicó el empresario, ellos encargaban al fabricante cuatro millones de guantes al mes para poder cumplir con el contrato firmado en 2018. Sin embargo, al subirles los precios, no era posible traer los insumos al país. Entonces, añadió, acordaron embodegar varios millones de guantes en Singapur, hasta conseguir un reajuste de costos o un nuevo contrato.
“Si yo hubiese seguido con ese contrato (el firmado en 2018) hubiera quebrado, porque si usted tiene un precio de $0,031 por guante y ese precio se sube a $0,090, esa alza la tenemos probada, está en una lista de precios (...). Haber rescindido el contrato era algo que yo tenía que hacer, porque si no lo hacía iba a quebrar, yo no podía sostener el precio en el tiempo, si no me retiraba iba a tener un problema gravísimo”, declaró Fonseca.
Antes de disolver el contrato, aseguró Fonseca, presentaron reclamos a la CCSS hasta por $350.000, pero nunca obtuvieron respuesta.
En las dos nuevas contrataciones de guantes, adjudicadas en enero del presente año, participaron diez empresas. La oferta de Panamedical no fue la más barata, tampoco la más cara, pero a la hora de evaluar las muestras de guantes, la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico solo avaló los que ofrecía Panamedical.
Esa Comisión estuvo involucrada en escándalos relacionados con la compra de mascarillas entre 2020 y 2021. Además, en febrero de 2021 quedó en evidencia la poca rigurosidad de ese órgano, pues una investigación de este diario descubrió que un proveedor presentó un certificado de calidad falso para una contratación de 440.000 batas quirúrgicas por ¢607 millones.
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¿Qué dice la Caja?
Aunque el contrato fue disuelto en 2021, los incumplimientos en las entregas de guantes por parte de Panamedical empezaron desde agosto de 2020. Por ejemplo, para el 20 de agosto de ese año debían depositar en las bodegas de la Caja 6,8 millones de guantes, pero no lo hicieron. El pedido fue honrado hasta el 7 de octubre de 2020, 34 días después de lo acordado.
El 3 de noviembre de 2020 debían entregar 9,6 millones de guantes, pero tampoco lo concretaron. Despacharon apenas 2,8 millones de guantes el 9 de diciembre de 2020.
¿Por qué se premia a una compañía que incumplió las condiciones contractuales con dos nuevas contrataciones?
“Yo no lo llamaría premio. Aquí lo que se da es que la Administración activa un proceso de compra urgente con permiso de la Contraloría, abiertamente se le dice a la Contraloría: ‘vea el incumpliente es el que tenía el proceso de compra ordinario, es Panamedical, etcétera’, la Contraloría tampoco hace ver que ese incumpliente deba sacarse de un proceso a futuro, porque el marco legal así lo establece y son las reglas del juego.
“Evidentemente, el incumpliente puede participar y, como ocurrió en este caso, puede ser adjudicado, pero eso no limita que la Administración tome medidas en desarrollar un proceso que, eventualmente, pueda recaer en algún tipo de apercibimiento o el cobro del sobreprecio que la Caja tuvo que pagar”, enfatizó Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS.
El procedimiento sancionatorio mencionado por el funcionario fue abierto en mayo del presente año, cuatro meses después de las adjudicaciones por $2,4 millones.
La CCSS no precisó a cuánto asciende el reclamo económico contra Panamedical por el sobreprecio. Con respecto a los incumplimientos en la entrega de guantes, le impuso una multa de $22.384 por un solo hecho.
Agregaron que, en agosto del presente año, pidieron ayuda al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y al Ministerio de Hacienda, para crear “un marco normativo” que permita evitar este tipo de casos en el futuro.
Sofía Espinoza, directora técnica de Bienes y Servicios de la CCSS, indicó que tiempo atrás la entidad intentó dejar fuera de nuevas contrataciones a las empresas que causaron desabastecimiento o incumplieron con entregas, pero una resolución de la Contraloría acabó con esa medida en octubre de 2021, pues afectaba la libre concurrencia.
Por su parte, Alberto Fonseca Pinilla, presidente de Panamedical, reconoció la existencia del proceso sancionatorio en su contra, pero aseguró que no les preocupa, pues tienen argumentos para demostrar que no fueron responsables por los atrasos.
Añadió que su empresa tiene 30 años de vender servicios a la CCSS y 12 años suministrando guantes. Al año, según Fonseca, facturan entre $12 millones y $13 millones a la Seguridad Social.
La Nación solicitó a la oficina de prensa de la CCSS el historial de sanciones y apercibimientos dictados contra Panamedical, pero aún no han dado respuesta.
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Declaraciones juradas sin verificar
Cuando se iniciaron los concursos que terminaron en manos de Panamedical, el director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS era Randall Herrera Muñoz, quien ocupó ese cargo de manera interina por varios meses.
Herrera dijo que conoce al representante legal de Panamedical por asuntos de trabajo, pero rechazó que exista una relación entre ambos. Al preguntarle si tiempo atrás él o alguno de sus familiares hasta en tercer grado de consaguinidad o afinidad laboraron para esa compañía, respondió contundentemente que no.
Lo mismo contestaron el gerente de Logística y Adriana Chaves, directora actual de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
Con respecto a los funcionarios a cargo de evaluar las ofertas que fueron adjudicadas a Panamedical, Vega de la O enfatizó que firmaron declaraciones juradas en las que aseguran no tener conflictos de intereses, pero al mismo tiempo reconoció que el contenido de esas declaraciones no es verificado por nadie.
En ese sentido, un empleado de la Caja podría mentir en esa declaración y nadie se daría cuenta, pues la información no es corroborada por ninguna dependencia.