Sussy Wing, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), expresó ante un grupo de diputados una realidad evidente desde hace años. La institución tiene “la contra” adentro porque el “sindicato no ayuda para nada”.
La situación financiera es precaria. El cierre de año se hará con lo justo para pagar planilla, aguinaldo y salario escolar. El remanente hace temer por la capacidad para enfrentar un imprevisto, sin mencionar las necesidades de mantenimiento de un puerto operado con una sola grúa y un remolcador. La otra grúa y una embarcación adicional sufrieron daños y están fuera de servicio.
A lo largo de la historia, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) confió en la importancia del puerto por donde transitaba la mayor parte del comercio exterior para presionar por beneficios crecientes. La paralización de las operaciones portuarias se convirtió en una pesadilla para los gobernantes y provocó el paulatino cansancio de amplios sectores productivos y la ciudadanía en general.
Ni siquiera el anuncio de la apertura de la Terminal de Contenedores de Moín puso freno a los excesos. Ya en el 2012 nadie dudaba de la futura absorción del 80% de los ingresos por la concesionaria, como viene sucediendo desde el 2019. Era el momento de hacer ajustes, reestructurar la empresa, impulsar la consolidación del negocio remanente y explorar nuevas posibilidades, pero en el 2013 el sindicato planteó una demanda que, finalmente, frustró los principales planes de ajuste.
En el 2002, la presión sindical consiguió incorporar a la convención colectiva un aumento del aporte patronal al fondo de ahorro de los empleados. El beneficio alcanzaría un 8% de los salarios. El generoso privilegio quedó sujeto a la posibilidad de un incremento en las tarifas, pero la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no lo aceptó.
La demanda del 2013 reclamó los aportes no efectuados y embargó las cuentas de la institución, donde estaban los ¢5.300 millones requeridos para completar el pago de las liquidaciones de cientos de trabajadores hasta quedar con los 275 cuyas remuneraciones la empresa puede enfrentar.
Congelados los fondos destinados a ejecutar la reestructuración, el exceso de planilla se encargó de drenar las arcas de la entidad. A la fecha, hay 353 empleados, lejos de los 275 necesarios para alcanzar el equilibrio operativo según las estimaciones al comienzo de la reestructuración.
Entonces, el gobierno anunció un nuevo paquete de ayuda por ¢4.000 millones para remuneraciones y contribuciones sociales de la operación regular y otros ¢2.000 millones para cesantía, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos de los trabajadores acogidos a la movilidad laboral. Al mismo tiempo, el entonces presidente Carlos Alvarado calificó a Sintrajap como el peor enemigo de la institución, adelantándose a las recientes declaraciones de la presidenta ejecutiva.
La coincidencia no sorprende. El sindicato impidió la oportuna reestructuración de la empresa, ahora carente de lo indispensable para operar. El puerto de Moín “literalmente se está cayendo”, dijo Wing a los legisladores mientras describía la precariedad de las finanzas y la dificultad de desarrollar nuevas fuentes de ingresos “con la contra adentro”. Quizá los dirigentes confíen en un nuevo paquete de salvamento, pese a las advertencias del Poder Ejecutivo. Por lo pronto, solo han conseguido poner en peligro los 275 empleos considerados viables y la existencia de la institución misma, junto con las operaciones portuarias que todavía pueden hacer aportes a la economía nacional.