Santiago. Entre 2019 y 2021 la cantidad de personas con hambre aumentó en 13,2 millones a 56,5 millones en Latinoamérica y el Caribe por el encarecimiento de los alimentos y el aumento de la pobreza extrema, indicó este martes un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés).
“El número de personas en la región que padecen hambre aumentó en 13,2 millones, hasta llegar a 56,5 millones”, dice el documento elaborado “en respuesta a la crisis alimentaria mundial”, y presentado por las tres instituciones de la ONU en Santiago.
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En 2021 la inseguridad alimentaria afectó al 40,6% de la población de Latinoamérica y el Caribe. Un total de 267,7 millones de personas se vieron afectadas; 62,5 millones más que en 2019. Según el informe, “el aumento de la inflación de alimentos y de la pobreza extrema es uno de los factores que incrementan la inseguridad alimentaria y el hambre”.
La inflación de los alimentos “aumenta el riesgo de hambre” y el alza del precio internacional de los productos básicos, cuyo aumento promedio alcanzó un 11,7% en septiembre pasado, se traspasa a los consumidores. El alza de precios golpea a los sectores más pobres y de menores ingresos de la región, y aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable.
“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, Latinoamérica y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania”, declaró José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL.
Según el estudio, la gran mayoría de los países de la región están expuestos a los problemas de producción y comercialización, y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania, pues son importadores netos de trigo, maíz y aceites vegetales.
En avenida 6, frente a la terminal de buses de Turrialba, un grafiti sobre el hambre en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados). (Rafael Pacheco Granados)
El informe agrega que 26 países son altamente dependientes de las importaciones de trigo, mientras que 13 presentan una alta dependencia de las importaciones de maíz. Solo Argentina es exportador neto de productos agropecuarios, en tanto que la subregión del Caribe es importadora neta de prácticamente todos ellos.
En tanto, la Cepal estima que la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentaría 0,2 puntos porcentuales en 2022 y podría alcanzar a las 81,8 millones de personas.
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Alimentos e insumos
El informe también sostiene que las diversas crisis internacionales de los últimos 15 años, como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China o la pandemia del covid-19, han comprometieron el acceso de la región a los alimentos y a los insumos claves como los fertilizantes para la agricultura regional.
“El hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural y en el acceso a una dieta saludable”, dijo Mario Lubetkin, representante regional de la FAO.
Así como ha ocurrido con los alimentos básicos, los precios de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados ya habían subido considerablemente a lo largo de 2021 afectando a la agricultura de la región, ya que junto con la energía (combustibles), son el principal ítem de gasto de los agricultores en muchas cadenas.
En Brasil, por ejemplo, los fertilizantes representaron el 19% de los costos de producción de los cultivos anuales. Al sumar los agroquímicos y el combustible alcanza un promedio superior al 40% de los costos.
Los países latinoamericanos “importan cerca del 85% de los fertilizantes que utilizan. Ninguna otra región del mundo depende tanto de las importaciones de fertilizantes y sobre todo ninguna otra región que produzca y exporte tantos alimentos”, indica el informe.
Lubetkin recomendó fortalecer los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares, y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes ya que serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis.