San Salvador. Como balde de agua fría cayó a los familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción la noticia sobre la solicitud del Gobierno para una nueva ampliación de esta medida, implementada desde el 27 de marzo en el país y que dejó ya más de 49.000 detenciones.
El martes por la mañana familiares de reos acuerpados en el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) realizaron un plantón en las afueras de la Asamblea Legislativa para exigirle a los diputados oficialistas la derogación del régimen de excepción. Sin embargo, mientras estaban en la protesta, el Ministerio de Seguridad publicó que el régimen se ampliará.
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Representantes del movimiento dijeron estar preocupados por las miles de capturas arbitrarias e ilegales en los más de 140 días de vigencia del régimen. “Los atropellos e injusticias a las que están siendo sometidas personas inocentes y sin vínculos con pandillas, que han sido víctimas de detenciones ilegales convierte a El Salvador en un país violador de derechos humanos”, describieron a través de un comunicado.
Además de la derogación de esa medida de seguridad, los familiares solicitaron la libertad de personas detenidas ilegalmente; el alto a la violación de derechos humanos, el alto a capturas arbitrarias y una reparación del daño causado a las personas inocentes que han sido capturadas.
“Ya estamos cansados de este régimen de excepción. Ya nos cansamos, queremos la libertad de nuestros familiares capturados injustamente”, era el clamor de decenas de personas que se concentraron y que llevaron una solicitud al órgano legislativo.
A la concentración también llegaron pobladores de comunidades del Bajo Lempa, un lugar que ha sido golpeado con varias capturas durante el régimen.
Familiares de reos acuerpados en el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) realizaron un plantón en las afueras de la Asamblea Legislativa. (La Prensa Gráfica)
“Estamos aquí para exigir que se indemnice a las víctimas, a los familiares y también para que la Fiscalía forme una comisión que investigue a la brevedad posible cada uno de estos nombres que tenemos aquí. No tenemos problema con que nos vayan a investigar al territorio en el Bajo Lempa, porque estamos claros que son inocentes”, mencionó José Ruiz, quien dio acompañamiento a este sector del país.
Agregó que el régimen de excepción no ayuda para la paz en el país, sino que agrava la situación “porque el régimen nos ha traído desapariciones asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos”, indicó Ruiz.
Ayer llevaron una cruz y sobre esta colocaron los nombres de 97 personas capturadas en el Bajo Lempa y de los que ya presentaron hábeas corpus en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Hasta la fecha la Sala de lo Constitucional la Corte Suprema no nos ha respondido. Han admitido varios de los casos, pero no les han dado seguimiento”, cuestionaron.
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Además de la derogación de esa medida de seguridad, los familiares solicitaron la libertad de personas detenidas ilegalmente; el alto a la violación de derechos humanos, el alto a capturas arbitrarias y una reparación del daño causado. (AFP)
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