El presidente Rodrigo Chaves juramentó la semana anterior a Marta Esquivel como nueva presidenta ejecutiva de la CCSS. Esquivel ocupaba desde mayo el cargo de ministra de Trabajo. (JOHANFRED)
Con su nueva presidenta ejecutiva por primera vez al mando de la reunión, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) volvió a retomar este lunes la discusión de si da marcha atrás o no con el aumento salarial aprobado a los 63.000 empleados, pero, por segunda ocasión, los directores no habrían tomado ninguna decisión.
Marta Esquivel, quien se convirtió en jerarca de la Caja luego de la destitución de Álvaro Ramos, presentó el tema a los directores, pero, la representante de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca), Marta Rodríguez, volvió a invocar el artículo 26 del Reglamento de Junta Directiva, el cual permite suspender por hasta ocho días un tema.
La última sesión de la Junta fue el 15 de setiembre, al mando de Ramos. En ese momento, Rodríguez también invocó el artículo 26.
Esquivel, quien fuera antes ministra de Trabajo y jueza del Poder Judicial, dijo a través de su oficina de prensa que este martes daría declaraciones sobre lo ocurrido en la sesión convocada para este lunes de forma extraordinaria.
El reto para ella es convencer a la Junta de tomar una decisión. Por un lado, Esquivel tiene la presión del presidente de la República, quien manifestó reiteradamente su malestar por el ajuste en las remuneraciones y su expectativa de revertir la decisión; por el otro, está el empuje de los sindicalistas, quienes ya realizaron un primer paro de labores el jueves anterior y prometen más protestas.
En el medio está la Junta Directiva, integrada por tres representantes del Poder Ejecutivo tres de los patronos y tres de los trabajadores (cooperativas, asociaciones solidaristas y sindicatos). Esas son las personas que tendrán la última palabra sobre la suerte del aumento.
Ramos fue destituido por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, luego del conflicto provocado por la aprobación, el pasado jueves 8 de setiembre, de un aumento salarial retroactivo de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial para los 63.000 funcionarios de la institución pública. La medida, según datos de la Gerencia Financiera de la CCSS, costará ¢10.000 millones anuales más ¢29.000 millones del retroactivo correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022.
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Precisamente, uno de los puntos de la agenda de la sesión extraordinaria de este lunes era la revisión del alza en los sueldos. En la última reunión, realizada el jueves 15 de setiembre, los directivos analizaron realizar una consulta a la Contraloría General de la República sobre la legalidad del incremento y el cumplimiento de la regla fiscal, pero no se logró votar esa propuesta, pues Marta Rodríguez pidió posponer la discusión.
Carlos Salazar, el otro representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la CCSS, votó a favor del aumento aquel 8 de setiembre, pero ahora dice que debe escuchar los nuevos argumentos y tomar una decisión.
Ante la pregunta de cuáles fueron los aspectos que valoró para votar a favor en la primera ocasión, Salazar respondió que estaba trabajando y que si queríamos declaraciones debíamos agendar una cita.
Guillermo Hernández, el tercer representante del Gobierno, dejó su cargo la semana pasada en “solidaridad” con Ramos. A las 5:58 p. m. Casa Presidencial envió un comunicado de prensa en el que informó que designó a Juan Ignacio Monge Vargas como sustituto de Hernández.
También se trató de conocer la posición de Marielos Alfaro y Jorge Arturo Hernández, representantes del sector patronal, pero no contestaron las llamadas y mensajes.
La semana anterior, en una conferencia de prensa, los representantes de los trabajadores defendieron el aumento y denunciaron la “injerencia” del presidente Chaves en las decisiones de la Junta Directiva.
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Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, indicó que aún no se ha aplicado el aumento salarial aprobado.
Añadió que el acuerdo de Junta Directiva estableció que debía pagarse en el transcurso del año, pero no se fijó una fecha por parte de la Dirección de Administración de Personal.
Los ¢29.000 millones necesarios para el aumento salarial retroactivo son 2.000 millones más que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el presente año. También, según confirmó el Ministerio de Hacienda, esa cantidad es 7,4% mayor a la suma de los presupuestos anuales del Ministerio de Comercio Exterior, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Vivienda.
Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, expresó que la semana pasada se reunieron con la Gerencia General de la CCSS para ver detalles de la aplicación del aumento salarial.
“Ellos están trabajando y realizando los cálculos respectivos, porque conlleva una técnica financiera bastante compleja. Hay que calcular los 593 tipos de puestos y las diferentes escalas salariales para realizar el ajuste, es bastante complejo (...) Nosotros no estamos pensando en realizar alguna protesta, alguna manifestación, no todavía, porque no tenemos ningún dato que nos alerte al respecto”, declaró Hernández.