Bogotá, 30 sep (Sputnik).- La ambiciosa política de «paz total» que impulsa el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para acabar de una vez por todas con la violencia en el país afronta grandes escollos a dos bandas: en las negociaciones con los grupos armados y en el Congreso legislativo, donde procura el apoyo de todas las bancadas.
Y es que el conflicto interno colombiano tiene diversos actores y presenta múltiples aristas. Con la firma del acuerdo de 2016 en La Habana entre el Estado y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muchos creían a que el país iba a entrar en una era de paz completa. Pero no fue tan sencillo.
El proceso causó descontento en algunos sectores de la guerrilla que optaron por la disidencia, y entonces el conflicto pasó de estar enfocado en un grupo armado específico a contar con otros actores que ocuparon los vacíos dejados por la FARC, y que el Gobierno no pudo coptar.
A esto se le sumó el crecimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la aparición de nuevas bandas delictivas que operan en distintas partes del país. El problema se atomizó.
No obstante, el Gobierno de Petro no escatima esfuerzos y ha Logrado ciertos avances. El comisionado de Paz, Daniel Rueda, confirmó que 10 grupos armados están dispuestos a un cese del fuego, mientras que se reanudaron los diálogos con el ELN en La Habana.
El difícil consenso
Otro frente para Petro está en el campo legislativo. Lograr la «paz total» requiere que el Congreso adopte determinadas leyes y debata mecanismos para que grupos políticos, criminales y narcotraficantes puedan dejar las armas.
Para esto se requiere la alineación no solo de los partidos oficialistas, de la coalición gobernante Pacto Histórico (centroziquierda), sino también el visto bueno de independientes y opositores.
El senador del partido Centro Democrático (derecha) Ciro Ramírez explicó a la Agencia Sputnik que esa fuerza política apoya los esfuerzos de paz pero desea ver una voluntad real de los grupos armados en dejar de cometer crímenes o atentar contra el Estado.
«Es bueno aclarar que el Centro Democrático no se opone a la paz ni a cualquier diálogo siempre y cuando exista voluntad del grupo u organización criminal de no asesinar a más colombianos, no atacar infraestructura, no secuestrar, no extorsionar y no seguir en el narcotráfico. Siempre y cuando exista voluntad, bienvenidos los diálogos», señaló.
Ramírez explicó que espera que el Centro Democrático y otros miembros de la oposición hagan un control político férreo a la propuesta de paz total.
Por su parte, el congresista de la Alianza Verde, que hace parte de la coalición del Gobierno en el Congreso, y exsubdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), dijo a la Agencia Sputnik que para poder lograr la paz total se debe trabajar en conjunto con todas las fuerzas del Congreso.
«El Gobierno y la mayoría del Congreso estamos en la lógica de paz total, y eso contempla dos tipos de proceso, por un lado, el proceso de paz con el ELN, que es una negociación de paz y una agenda política, y por otro lado el proceso de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales», insistió.
Para el congresista, el mayor reto de Petro será consolidar un acuerdo de paz con el ELN y acoger al sometimiento de la justicia a otros grupos ilegales a través del diálogo.
«En el caso del ELN, se retoma la agenda que ya venía desde el Gobierno (de Juan Manuel) Santos (2010-2018) y en el caso de organizaciones criminales no hay nada nuevo, es lo mismo que tienen otros países: en cambio de entrega y de verdad hay una reducción de penas, va a haber privación de la libertades, aunque se contemplan penas mixtas con justicia restaurativa, y va a haber una amnistía para la tropa y los mandos son los que tienen que responder», agregó Ávila.
Diálogos complejos
Para la oposición, las negociaciones con las FARC y el posterior acuerdo de paz de 2016 fracasaron en materia de verdad, justicia y reparación, por lo que las disidencias no deben tener la oportunidad de una nueva negociación, sino que deben someterse a la justicia ordinaria, al igual que el Clan del Golfo, por su condición de grupo narcotraficante.
«Debe haber un proceso de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. Las disidencias también ya tuvieron su oportunidad y los colombianos incluso dijeron ‘no’ en su gran mayoría, y aun así abandonaron todas esas concesiones que les dieron los colombianos. Eso fue una sinvergüencería con la justicia y las instituciones. Lo más importantes es que en cualquier acuerdo no exista impunidad porque eso es una semilla que engendrará nuevas violencias, como hemos visto con el acuerdo con las FARC», dijo Ciro Ramírez.
Según Ávila, con estas políticas, el Congreso de la República espera que, durante los próximos dos años, entre 10 y 12 organizaciones al margen de la ley, incluidos el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, entren en el marco de la política de paz del Gobierno, y que cerca de 15.000 personas dejen las armas.
La solución definitiva
Por su parte, el autor y miembro de PARES, Luis Eduardo Celis, asegura que la propuesta de «paz total» del Gobierno buscar solucionar los problemas de raíz del conflicto y por ese motivo es un reto enorme pero obligatorio para el país
«El gran propósito de la política de paz total es construir estado de derechos, donde no existe o funciona de manera muy precaria, por eso es integrar a un a un orden democrático a los que hoy ejercen violencia organizada. Entonces ellos es un desafío enorme, pero hay que llevarlo adelante», afirma.
Para el experto es necesario cumplir una serie de retos para lograr la implementación de esta política de paz propuesta por Petro e implica «proteger a las comunidades», así como lograr el «sometimiento de los armados y hacer las tareas en el territorio con la construcción de economía legal; ordenamiento democrático del territorio y la protección de las comunidades».
Uno de los grandes retos es lograr que los grupos dedicados a narcotráfico, extorsión, explotación sexual y otros crímenes se decidan dejar de delinquir. Por este motivo, para Celis es necesario que las estructuras criminales revisen los beneficios del sometimiento.
«Hay una oferta de sometimiento negociado. Creo que las estructuras armadas van a calcular si les conviene mejor someterse y logran beneficios jurídicos, de reincorporación y los económicos y puede haber una fórmula en qué parte de sus capitales, las estructuras las usen para su reincorporación», concluye.
El experto en paz considera que la violencia en algunos territorios hace obligatorio que se lleve a cabo una negociación, a pesar de la oposición de sectores que no ven con buenos ojos el acercamiento a bandas criminales.
«Lo que hay que hacer es reafirmar que en este momento existe gente sufriendo, comunidades que sufren la violencia todos los días y que eso es inadmisible por lo que debe existir es el imperio de un estado democrático en todo el territorio y que, si para eso se requieren sometimientos negociados o negociaciones políticas, hay que llevarlo a cabo», sentenció.
Mientras, el Gobierno sigue buscando los mecanismos y fórmulas jurídicas para implementar una de las propuestas más ambiciosas de paz que se ha planteado en Colombia en las últimas décadas. (Sputnik)