Buenos Aires, 6 dic (Sputnik).- Un tribunal federal de Argentina condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por el delito de «administración fraudulenta» en una causa sobre direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de Buenos Aires resolvió «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para acceder a cargos públicos (…) por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», leyó el juez Rodrigo Giménez Uriburu durante la audiencia.
Fernández, quien enfrentaba un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y defraudación, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, puede recurrir el veredicto, por lo que la sentencia no es definitiva.
Tras tres años y medio de juicio, el tribunal también sentenció a seis años de reclusión al empresario Lázaro Báez, cuya firma, Austral Construcciones, recibió los 51 proyectos de obra pública investigados en este debate oral.
El resto de los 11 acusados de la causa recibieron penas de cárcel que oscilaron entre los tres años y seis meses y los seis años.
Ante la expectativa que generaba la sentencia contra la expresidenta, por ser la dirigente política más importante del país, los tribunales federales de la capital argentina se encuentran vallados desde la víspera.
Un gran operativo de seguridad se desplegó desde la mañana de este martes, con la intervención de la Policía Federal para controlar el interior del Palacio de Justicia y el tribunal donde se leyó la sentencia, y la Policía de la ciudad de Buenos Aires, responsable de supervisar el exterior.
Reacciones
Varias organizaciones sindicales y sociales se movilizaron durante la jornada, ante la expectativa de un fallo condenatorio.
La Asociación de Trabajadores del Estado se reunió frente a la sede del gremio y se moviliza ahora hacia los tribunales, al igual que el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines y la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat.
La Asociación del Personal Legislativo, en tanto, se manifestará frente al Congreso.
La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Ésta es la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual dio inicio el 21 de mayo de 2019.
Cristina dice que su condena a 6 años de prisión e inhabilitación ya estaba escrita
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que ya estaba redactada de antemano la pena que recibió de seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en una causa sobre el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión y la del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
«Esta condena estaba ya escrita», aseguró la exmandataria (2007-2015) el martes tras escuchar la sentencia en su despacho del Senado.
La exmandataria, que puede recurrir el veredicto ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que la sentencia no está firme, atribuyó su condena «a un Estado paralelo y a la mafia».
En su alegato, la vicepresidenta leyó el art. 143 que se refiere al delito de administración fraudulenta por el que fue condenada y aseguró que la idea era condenarla, «como finalmente hoy lo hicieron».
Al inicio de su alegato, la vicepresidenta aclaró que la cabeza del Poder Ejecutivo «no tiene el manejo de las leyes de Presupuesto, que es aprobado por diputados y senadores».
«Lo curioso es que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes, y en la ejecución y administración del Presupuesto de la Nación sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz», observó.
El veredicto dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 de Buenos Aires, en este sentido, proviene de «un sistema paraestatal que se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad y por afuera de los resultados electorales», sostuvo la también presidenta del Senado.
FILTRACIONES
En su defensa, la exmandataria se refirió a unas filtraciones destapadas el fin de semana que dan cuenta de cómo varios jueces federales, un ministro, un fiscal, un empresario y dos directivos del Grupo Clarín coordinaron una coartada falsa para justificar un viaje en un vuelo privado a Bariloche, en la provincia de Río Negro (sur), y su estadía en la estancia del empresario británico Joe Lewis.
El viaje, que realizó el 13 de octubre, involucró al juez federal Julián Ercolini, que fue el magistrado que elevó a juicio oral la causa por la que ahora fue condenada la vicepresidenta, pese a que «años atrás se había declarado incompetente por obras realizadas en Santa Cruz», recordó Fernández.
Junto a Ercolini viajó también su colega Carlos Mahiques, miembro de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal del país, que deberá pronunciarse sobre la apelación que presentará la vicepresidenta respecto a la sentencia condenatoria.
Además estaban su hijo Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires, y a Marcelo DAlessandro, ministro de Justicia y Seguridad en la capital.
También asistieron los jueces Pablo Cayssials, Pablo Yadarola, el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke y el exjefe de Legales de la extinta Secretaría de Inteligencia (SIDE), Leo Bergroth.
Todos ellos se organizaron a través de un grupo de Telegram para difundir una coartada falsa que justificara el viaje, el cual habría financiado el Grupo Clarín, el conglomerado mediático más importante del país, según revelaron el domingo los diarios Tiempo Argentino, Perfil y el portal El Cohete a la Luna.
«Son la familia judicial en su máximo esplendor», definió la vicepresidenta al referirse a todos ellos.
En este juicio, que duró tres años y medio, Fernández enfrentaba un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y defraudación, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, por considerar que direccionó 51 proyectos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, condenado también a seis años de reclusión.
Junto a la vicepresidenta y a Báez fueron acusados los restantes 11 acusados en la causa a penas de prisión que oscilan entre los tres años y seis meses y seis años de reclusión.
El caso se inició a partir de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Ésta ha sido la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual comenzó el 21 de mayo de 2019. (Sputnik)