Un zafarrancho entre la oposición y el partido del Gobierno, por un intento de resellar un proyecto de ley vetado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, terminó con la diputada María Marta Padilla llorando en el plenario de la Asamblea Legislativa, este jueves.
Padilla, quien forma parte del partido de Chaves, Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se salió de la línea de su fracción y votó en conjunto con los diputados opositores, quienes procuraban revivir el plan que liberaría al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal.
Diputados como Danny Vargas y Rocío Alfaro, de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA), aseguran que Padilla fue fuertemente regañada por la jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, durante una discusión de su bancada.
La prensa pudo observar a la legisladora llorando en su curul, asistida por su compañera Luz Mary Alpízar.
Padilla justificó su voto frente a sus compañeros diciendo que ella no estaba votando contra el Gobierno, sino a favor del Sistema de Emergencias, porque este le ha salvado la vida a su esposo dos veces.
Los últimos reportes indican que a Padilla, luego de llevarla fuera del plenario, la tuvieron que trasladar a un centro médico.
¿Qué es el resello?
Este mediodía, los jefes de las fracciones legislativas acordaron debatir si se resella la iniciativa.
El resello es el mecanismo que permite a los diputados ignorar el veto de un presidente a un proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa y convertirlo en ley, siempre que se cuenta con el apoyo de 38 votos.
Con la votación en firme, el Congreso envía el texto directamente al diario oficial La Gaceta para que la ley entre a regir.
Su uso no es usual. En los años recientes, este mecanismo no ha sido utilizado.
A finales de agosto, los diputados aprobaron en definitiva el proyecto de exclusión del 9-1-1 de la regla fiscal, cuatro meses después de la votación en primer debate, y luego de numerosas discusiones en el Congreso.
La regla es un mecanismo que le impone un tope al crecimiento del gasto público, si las condiciones de endeudamiento del país son adversas, como ocurre actualmente.
El sistema de emergencias argumentó que podría entrar en cierre técnico si no puede utilizar el 0,75% que pagan los usuarios de telecomunicaciones, como un recargo en sus facturas, para mejorar la calidad de servicio.
No obstante, el 27 de setiembre, el presidente Chaves vetó la ley. Argumentó que no se opone a eximir al 9-1-1, sino que aboga por la aprobación de un proyecto de ley para reformar en términos generales la regla fiscal.
El mandatario alegó que es mejor un cambio integral que avalar excepciones aisladas.
Chaves se refería a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que permitiría al Gobierno Central elevar en ¢140.000 millones el gasto en servicios, salarios y transferencias, en el 2023.
Ese texto excluiría los intereses de la deuda pública y el gasto de capital (obras y equipamiento) de la regla fiscal, lo que abriría más espacio para el resto de rubros a la hora de aplicar el tope al crecimiento del gasto público.
Esta iniciativa, además, excluiría de la regla a instituciones con ingresos ajenos al Presupuesto Nacional, como el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
No obstante, el martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se opuso a este proyecto de ley.
Manuela Goretti, jefa de misión del FMI, dijo que la regla fiscal ha sido el anclaje que ha permitido mejorar las cifras fiscales de Costa Rica y advirtió que el país todavía está muy endeudado.
“Cualquier reforma a la regla debe pensarse y no apresurarse. Si bien vale la pena el perímetro de aplicación de la regla, no estamos de acuerdo con excluir el gasto de capital e intereses, dado el alto nivel de deuda de Costa Rica y las mejores prácticas internacionales”, destacó Goretti
Ante ello, los diputados quedaron a la espera de recomendaciones técnicas del FMI sobre la regla fiscal, mientras que el jefe de fracción de Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, se opuso a aflojar la norma la calificar esa acción de “jugar con fuego”.
Noticia en desarrollo
María Marta Padilla, diputada de Progreso Social Democrático, se salió de la línea de Gobierno.