El Gobierno ha presentado una propuesta para que la factura de los consumidores que se acogen al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) no estén tan ligadas al precio diario de la electricidad en el mercado mayorista. Éstas son algunas de las claves de la medida.
¿Qué cambia?
A grandes rasgos, dejará de indexarse la factura al precio al que se vende la electricidad en el mercado mayorista cada día y aunque esta cifra siga teniendo peso, éste sea menor y se vaya reduciendo gradualmente. En su lugar, se indexará el precio a una cesta de precios a medio y largo plazo: mensual, trimestral y una media anual. De este modo, si la luz volviese a marcar un precio récord, como ocurrió tantas veces en los últimos meses, no supondría necesariamente que el consumidor pagase la luz más cara que nunca (aunque se vería afectado igualmente por la subida, claro).
Es decir, se busca restar volatilidad al sistema y beneficiar tanto a consumidores como a comercializadoras sin abandonar los beneficios del sistema (que, hasta la crisis energética, ofrecía una factura más barata, si bien sujeta a estas oscilaciones). Al cambiar la vinculación del PVPC para incorporar los mercados a plazo del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), se estabilizará el precio, que no oscilará tanto con los vaivenes del mercado.
¿Cómo funcionará?
En lugar de que el precio que marca el MIBEL suponga el 100% de la referencia para la factura -es decir, que si está disparado, ésta también se dispara- lo que propone el Ministerio de Transición Ecológica es que se incorporen las referencias a futuros de forma gradual. En 2023 representarán el 25%, en 2024 aumentarán hasta el 40% y en 2025 ya supondrán el 55% del total. El 45% restante seguirá aportándolo el precio diario de la luz, de modo que las comercializadoras podrán ajustar la oferta a las necesidades reales de consumo. El Gobierno calcula que la oscilación se reducirá un tercio, al tiempo que se incentivará que la demanda se desplace a las horas más baratas.
¿Por qué se hace el cambio?
Porque el sistema no estaba concebido para una situación de crisis como la actual. Hasta ahora, había sido la opción más barata para los pequeños consumidores -con sus peros, como un tope de energía o las mencionadas oscilaciones-, pero hace tiempo que las reglas del juego habían cambiado. Como explica el Ministerio en el proyecto del Real Decreto, "la escalada de los precios de la electricidad que se ha venido observando desde el segundo semestre del año 2021 ha puesto en entredicho algunos de los pilares regulatorios sobre los que actualmente se asienta la normativa del sector eléctrico".
Además, el documento también recoge otra consecuencia de esta situación: quienes se acogen al bono social no tenían la alternativa de abandonar el mercado regulado y pasarse al más estable mercado libre, que establece un precio para la electricidad que se paga durante la duración del contrato. Los consumidores en situación de vulnerabilidad tienen que tener uno de estos contratos como condición previa para acceder a los descuentos del bono social.
¿Cuándo entrará en vigor?
De momento, el Gobierno lanza a información pública su propuesta hasta el 7 de noviembre. Después, debería comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023.
¿Se podrán acoger empresas?
A partir del 1 de enero de 2024, únicamente si son microempresas. De hecho, es otro de los cambios que introducirá el Ejecutivo, ya que hasta ahora no había restricciones respecto al tamaño de las compañías que se podían acoger a la tarifa, si bien el límite de potencia, 10 kW, ya servía en cierto modo de listón. Será necesario acreditar en declaración responsable la consideración de microempresa en el caso de que una de ellas se quiera acoger al PVPC cuando venza su contrato actual. La CNMC se encargará de supervisar la acreditación
¿Por qué afecta el gas al precio de la luz?
Es el combustible que utilizan las centrales de ciclo combinado -también la cogeneración, pero ésta es más eficiente- para producir electricidad. Son, además, las que pueden responder de forma más rápida e incondicional a la demanda energética (también la hidroeléctrica, pero no tanto en situación de sequía). Mientras que la eólica y la fotovoltaica dependen de que haya viento o sol, estas centrales pueden quemar gas en cualquier momento en el que sea necesario. Si el país necesita electricidad y no corre aire o la nuclear no da abasto, entran los ciclos.
Por otro lado, el mercado mayorista funciona como una subasta inversa: la fuente más cara es la que fija el precio al que todas las tecnologías venden la 'luz'. Es decir, incluso las inframarginales, que tienen unos costes fijos mucho más bajos, terminan vendiendo la electricidad a un alto precio. Y, cuanto más energía hay que generar con gas, más caro resulta hacerlo.
En teoría, el sistema -que ha pasado de parecer inamovible a estar en el punto de mira de Bruselas- ayuda a fomentar el desarrollo de las renovables: una vez amortizada la inversión inicial, les cuesta mucho menos producir electricidad y la subasta garantiza que la venderán al precio de sus rivales en este mercado. También hace la demanda energética sea cubierta en primer lugar por las fuentes verdes.
El problema es que, con el gas disparado, el sistema está lejos de funcionar de forma óptima. Quienes lo utilizan para generar electricidad deben vender el megavatio hora al menos al precio al que han pagado el hidrocarburo y todas las demás fuentes van detrás. De ahí que el Gobierno haya tratado de reducir el impacto en la factura con otras medidas, como la excepción ibérica, que limita el precio al que se puede vender la electricidad generada con gas y después paga a las eléctricas la diferencia entre el precio que ofertaron y el que pagaron por el gas. Esta compensación sale de la factura de los consumidores, que pagan menos por ella de lo que pagarían si en su tarifa se aplicase el precio real de la luz.
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