La batalla entre PP y PSOE de cara al ciclo electoral intenso que se avecina en 2023 ya se está librando y, de momento, tiene rostro de fiscalidad. El curso político ha resurgido sin que pase un día en el que la oposición no pida bajar algunos impuestos, sin que algunas comunidades autónomas adopten medidas o sin que Moncloa responda con modificaciones impositivas de cara al futuro.
En esa dirección, las iniciativas del Partido Popular -tanto las propuestas por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como las adoptadas por las comunidades gobernadas por la formación- se le están atragantando a la rama socialista del Gobierno que, o bien muestra dificultad para reaccionar, o bien directamente asume propuestas del PP que antes el Ejecutivo había rechazado.
De las siete grandes modificaciones de impuestos que el Partido Popular de la era Feijóo ha pedido, tres ya han sido asumidas por el Gobierno o por comunidades autónomas socialistas y con otra, se han abierto ya a valorarla.
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El último toque de campana ha sido el del IRPF. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, puso sobre la mesa, con el aval de Feijóo, la deflactación de este impuesto. Lo hizo la semana pasada y desencadenó un gran debate fiscal en la política nacional.
Desde el Gobierno, se respondió atacando duramente al PP, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciando su propio paquete de medidas fiscales pero acusando a los populares de desmantelar el Estado de bienestar porque, a sus ojos, menor recaudación implica peores servicios públicos.
Pero este martes el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anunció que haría algo similar deflactando el IRPF a rentas hasta 60.000 euros. Lo hizo a espaldas de su propio partido y tumbó por completo el argumentario que había estado esgrimiendo Moncloa, y por tanto, el PSOE, hasta ahora. País Vasco anunció también la semana pasada una medida parecida.
Según adelantó EL ESPAÑOL, esta medida del socialista valenciano ha llevado al Ejecutivo a, finalmente, abrirse a la deflactación para el paquete de medidas fiscales de la ministra Montero.
El coste de deflactar
En todo debate fiscal, la clave está en el impacto en la recaudación de las medidas. En el caso de la deflactación del IRPF -que propuso sin éxito el PP en el Congreso para rentas inferiores a 40.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero-, se calcula que el coste rondaría entre 4.600 y 5.000 millones de euros, según cálculos facilitados a este periódico por el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.
La medida beneficiaría a casi tres de cada cuatro declarantes de manera progresiva.
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha anunciado que asumirá un coste fiscal de 334 millones de euros por deflactar sus tramos de IRPF, Andalucía de 130 millones de euros y Murcia de 8 millones. A estas comunidades autónomas gobernadas por el PP se sumó este martes la Comunidad Valenciana. En este caso, su medida de deflactar el IRPF a rentas de hasta 60.000 euros tendrá un coste en las arcas públicas autonómicas de 150 millones de euros.
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En términos agregados, son datos relativamente pequeños. Hay que tener en cuenta que el pasado año la recaudación por IRPF alcanzó los 94.596 millones de euros, tras aumentar un 7,5% gracias a la buena marcha del empleo y también al efecto que la inflación está teniendo en los tramos salariales. Así, asumir un coste de 5.000 millones sería lo equivalente a un 5% los ingresos por IRPF, con lo que la recaudación por los impuestos al trabajo seguiría gozando de buena salud.
Sin embargo, la deflactación no es la única medida del PP que el PSOE, o parte de él, ha acabado asumiendo. Hay más.
Gas, luz y compra
El pasado mes de agosto el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, deslizó en una entrevista que Feijóo propondría, durante el próximo cara a cara que celebrase contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara Alta que se rebajase el IVA del gas del 21% al 5%.
Este era un reclamo que los populares llevaban argumentando desde julio y al que incluso hicieron mención en el Debate sobre el estado de la nación. Sin embargo, el Ejecutivo lo rechazó en varias ocasiones. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dijo que el PP no tenía "credibilidad" porque fue durante la etapa de Mariano Rajoy cuando se subió el impuesto.
Bien. Sólo un día después de las palabras de Bolaños, el jueves 1 de septiembre, en otra entrevista Pedro Sánchez anunció que sí, que bajarían el IVA del gas al 5%.
Algo similar pasó antes, pero con el IVA de la luz. La reducción de este impuesto la pidió el PP y la respuesta gubernamental fue el rechazo. Sin embargo, Moncloa acabó claudicando: en junio de 2021 bajó el IVA del 21% al 10% y, en el mismo mes de 2022, anunció una nueva bajada al 5%.
Al margen de la deflactación, estos días Alberto Núñez Feijóo también está haciendo hincapié en que se rebaje el IVA de los productos básicos de la compra. Entre todos, habla de la carne, el pescado, las conservas, el aceite, la pasta seca y los alimentos sin gluten y sin lactosa. Pero también incluye en el pack los productos de higiene femenina, una reivindicación tradicionalmente asociada a la izquierda.
Esto aún no ha sucedido, pero sucederá. Resulta que la reducción del IVA de artículos de higiene femenina del 10% al 4% es uno de los puntos firmados por el PSOE y Unidas Podemos en los acuerdos de 2019 para la creación del actual Gobierno de coalición. Aunque hasta ahora no ha tenido lugar, la ministra de Hacienda se ha pronunciado al respecto asegurando que entrará en 2023, en el contexto de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
En términos económicos, la rebaja del IVA a los productos de alimentación que ha propuesto esta semana Feijóo tendría un coste de 980 millones de euros, según los cálculos facilitados a este diario por el principal partido de la oposición.
Es una cifra que se sumaría a los entre 190 y 200 millones de euros que ha tenido de coste fiscal para Hacienda la bajada del IVA del gas al 5% hasta que acabe diciembre. Se trata de una medida que el PP propone prolongar en 2023. Mientras, bajar el IVA de la luz al 5%, estaría teniendo un coste trimestral de entre 430 y 460 millones de euros.
Euforia en el PP
A pesar de que el PSOE ha claudicado en muchas de sus posturas tras rechazarlas inicialmente, hay algunas propuestas del PP que todavía siguen sin aceptar. Se trata de la rebaja del precio de la gasolina -donde el Ejecutivo sigue manteniendo el descuento de 20 céntimos-, la rebaja del IRPF a los autónomos y la rebaja del Impuesto de Patrimonio, medida a la que se han sumado últimamente Andalucía, Galicia y Murcia.
Pero que rechacen estas medidas ahora, como se ha visto, no implica necesariamente que en el futuro no puedan ser asumidas. Hay que ver qué paquete de medidas presenta finalmente el Ejecutivo, un anuncio que se hará este jueves.
Desde el PP reconocen que esta situación les produce auténtica euforia, porque ven como el PSOE está reculando y son ellos, los conservadores, los que marcan el ritmo. "IVA, ayudas directas, deflactación… Estamos obligando al Gobierno a que tenga que recorrer el camino fiscal que marcamos en el mes de abril", aseguran fuentes de Génova. "Hay una disidencia fiscal y Moncloa le está dando la razón al PP", añaden.
Con casos como el de Ximo Puig este martes, aseguran que "no se está respetando la disciplina al presidente del Gobierno" y que "a Sánchez le han hecho un Page fiscal". "El jueves, en la propuesta fiscal, meterán el impuesto a las grandes fortunas como medida ideológica. Pero tendrán que deflactar el IRPF para las rentas medias y bajas, tal y como han hecho los barones del PP", añaden.