Pedro Castillo ha decidido disolver el Congreso peruano cuando sólo faltaban tres horas para que comenzara en el Parlamento el debate sobre su posible destitución, en una maniobra que evoca al autogolpe de Estado ejecutado por el dictador Alberto Fujimori en 1992. Minutos antes se había hecho pública la dimisión del comandante general del Ejército, Walter Córdoba Alemán, tras las presiones sufridas por el nuevo ministro de Defensa. El comandante ha aducido "movidos personales".
El primer mandatario ha aprovechado un mensaje a la nación para anunciar su decisión, que incluye un gobierno de excepción y la suspensión de derechos. "En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia", subrayó el presidente.
Las primeras medidas son "disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional", además de convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. El mandatario ha anunciado que gobernará a través de decretos.
La imposición de una nueva Constitución fue una de las promesas de la campaña del partido marxista Perú Libre (PL), que acogió como su abanderado al polémico maestro de Cajamarca. Al frente de PL permanece Vladimir Cerrón, principal aliado de las dictaduras revolucionarias en Perú.
El autogolpe de Castillo se produce también en medio de un rosario de escándalos de corrupción, que le señalan a él mismo, a su familia y a sus colaboradores, en definitiva a su círculo más íntimo. Sabedor de sus escasos apoyos, el maestro de Cajamarca llamó a asociaciones, rondas campesinas y sectores sociales a respaldar su decisión.
"Terminará como todos los dictadores"
La decisión de Castillo provocó una oleada de rechazo como pocas veces en el país andino. El primero en salir del gabinete fue el canciller, César Landa, quien comunicó en sus redes sociales que "en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso, violando la Constitución".
Tras Landa fue el ministro de Justicia, Félix Chero, hasta hoy mismo recalcitrante defensor de Castillo, quien decidió dimitir de forma irrevocable ante "el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional". Chero había anunciado previamente que su jefe en el gobierno estaba dispuesto a no cumplir en el caso de destitución.
"Castillo es un dictador, es una vergüenza para el país de alcance internacional. Terminará como todos los dictadores", disparó el expresidente izquierdista Ollanta Humala.
Minuto a minuto se sucedieron renuncias y declaraciones que constaban la soledad de un presidente sin apoyos. Hasta Cerrón, su principal apoyo, reconoció que se había precipitado "porque no había votos para la vacancia". Así era: quienes presentaron el tercer impeachment criollo contra el abanderado de PL sabían que para los 87 apoyos en el Congreso necesitaban no sólo el pleno apoyo de todos los grupos parlamentarios opositores (algunos ya se habían deslindado) sino la "traición" de algunos de sus partidarios del PL, del Bloque Magisterial y del resto de la izquierda.
Para defenderse de cualquier acción de fuerza, el Congreso decidió cerrar sus puertas y parapetarse en su interior. Mientras la Procuraduría General de la República anunció que interpondrá una denuncia penal de inmediato.
"Castillo ha dejado en ridículo al Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA)", protestó Ferrero Costa, embajador peruano en la organización americana, quien también dimitió a los pocos minutos del anuncio presidencial. Los excancilleres regionales que conformaban la misión enviada por Luis Almagro habían apostado por una "tregua política" de 100 días, alejada de la realidad política del país andino.
Junto a Castillo permanecían su nueva premier, Betsy Chávez, y su hombre de confianza, el ex primer ministro Aníbal Torres, el Rasputín de su gobierno.
Un presidente sin apoyos
Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, compareció ante el país para confirmar que Castillo no cuenta con apoyos. "Condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal. Demandamos a las instituciones correspondientes que se mantengan firmes y a la sociedad que se mantenga vigilante", afirmó la jueza cuando ya comenzaban a realizarse las primeras manifestaciones espontáneas contra Castillo en distintos puntos del país. Distintas fuentes militares y policiales adelantaban que el grueso de sus fuerzas estaban dispuestas a no cumplir las órdenes del presidente.
"El señor Castillo ya no es presidente del Perú, no creo que nadie en su sano juicio pueda mantener esa postura", concluyó Francisco Morales, presidente del Tribunal Supremo tras ordenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía que garanticen el orden constitucional. "La vicepresidenta (Dina Boluarte) debe asumir el poder", añadió el juez, quien también aseguró que nadie debería obedecer al "gobierno usurpador".
Boluarte, que todo indica será pronto la nueva presidenta del país, reaccionó al instante a través de sus redes sociales: "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley".
En un comunicado conjunto firmado por el Comando de las Fuerzas Armadas y de la Policía dejaron claro que no apoyan la locura de Castillo. "Somos respetuosas del orden constitucional establecido. Cualquier acto contrario al orden constitucional genera el no acatamiento".
"Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador", abrió la sesión parlamentaria su presidente, José Williams. Eeunido de emergencia antes de la hora prevista, el Congreso votó de forma casi unánime en contra de su disolución, incluyendo pequeñas sentencias personales. "¡Porque el pueblo peruano siga en democracia!", "¡Por la libertad y la Constitución!", "Por la democracia en nuestro país", incluso con llamados a la Asamblea Constituyente pero "en democracia", de un antiguo aliado. El resultado sobrepasó los 87 votos necesarios para la destitución: 101 a favor, 6 en contra y 10 abstenciones.
Pedro Castillo y su familia abandonó el palacio presidencial por la puerta de atrás, cargando varias bolsas y en compañía de Aníbal Torres. Castillo, tras abandonar Palacio, se dirigió hacia la Prefectura para exigir garantías. La Policía tomó posiciones y rodeó el edificio mientras un equipo de la Fiscalía Anticorrupción ingresó en la misma sede. La orden de detención, según la prensa local, ya está dictada.
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