Sigue el cruce de reproches entre Junts y el Señor Q. Su abogado, David Rocamora, ha asegurado que las acusaciones del partido a Quim Amorós por presunto acoso sexual forman parte de una “cortina de humo” para tapar el escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrada su presidenta, Laura Borràs, a quien se la investiga por el presunto fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En declaraciones a Crónica Global, el letrado ha acusado a la formación neoconvergente de “utilizar a una persona digna y honorable” como su cliente para “distraer la atención”.
Estas afirmaciones llegan días después de que la ejecutiva de Junts decidiese llevar el presunto acoso a menores ante la fiscalía. Una decisión que Rocamora ha tildado de “ridícula”. “Me congratula que toda la pasividad que han demostrado en el procedimiento de Borràs hayan decidido enmendarla utilizando a mi cliente de chivo expiatorio”, ha agregado.
Amorós “no es un delincuente”
Además, sostiene que Quim Amorós no ha cometido ningún delito, pese a los mensajes que el exconcejal de Tarragona se intercambiaba con miembros de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña (JNC) --varios de ellos, menores de edad--, y entre los que destacan algunos subidos de tono. En este sentido, el letrado argumenta que los comentarios pueden considerarse “de mal gusto o inapropiados”, pero no son constitutivos de ningún delito.
Pantallazo de una de las conversaciones aportadas por una de las presuntas víctimas de Amorós / CEDIDA
“Están haciendo quedar a este hombre como un delincuente y no lo es. Tiene una familia a la que están fastidiando mucho. No solo se equivocan y lo hacen a sabiendas y con ánimo de causar perjuicio, sino que instrumentalizan a mi cliente para sus cuitas internas. Y esto va a tener una respuesta legal sí o sí”, ha dicho Rocamora, que ha anunciado acciones legales contra los responsables de la formación.
Tomarán acciones legales
Unas acciones que tomará “cuando llegue el momento”, pues considera que, antes, debe resolverlo la fiscalía. “Cuando se hayan depurado las responsabilidades, procederemos a emprender las pertinentes acciones”, asegura, tras insistir en que Amorós ha sido víctima de “falsedades”. “Cuanto antes se restablezca su honorabilidad, mejor”, ha agregado.
Y no duda en apuntar a los responsables de la formación: “Hay un partido político que ha tomado unas decisiones, así que le pediremos al juez saber quién ha difundido informaciones falsas, sobre perfiles oficiales la responsabilidad penal es de personas individuales”. A la espera de que la fiscalía se pronuncie, Rocamora insiste en que Amorós no ha cometido ningún delito, por lo que está a plena disposición de colaborar en caso de que se lo requieran.
Los jóvenes “han sido instrumentalizados”
Al ser preguntado por si también tomarán acciones legales contra las víctimas, el letrado asegura que “no se puede hablar de eventuales víctimas” si su cliente “no ha cometido ningún ilícito penal”. Aunque no aclara si se querellarán en su contra, argumenta que “está claro” que los jóvenes que acusan a Quim Amorós “han sido instrumentalizados por Junts”.
Jordi Turull (i), Laura Borràs (c) y Josep Rius (d) en la reunión de la nueva ejecutiva de Junts per Catalunya
“Cuando se individualicen los comportamientos en personas concretas, tendrán que responder ante la justicia de sus actos”, subraya Rocamora. El letrado sostiene que, independientemente del cometido de los presuntos afectados, “quien se ha dedicado a filtrar información y a machacar la honorabilidad” de su cliente es Junts: “¿Quién? Eso se decidirá en un procedimiento judicial”. Además, afea a la formación que no avisara a las partes de la decisión de llevar el asunto ante la fiscalía. “Si esa era la voluntad inicial podrían haberse ahorrado la pantomima de hacerle creer a mi cliente que tendría un procedimiento justo y no una merendola que se iba a interpretar en el seno de los órganos competentes de Junts con el único propósito de escenificar un aquelarre o un sacrificio que pretenden de una persona absolutamente honorable y digna”.
¿Qué dice el Código Penal?
El abogado insiste en que los hechos que se le atribuyen, según la investigación interna efectuada por Junts, carecen de relevancia penal y “no suponen una infracción de ninguna de las normas” recogidas en el Código Penal. El delito de acoso, explica, exige una serie de condiciones que, según él, en este caso no se cumplen. “Se puede considerar como un comentario de mal gusto, inadecuado, impropio o maleducado, pero no como un ilícito penal”, subraya.
En la misma línea, otro abogado penalista consultado por este medio y con una dilatada experiencia en casos relacionados con menores, sostiene que “para que sea acoso hay que demostrar que los mensajes han alterado el quehacer habitual de la víctima, muy difícil de probar en un juicio”.
Los jóvenes se enteran por la televisión
El hecho de que el partido llevase a Amorós a la fiscalía fue una sorpresa para las presuntas víctimas, que denuncian haberse enterado por la televisión sobre los avances de un caso en el que llevan meses esperando. Si bien celebran que haya llegado a los tribunales, afean a Junts que no se lo hayan comunicado oficialmente. “No me han dicho absolutamente nada, he enviado un e-mail, pero no me han respondido”, denuncia Nil García, el joven que sacó a la luz los primeros mensajes que se intercambiaba con el Señor Q.
Testimonio de Nil García, exmilitante de JNC, sobre un presunto caso de ciberacoso / TWITTER
En este sentido, el exmiembro de la JNC asegura que se alegró, pero a la vez le indignó que no le dijeran nada “antes de que se hiciera público”. “Hubiese estado bien, ¿no?”, se pregunta.
Sea como sea, las presuntas víctimas, muchos de ellos menores de edad, celebran que el caso haya terminado en manos de la fiscalía, que se desconoce cuándo se pronunciará al respecto. Mientras tanto, Junts ha suspendido a Quim Amorós de militancia y lo ha apartado de todas las actividades.