La investigación de la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska ha entrado en punto muerto. Israel no responde a la comisión rogatoria que el magistrado José Luis Calama envió hace más de siete meses y, de esta manera, bloquea tanto sus preguntas como la posibilidad de que un equipo español se desplace al país para tomar declaración al CEO de la empresa propietaria del programa, NSO Group.
La investigación de la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska ha entrado en punto muerto. Israel no responde a la comisión rogatoria que el magistrado José Luis Calama envió hace más de siete meses y, de esta manera, bloquea tanto sus preguntas como la posibilidad de que un equipo español se desplace al país para tomar declaración al CEO de la empresa propietaria del programa, NSO Group.
La importancia de Israel para la investigación se refleja en tres fechas distintas: el 10 de mayo, cuando el magistrado envió la comisión rogatoria para aclarar "aspectos esenciales" sobre Pegasus y NSO Group; el 7 de junio, cuando amplió la misma y pidió autorización a Israel para "el desplazamiento de la comisión judicial"; y el 7 de septiembre, cuando libró una nueva comunicación "con objeto de interesar respuesta". Pese a la insistencia, Israel sigue sin responder a ninguno de estos escritos.
La falta de colaboración por parte de las autoridades de este país coincide con lo ocurrido en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que abrió una investigación por otro presunto espionaje con Pegasus al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y al concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall. El pasado mayo, año y medio después de solicitar información a Israel, el titular de este juzgado acordó el sobreseimiento provisional al no obtener respuesta.
También en Cataluña, el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona abrió en julio una investigación a raíz de la querella interpuesta por Andreu Van den Eynde, el que fuera abogado del líder de ERC Oriol Junqueras, durante el juicio del procés. Como presunta víctima de espionaje con Pegasus, el abogado dirigió su escrito contra NSO Group, pero añadía a su vez una segunda empresa: OSY Technologies, la firma con sede en Luxemburgo que es propietaria de la primera sociedad.
De esta manera, Van den Eynde trataba de abrir una vía que permitiría esquivar el silencio de Israel para ir directamente a Luxemburgo, una estrategia que también han seguido las defensas de otros de los presuntos espiados del entorno independentista. La Audiencia Nacional, sin embargo, no se plantea enviar una comisión rogatoria a dicho país. Según explican fuentes jurídicas, OSY Technologies no sería más que la última pieza del entramado empresarial, por lo que consideran que en ningún caso permitiría aclarar los puntos clave respecto al presunto espionaje a los miembros del Gobierno.
Mientras Israel no responda al magistrado, el envío de comisiones rogatorias a cualquier otro país queda, por tanto, descartado. Desde la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional el pasado mayo, las sospechas respecto a los autores del presunto espionaje al Gobierno se han centrado en Marruecos, pero las mismas fuentes apuntan a que, sin la colaboración de Israel y con la investigación ya agotada en territorio español, en estos momentos no hay forma de seguir avanzando.
Entre los indicios que sitúan a Marruecos tras el presunto espionaje, destaca el hecho de que la infección de los móviles del Gobierno se llevara a cabo en plena crisis con el país vecino. En el caso de Pedro Sánchez, se produjo el 19 y el 31 de mayo de 2021, 24 horas después de que el presidente visitara Ceuta durante la mayor oleada migratoria provocada por Marruecos, cuando alrededor de 8.000 inmigrantes cruzaron la frontera de manera ilegal y España centraba sus esfuerzos en devolverlos al país vecino. Tan solo un mes después, en junio de 2021, el Centro Criptológico Nacional sitúa a su vez la infección del móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Pese a ello, el Gobierno ha evitado formular queja alguna ante las autoridades de Marruecos o de Israel. Como ya informó El Confidencial el pasado mayo, el Ministerio de Defensa de Israel debe autorizar cada exportación de NSO Group, pero el Ejecutivo ha optado por no protestar ante ninguno de ellos.
Siete meses después de la apertura de la investigación en la Audiencia Nacional, el caso Pegasus se encuentra así ante un callejón sin salida. Este escenario confirma la predicción del abogado y activista Eitay Mack, quien representa en Israel a dos periodistas húngaros espiados con Pegasus y que, el pasado junio, se mostró tajante en conversación con este diario: la comisión rogatoria "no prosperará" porque "a nadie le interesa que lo haga". Según advertía entonces, la única manera de saber quién pudo espiar a Sánchez y sus ministros y de pedir explicaciones es "a través de la colaboración del Gobierno israelí", pero no hay ni un solo precedente al respecto.