El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), el liberal belga Didier Reynderes, llegará este miércoles a Madrid para elevar la presión sobre el Gobierno y el Partido Popular (PP) e intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante un viaje de tres días que incluirá contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con asociaciones de jueces e instituciones judiciales.
Así, la agenda que le tendrá en Madrid hasta el viernes 30 incluye encuentros con cinco miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluidos la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, según han informado a Europa Press distintas fuentes oficiales.
Se reunirá también con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todos estos encuentros tendrán lugar el viernes. Ese mismo día, por la mañana, protagonizará un desayuno informativo.
El jueves por la mañana se verá con dos de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), para abordar la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ, que permanece en funciones desde diciembre de 2018.
Por la tarde, intervendrá en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea y hablará con los principales grupos de la oposición parlamentaria, incluidos PP y Ciudadanos.
Con Inés Arrimadas y Edmundo Bal (presidenta y vicesecretario general del partido 'naranja') se verá a las 15.00 horas en el Congreso, mientras que, en el caso del PP, el comisario se reunirá con el vicesecretario de Institucional de ese partido, el eurodiputado Esteban González Pons, quien le expondrá de nuevo la propuesta judicial que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa y que busca, según los 'populares', "avanzar" en una mayor profesionalización e independencia de la Justicia.
Aunque en 'Génova' no tienen constancia de que el comisario europeo de Justicia haya solicitado un encuentro a tres (Gobierno-PP-Comisión Europea), fuentes del PP han señalado a Europa Press que ellos no ponen reparos. "Si lo pide, ahí estaremos", añaden.
El viaje de Reynders se produce apenas dos semanas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourová, que ya estuvo en Madrid en junio, respaldara en una carta a Lesmes y avisara de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" -como el órgano de gobierno de los jueces- "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".
La renovación del CGPJ es una "prioridad" desde hace años para Bruselas, que también considera urgente que "inmediatamente después" se reforme el sistema de designación de los vocales del órgano, de modo que sean elegidos en su mayoría por los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Así figura cada año en el informe en el que el Ejecutivo comunitario evalúa la salud democrática en la Unión Europea y así lo han dicho -en público y en sus contactos directos con el Gobierno, oposición y asociaciones de jueces- tanto el propio Reynders como Jourová.
Pese a las reiteradas llamadas al diálogo desde Bruselas, la falta de avances ha llevado a los servicios comunitarios a notificar su preocupación en una "recomendación" específica dentro del informe anual sobre España.
Ello permitirá evaluar el próximo verano si se han dado pasos suficientes antes de decidir si son necesarios "otros instrumentos" para favorecer las mejoras, según dijo Reynders hace días, cuando también dejó claro que a la luz del 'impasse' intentará mediar entre las fuerzas políticas durante su visita a España.
La UE se implica
"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", aseguró el pasado martes en declaraciones a varios medios, entre ellos Europa Press, en los márgenes de una reunión a 27 sobre el Estado de derecho en la UE.
"Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas", explicó el comisario, para quien es tan urgente que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos como que se aborde "muy rápidamente" la reforma del sistema.
En cualquier caso, en sus llamadas de atención, Reynders trata de remarcar que la situación en España "no es en absoluto" comparable a la situación de otros Estados miembro en los que, como ha ocurrido con Polonia, Bruselas ha iniciado procedimientos más severos tras constatar una "regresión" en su sistema democrático.
Descartan sanciones
Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press remarcan que a ojos del Ejecutivo comunitario no hay base jurídica para actuar contra España porque no existe una regresión sobre la legislación existente, como sí sucede con las reformas de Budapest y Varsovia para interferir en el sistema judicial.
Tampoco contemplan que la situación afecte al desembolso de fondos de recuperación de la Unión Europea para España en tanto que los hitos y condicionalidad está ya negociada.
Preguntado días antes de su viaje por las consecuencias para España si persiste el bloqueo, Reynders descartó también la perspectiva de procesos sancionadores como el del artículo 7, que se activó contra Hungría y Polonia por riesgos sistémicos en el Estado de derecho. Sólo en caso de que la situación "durante años no mejorara", dijo el comisario, el Ejecutivo comunitario "tendría que pensar en otros instrumentos" para presionar a España.
Además de esta cuestión, el comisario quiere abordar con las autoridades el uso del software de espionaje 'Pegasus', programa supuestamente utilizado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuya utilización en distintos Estados miembro se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento Europeo.