El Congreso ha convalidado este jueves el decreto que reconoce la prestación por desempleo a las empleadas del hogar, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, con los votos a favor de todos los grupos de la Cámara, a excepción de Vox que ha decidido abstenerse. Sin embargo, el texto, que en todo caso entrará en vigor este sábado 1 de octubre, será tramitado como proposición de ley en la Cámara, tras la petición de ERC y Bildu, que han denunciado carencias en el mismo. Esta propuesta ha sido apoyada por unanimidad.
El Congreso ha convalidado este jueves el decreto que reconoce la prestación por desempleo a las empleadas del hogar, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, con los votos a favor de todos los grupos de la Cámara, a excepción de Vox que ha decidido abstenerse. Sin embargo, el texto, que en todo caso entrará en vigor este sábado 1 de octubre, será tramitado como proposición de ley en la Cámara, tras la petición de ERC y Bildu, que han denunciado carencias en el mismo. Esta propuesta ha sido apoyada por unanimidad.
La iniciativa ha sido defendida en el Pleno por la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha lamentado que una "democracia consolidada" como España haya "convivido durante décadas con un ordenamiento laboral que permitía de forma inconcebible la existencia de trabajadoras de segunda privadas de sus derechos por ser las vulnerables entre las vulnerables".
En su intervención, ha destacado que este texto "de reparación" concede a las trabajadoras del hogar las "mismas coberturas prestacionales y los mismos sistemas de cotización que el resto de personas trabajadoras", incluyendo el reconocimiento "al fin" de la prestación por desempleo. Este decreto aplica también la "disminución equilibrada de cotización en proporción a la renta de las unidades familiares", según ha explicado Díaz, que contempla "las diversas situaciones y características de las personas empleadoras y desempleadas"; así como la "desaparición de las especialidades de encuadramiento para las empleadas del hogar que trabajaban menos 60 horas semanales" y que, según la vicepresidenta, "suponía una vía al fraude".
Del mismo modo, se ha referido a la eliminación de la figura del desestimiento o despido libre que, según ha señalado, no permitirá "deshacerse sin motivo" de la empleada y se incluyen nuevas causas de despido justificado teniendo en cuenta las particularidades del empleo, como el cambio de circunstancias esenciales en la unidad familiar o la pérdida de confianza, aunque esta debe estar "argumentada desde la razonabilidad y la proporcionalidad".
Aunque la mayoría de los grupos han celebrado la llegada de este texto, la norma ha recibido también críticas. De hecho, Bildu y ERC solicitaron la tramitación del decreto como proposición de ley. Los vascos, a través de su portavoz de Igualdad en el Congreso, Bel Pozueta, han explicado que falta regular la situación de las internas, o cambios en cuanto a las exigencias de cotización de estas empleadas; mientras que los catalanes han reprochado al Ejecutivo que "no se atrevan a tocar la legislación de extranjería". Tal y como ha explicado la representante de ERC en este debate, María Carvalho, sin hacer cambios en la Ley de Extranjería, esta equiparación queda "incompleta" y "es imposible".
"Asuntos por resolver"
También el PNV se ha referido a la situación de las internas y de las trabajadoras migrantes como uno de los "asuntos por resolver" en este texto. Además, su portavoz en esta materia, Iñigo Barandiaran, ha denunciado también la situación de estas trabajadoras en cuanto al desempleo en el plazo de este primer año, el cual, según ha indicado, "no van a poder percibir hasta que transcurra un tiempo suficiente para poder obtenerlo". De forma similar se ha expresado la representante de CUP, Mireia Vehí, quien ha añadido a estas preocupaciones la necesidad de invertir en recursos y en inspección laboral, para que las medidas se cumplan.
PP y Vox también han sido críticos con la iniciativa del Gobierno, aunque en su caso por lo que consideran un ataque a las familias numerosas, por la eliminación de la bonificación que estas reciben por contratación de empleadas del hogar. La diputada del PP, Alicia García, ha recordado a Díaz que a estas trabajadoras "no les paga una empresa, sino una familia" y que, a su juicio, "corresponde al Gobierno ayudarlas con las cotizaciones sociales". En concreto, ha denunciado que, a partir del 1 de octubre, se les exigirá a estos hogares "un sobre esfuerzo de 300 euros". "No parece el mejor momento para penalizar a las familias y menos a las numerosas", ha declarado García, que se ha referido a las dificultades económicas que viven en la actualidad.
Vox cree que "quiere acabar con la familia tradicional"
Para Vox, esta medida es consecuencia de que el Gobierno "quiere acabar con la familia tradicional", "detesta a las familias y especialmente si son numerosas" y de la creencia de que "los hogares que contratan ayuda en casa son ricos". La diputada María de la Cabeza Ruíz, ha criticado, además, que al Ejecutivo se le "llene la boca" hablando de derechos de las mujeres cuando, a su juicio, con medidas como esta "ni defienden a las madres trabajadoras, ni a las trabajadoras del hogar, ni a las inmigrantes".
Sí ha celebrado la llegada de este decreto al Congreso la portavoz de Unidas Podemos, Aina Vidal, aunque ha reconocido que España ha tardado mucho en reconocer estos derechos y se ha preguntado si detrás de esta falta de interés no habrá "machismo, racismo y clasismo". De "parsimonia", ha hablado también el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, aunque ha destacado también la gran acogida que la ciudadanía ha tenido con esta medida.
Mientras, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha mostrado su preocupación por las cerca de 175.000 empleadas del hogar que actualmente se calcula que "siguen cobrando en B" y ha llamado a seguir avanzando en la legislación de este sector. Finalmente, tanto el representante de Más País, como el de PDeCAT, Iñigo Errejón y Genís Boadella, respectivamente, han puesto en valor en sus intervenciones la lucha que han mantenido durante años las propias trabajadoras del hogar para que se les escuchara y se aprobara este reconocimiento a la prestación por desempleo.